Estamos en pleno auge de las negociaciones salariales de este año. El gobierno intenta fijar un techo para los incrementos según el nivel de inflación que espera (o que dice que espera). Los sindicatos no sólo no confían en la estimación oficial de un aumento de precios menor al 20% en 2017, sino que buscan recomponer lo perdido durante 2016 cuando los precios crecieron por encima del 40%.

Algunos sindicatos, como los Aceiteros y algunos estatales, se animan a ir más allá del debate sobre los números de inflación, y discuten sus salarios aferrados al derecho garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. La Constitución determina el derecho a una “retribución justa”, y a un “salario mínimo vital y móvil”. La ley de Contrato de Trabajo, por su parte, lo define de este modo en su artículo 116: “salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento”.

La pregunta es: ¿cuánto necesita un trabajador para vivir dignamente? El encargado de calcular el nivel del salario mínimo vital y móvil es el Consejo del Salario. Este organismo que reúne al Estado, dirigentes sindicales y empresariales, fijó su valor en $8.060 desde enero de 2017.

La Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA desde hace un tiempo publica el costo de la Canasta Total para distintos tipos de familia, y es el único organismo oficial que presenta una información de este tipo. En el mes de enero, por ejemplo, determinó que una familia de cuatro integrantes, propietaria de su hogar, necesitaba $17.687 de ingreso de bolsillo para cubrir esa canasta. Considerando los aportes jubilatorios y la obra social, el ingreso bruto necesario se elevaría a $21.832. Por otra parte, si la familia no fuera propietaria de esa vivienda, habría que incorporar el monto del alquiler a las necesidades a ser cubiertas, y se necesitaría un ingreso cercano a los $28.000 para cubrirlas.

La DGEyC  de la Caba, aclara en la metodología de la canasta, que la misma no incluye gastos que considera “suntuarios” en unos casos, o “nocivos” en otros, como ser turismo, tabaco, servicio doméstico y utilización de vehículos particulares para transporte. Será motivo de otro debate si estos bienes y servicios forman parte de las necesidades de una familia.

En cualquier caso, el salario mínimo vital y móvil, fijado legalmente por el Consejo del Salario, alcanza para cubrir apenas un tercio de las necesidades básicas de una familia, según la medición que realiza la Ciudad de Buenos Aires.

En algunas negociaciones actuales, los trabajadores parten de un salario bruto inicial inferior a los $15.000, que alcanzarían para cubrir la mitad de la canasta familiar propuesta por el organismo de la Caba.

La pregunta que nos hicimos más arriba, continúa abierta. Cuánto mide el verdadero salario mínimo, vital y móvil es actualmente un interrogante que debería empezar a cerrarse para que sea efectivo el derecho constitucional reconocido en el artículo 14 bis.

Como dato de color, quienes sí tienen fijado cuánto mide su canasta son los “profesionales ejecutivos”. La universidad del Cema mensualmente publica un informe sobre lo que necesita un profesional ejecutivo para mantener un nivel de vida aceptable según su consideración. En enero de 2017 esta cifra era de $92.391 mensuales.

El gobierno y el sector más concentrado de empresarios (acompañados por sus “profesionales ejecutivos”) concuerdan con que el salario es un costo que debe ser minimizado. Argumentan que si bajan los salarios, crece el empleo. La situación económica muestra que esta lógica es completamente falsa. La caída de poder adquisitivo de los trabajadores implica una caída del consumo que arrastra con la actividad de miles de pequeñas empresas industriales y comerciales.

La recomposición salarial no es sólo una necesidad de las familias de los trabajadores, es también una necesidad de la economía: el salario es el mayor generador de empleo.