Los números son claros y contundentes. El año pasado, al cerrar su balance contable, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) proyectó para 2016 una erogación de 1.000 millones de pesos a Cammesa, la compañía que administra el mercado mayoritario en el país. Sin embargo, ante la caída de los subsidios y con la puesta en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el Estado provincial deberá desembolsar ahora 4.800 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo previsto.

“La diferencia es de 3.800 millones y estamos obligados a transferirla a la tarifa”, sentenció Raúl Stival, presidente del directorio de la EPE, en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, en una reunión en la que los legisladores indagaron sobre el impacto que tendrá en los bolsillos de los usuarios la quita de subsidios aplicado por el gobierno nacional.

La gran preocupación radica en cómo atenuar el impacto que tendrá en pequeñas y medianas empresas, en el comercio y en los clientes residenciales el aumento que rige desde el 1º de febrero y que se suma a otro puesto en vigencia el 1º de diciembre último. Los diputados presentes en el cónclave preguntaron por “caminos alternativos” para no recaer sólo en las espaldas de los usuarios.

Desde la EPE señalaron que el aumento es “inevitable” y que la empresa no tiene hoy liquidez atesorada para afrontar con autonomía el nuevo cuadro tarifario, que estipula un incremento de 671 pesos en los megawats/hora para los grandes usuarios y de 260 pesos en el caso de los residenciales. “Nuestro colchón está en cables, en transformadores, en repuestos”, explicaron.

En medio del debate, algunos diputados pidieron establecer un marco regulatorio que obligue a audiencias públicas antes de realizar subas en las tarifas y someterlos a órganos de control, al tiempo que exigieron a la EPE que dé marcha atrás con el último aumento tarifario.

Pero Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) fue más allá. Propuso una alternativa para que los más “débiles”, léase los usuarios, no sigan pagando los “platos rotos” en este nuevo escenario económico. Detalló que el monto en disputa (3.800 millones de pesos) es la cifra exacta de las exenciones impositivas que tiene el presupuesto de este año.

“Hay empresas exportadoras que no pagan ingresos brutos desde 1991 y que facturan miles de pesos por minuto. De ahí se puede sacar la plata”, sugirió. “Si la plata viene de ahí, nosotros no tenemos ningún problema”, respondieron desde la EPE.

El periodista propone modificaciones en el Código Fiscal (Ley Nº 3456) y a la Ley Impositiva Anual (Ley Nº 3650) de la provincia, con el objetivo de gravar con el impuesto a Ingresos Brutos a las cerealeras exportadoras ubicadas en el sur provincial, debido a que, desde hace 25 años, a partir de distintos pactos fiscales, 12 empresas asentadas sobre la ribera del río Paraná se encuentran exentas del pago del tributo. En los últimos años, estas firmas facturaron más  de 250.000 millones de pesos.

Rosarioplus.com entrevistó a Del Frade para conocer su proyecto en detalle.

¿Es viable tu propuesta?

Claro que es viable. La EPE dice que tiene que absorber 3.800 millones de pesos. Ahí se me prendió la lamparita. Es exactamente el monto de las exenciones impositivas que tiene el presupuesto de la provincia que votaron en su día las fuerzas mayoritarias. Lo que planteo es destinar esas exenciones a pagar el aumento de luz y que no lo pague el pueblo. Tengo muy estudiado el presupuesto porque nosotros votamos en contra. Estamos hablando de la misma cifra. Por qué entonces no pagan el aumento los tipos que tienen más guita.

¿Qué respuestas obtuviste?

Fue muy interesante porque salió al cruce (Rubén) Galassi diciéndome que entre las exenciones había cooperativas, lo que agradecí porque hasta el día de hoy no tuve ninguna respuesta del pedido de informe que realicé el día que asumí para saber quiénes son justamente los que reciben estas privilegios. Lo que sí me queda claro es que las grandes exportadoras y las grandes aceiteras no pagan Ingresos Brutos desde 1991. Son muchos años. Esto hay que corregirlo de una vez por todas.

¿No es un gravamen de competencia nacional?

No es así. Es falsa esa justificación. La provincia dice que no le podés cobrar a las cerealeras porque son exportadoras y por lo tanto solamente puede cobrar la Nación. Una gran mentira. Porque hasta el 91 se cobraba y porque en otras provincias, por ejemplo en Misiones, se cobra el Ingreso Brutos a las exportadoras. Hay una decisión política y no otra cosa. Estamos hablando de empresas que facturan 60 mil pesos por minuto y no pagan este impuesto. Alguna vez tienen que pagar las minorías dominantes en esta provincia.

¿Encontraste eco en otros legisladores?

La mayoría me miró con cara de este tipo tiene razón. La mayoría está de acuerdo que no es justo que el pueblo pague este aumento. Ruben Giustiniani, Héctor Cavallero, Leandro Busatto, Verónica Benas, entre otros diputados, también están convencidos que hay que buscar otra salida. Pero bueno después hay que votar. Y las fuerzas tradicionales votaron este presupuesto con estas exenciones. De todas maneras, parece que este debate no va a ir a la Legislatura. El aumento lo van a aplicar sí o sí. Lo paradójico fue que Stival me reconoció que si la plata salía de otro lado era bienvenida. Ahora nos enteramos que el gobernador Lifschitz va a pedir un nuevo endeudamiento por 500 millones de pesos cuando tiene 5 mil más que le dio la Corte Suprema con el tema de la coparticipación. Entra más plata pero los nuevos costos los pagan los usuarios.

Desde el gobierno provincial hablan que es “inevitable” trasladar el aumento a las facturas. ¿Es tan así?

Comienza a expandirse dentro del socialismo un discurso de la resignación. La diputada Alicia Ciciliani dijo que había que reconocer que perdió el pueblo y ganó el poder financiero. Eso es terrible. Eso los militantes socialistas no deberían tolerarlo.