El Ministerio de Infraestructura y Transporte le hizo caso -por ahora- al Enress y no a Aguas Santafesinas SA (Assa), acerca del aumento de la tarifa sanitaria y de agua potable. Este viernes dio a conocer una resolución por la que autoriza a la empresa provincial a incrementar su tarifa en un 18 por ciento para el tercer bimestre y por todo el 2018. Sin embargo, la disposición oficial deja abierta la posibilidad de un eventual aumento en los bimestres siguientes, según la evolución de la economía. Hasta aquí, el aumento concedido es de un porcentaje similar al aumento ofrecido -y aplicado por decreto- por el Ejecutivo al gremio de empleados estatales y docentes. 

Si bien la pretensión de Assa era aumentar su tarifa en dos veces -un 25% en mayo y otro 25% en julio- para lo que había pedido autorización al Gobierno provincial, este incremento fue rechazado por diversos actores durante las tres audiencias públicas convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) que se realizaron en Rosario, en Santa Fe y en Casilda.

Una de las voces disidentes en esas jornadas que se dieron durante los primeros días de febrero fue la del diputado Rubén Giustiniani, que expresó un "fuerte rechazo" al pedido de reajuste tarifario al afirmar que se estaban “duplicando las estimaciones de inflación, e incrementos salariales y haberes de jubilados y pensionados”.

Luego, a mediados de febrero, el diputado junto a sus pares Silvia Augsburger y Carlos Del Frade presentaron en la Legislatura provincial un proyecto que hacía explícito que "el aumento de la tarifa del servicio de agua potable no esté por encima del porcentaje que se le otorgue a los trabajadores y jubilados". 

Finalmente fue este el criterio que primó y el aumento será del 18 por ciento, en consonancia con el ofrecimiento que el gobierno provincial está haciendo a los distintos gremios. Sin embargo en la resolución deja expreso que este porcentaje será "sin perjuicio de la eventual consideración de incrementos para los bimestres subsiguientes".

La empresa había argumentado su pretensión de aumento del 50% anual en función de su déficit progresivo, la suba de su estructura de costos y la necesidad de mantenimiento y ampliación de sus redes, y de avanzar en la instalación de medidores domiciliarios. El ministerio que dirige José Garibay, no obstante, no accedió a autorizar el primer escalón de aumento al 25%, sino que rebajó esa licencia al 18%. Pero se reserva la posibilidad de autorizar luego otros aumentos en niveles a definir: "Con la antelación necesaria -dice la resolución ministerial-, esta cartera, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Servicio, evaluará, de así considerarlo, la escala de incrementos aplicable a los bimestres subsiguientes en un todo de acuerdo al déficit económico acreditado en este proceso según los criterios y fundamentos de las partes intervinientes que dieran origen al presente decisorio", concluye.