El 2018 terminó de sincerar la matriz económica del modelo de Cambiemos. Los asalariados que conservaron sus puestos de trabajo se empobrecieron por el altísimo incremento del costo de vida. El sector industrial, en casi todos sus rubros, perdió por la caída del consumo y por tasas impagables para poder financiarse. Los balances fueron los peores en décadas.

Como si fuera poco, sobre las espaldas de trabajadores y empresarios recayó más carga impositiva. El impuesto a las ganancias ya alcanza a la mayoría de los asalariados que están en relación de dependencia. Ni los ahorros bancarios de la clase media, ni la exportación de servicios de muchas pymes --rubros que históricamente estuvieron exentos de impuestos-- se salvaron de los desesperados manotazos del poder Ejecutivo.

En 2018, de cada 100 pesos de recaudación tributaria, 13,50 fueron al pago de los intereses. Es el doble de lo que se pagaba hace siete años.

Pero como en la vida misma, cuando hay perdedores, hay ganadores. Los beneficiarios del modelo se cuentan con los dedos de una mano: grandes terratenientes, cerealeras, bancos, empresas mineras y compañías eléctricas.

El segundo sector, el las exportadores de cereales, resume los privilegios que tienen un puñado de firmas hoy en Argentina. En especial en Santa Fe, terreno donde están emplazadas la mayoría de estas empresas. En 2018 volvieron a facturar miles de millones de dólares. Con un agravante: las rentabilidades se duplicaron en pesos por una devaluación de más del 100%.

El aumento de las retenciones fue el único retoque impositivo que sufrieron las cerealeras en 2018. El gobierno le impuso a toda la cadena agroindustrial un tope de cuatro pesos por dólar exportado, un esquema vigente hasta 2010 que se irá licuando si la moneda estadounidense sigue pegando saltos en su cotización.

En Santa Fe, la posibilidad de subir el porcentaje de ingresos brutos quedó trunca. El proyecto podría reflotarse recién en abril con el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura. Sin embargo, todavía no hay consenso en el Senado para desempolvar el expediente.

Los nuevos números  

En 2018, las exportadoras de granos liquidaron en el país 20.219 millones de dólares. El monto es un 5,83% menor respecto de los 21.399 millones que habían ingresado en 2017, pero mucho más rendidor en moneda nacional.

Hace dos años, este grupo de firmas facturó casi 450.000 millones de pesos (dólar a 20). El año pasado, lo recaudado rozó los 750.000 millones de pesos (dólar promedio de 35). El dato no es menor si se tienen en cuenta que todos los gastos operativos y de funcionamiento son en pesos.   

De los puertos de Santa Fe salieron granos por un valor aproximado de 15.000 millones de dólares. El polo agroexportador local representa el 75% del mercado nacional.

Las cifras fueron difundidas por la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas.

Según el último ranking de la revista Prensa Económica, siete de las diez empresas exportadoras con mejores números están radicadas en suelo santafesino.

El escenario en 2019 será mucho mejor según las primeras estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Solo el complejo sojero facturará 18.000 millones de dólares, 3.000 más que en 2018.  

Ingresos Brutos: solo 0,25%

Las 18 agroexportadoras con puertos situados en el Gran Rosario pagaron en 2018 un 0,25% de su facturación en materia de ingresos brutos. En octubre, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto para elevar esta cifra al 1% (como pagan en otras provincias) y subir el impuesto inmobiliario en un 300%.

Se pensó transferir esa nueva recaudación al sistema de transporte para compensar la quita de subsidios por parte del gobierno nacional. La iniciativa, sin embargo, quedó trabada en el Senado.

Sin esas partidas, el costo del aumento recayó casi por completo en la espalda de los usuarios. La otra mejilla la puso el Estado provincial con fondos que tuvo que sacar de otras áreas. En Rosario, por ejemplo, el boleto pasó de 18,38 pesos a 23,17. El incremento fue del 100% a lo largo del año.

Con viento a favor, la discusión de este proyecto podría reflotarse recién en abril cuando inicie el ciclo legislativo de 2019. El expediente no entró en el paquete de medidas que el gobernador Miguel Lifschitz remitió para que sea tratado en las sesiones extraordinarias de febrero y marzo.

La Cámara de Senadores tiene 19 representantes, uno por cada departamento. Hay once legisladores del Partido Justicialista y ocho del Frente Progresista, entre socialistas y radicales.  Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) es el único de este interbloque que mutó en el último tiempo para el sector de Cambiemos, sin representación pura en el recinto.