El golpe al establishment local que significó esta semana la captura de una docena de profesionales, empresarios y escribanos imputados de fraude inmobiliario y lavado de activos; marca el inicio de un buen comienzo en la investigación del delito complejo en la ciudad. Una noción más nítida de cómo se pudieron haber ingresado al circuito legal millones y millones provenientes de actividades delictivas, principalmente del narcotráfico. Pero también da una dimensión de qué porción significará realmente esta punta de iceberg que se ha encontrado tras una minuciosa investigación que demandó una profunda y valiente tarea de parte de los fiscales que, sobre todo, lograron una gran proeza al evitar las filtraciones durante más de dos años.

Una sociedad expectante mira con asombro cómo gerentes, agentes de bolsa y conocidos adinerados, pasan sus días y noches en una seccional policial o en la sede de la Policía de Investigaciones. Es inevitable la satisfacción de observar la concreción de hechos acerca de los que siempre se tuvo sospecha. Hay que decirlo también, en este punto para la población, no deja de haber un resabio de revancha. Por fin les tocó una vez a aquellos que pretenden ser grandes señores y no son más que comunes ladrones en busca de dinero. Como todos los ladrones, no importa el monto. Aunque sí los modos. Pero el objetivo es siempre el mismo.

Para el socialismo y, particularmente para el gobernador Miguel Lifschitz, lo que empezó siendo una buena noticia para su gestión al poder mostrar que la justicia puede ir tras los peces gordos y que no habrá contemplaciones para nadie; terminó siendo una pesadilla política que impactó de lleno en el Frente Progresista, Cívico y Social.

Cuando aún no se despejaron las dudas acerca de si el socialismo no pudo, no supo o no quiso con las ganas que tenía que quererlo, lograr algún grado de eficacia en el combate contra el narcotráfico; tres ex ministros de las pasadas administraciones asumen la defensa de varios de los imputados de fraude inmobiliario, asociación ilícita y presunto lavado de activos. Nada más ni nada menos que el “padre” de la reforma penal santafesina, Héctor Superti, el ex ministro de Justicia Juan Lewis y el ex ministro de Seguridad Daniel Cuenca, prestan ahora sus servicios profesionales a los reos de la alta sociedad.

La oposición política en la provincia y, principalmente el PRO olieron la sangre en la herida y por allí entraron. “¿Cómo sabemos que esto no es parte de un acuerdo entre las personas comprometidas y el gobierno?”, se preguntó públicamente el diputado provincial Roy López Molina. Y también deslizó que “no podemos ser tan estúpidos como para creer lo que dijo Lewis, que asumió la defensa de sus ex compañeros de facultad”. Y el diputado concluye en que la elección de los abogados se debe a “la gran influencia que muchos de ellos poseen sobre el poder judicial de esta provincia”.

Fue tal el enojo de Lifschitz, su crítica más o menos velada a su antecesor Antonio Bonfatti, que para muchos sonó exagerada. Igual que la decisión del diputado provincial Rubén Galassi de echar públicamente a Lewis de su cargo de asesor del bloque en la Cámara baja. No es tan difícil saber si Lifschitz podrá o no despegarse de las denuncias y sospechas que pesan sobre sus antecesores. Al fin y al cabo, se trata de una continuidad política de muchos años en Santa Fe.