POR RAMIRO COZZI*

La Ley “Ómnibus” enviada por el presidente al Congreso muestra sobre quién se aplicará el ajuste. Lejos de recortar a la casta, la letra del proyecto viene a desnudar que el verdadero ajuste se aplicará sobre los sectores más vulnerables de la población, y de manera especial, sobre los jubilados y jubiladas.

Esta semana hemos escuchado hablar mucho del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que el gobierno pretende rematar para hacerse de algunos dólares. Pero… ¿Qué es el FGS? Son acciones de empresas adquiridas durante los '90 por las AFJP que en el 2007, con la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, pasaron a manos del Estado Nacional.

Este fondo está compuesto por acciones de algunas empresas claves de la economía argentina. Este es el caso de Ternium Argentina S.A. donde las acciones en manos del Estado representan el 18,8%; o Pampa Holding S.A. donde representan el 10,9%; Transportadora de Gas del Sur S.A. el 10,8%; Banco Macro el 10,4%; o el Grupo financiero Galicia, con una participación del 9,5% de sus acciones.

El FGS funciona como un reaseguro contracíclico en tiempos de crisis, pero también para financiar programas de seguridad social como el “Conectar Igualdad”, con el que los chicos pudieron acceder a su primera computadora y el PRO.CRE.AR que sirvió para que muchos argentinos puedan acceder a su vivienda propia.

Se puede estimar que el valor total de este fondo ronda los 76 mil millones de dólares, y las acciones representan aproximadamente el 15% del total del fondo. Desde el Poder Ejecutivo se pretende liquidar esas acciones por 5,5 miles de millones, lo que significa malvender y rematar el patrimonio. La idea del gobierno no solo es rematar “las joyas de la abuela” para hacerse de unos manguitos y que Caputo siga jugando a la timba con la tuya y la de tus abuelos, sino también que las empresas vuelvan a hacerse de sus acciones a precio “amigo” y de esta manera correr al Estado de la toma de decisiones de las mismas.

En un contexto global donde los sistemas previsionales se ven cada día más comprometidos para poder hacer frente a las obligaciones, ¿será una decisión inteligente liquidar el patrimonio para hacer frente a gastos corrientes?

Con la ley ómnibus, no es solo la fórmula de movilidad jubilatoria la que pone en riesgo los ingresos de nuestros adultos mayores. La recesión económica, la flexibilización laboral, el aumento del desempleo y la informalidad atentan directamente contra la sustentabilidad del sistema de aportes jubilatorios. Liquidar el fondo de garantía de sustentabilidad es la puerta de entrada a la privatización del sistema de seguridad social y la vuelta de las AFJP.

*CEPA ROSARIO