Desde el 29 de agosto, los senadores -presididos en esa oportunidad por el jefe del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski- comenzarán las sesiones definitivas del juicio político o impeachment contra Dilma Rousseff. Se descuenta que la encontrarán culpable de haber vulnerado en 2014 las normas fiscales para maquillar las cuentas públicas. El objetivo fue ocultar la realidad de una economía que se asomaba a la crisis con la finalidad alcanzar la reelección. Pero si bien es verdad que la presidente incurrió en esas prácticas, también es cierto que no dejan de ser manipulaciones administrativas que se practican en todo el mundo. “Pan con pan es comida de zonzos” reza el dicho popular, y el hecho de que las cuentas públicas sean alteradas por el gobierno de turno no esta bien ni se justifica, pero debe quedar claro que no constituye un delito penal, y además, ningún gobernante es sometido a juicio político por ese motivo en otra parte del mundo.

Hasta el momento, Dilma Rousseff no está involucrada -y el juicio político no está vinculado- de manera directa a ningún hecho de corrupción. Sin embargo, le cabe una investigación por presunta obstrucción de la justicia respecto del operativo Lava Jato, que investiga los hechos de corrupción en torno al petrolao.

La realidad muestra que Dilma dilapidó su legitimidad popular desde el inicio de su segunda presidencia, ensayando un ajuste que no resolvió los problemas económicos, fue insuficiente para los sectores más concentrados del poder político y económico, e hizo sentir traicionada a la mayor parte de sus seguidores. Mientras la economía se desmoronaba, el Poder Judicial le mostró a los brasileños la corrupción de gran parte de la dirigencia política y empresarial del país en el marco del escándalo del petrolao. Y la tolerancia de las sociedades a la corrupción dirigencial es directamente proporcional al bienestar económico. Cuando éste último disminuye, la tolerancia a la corrupción también lo hace.

Intentos desesperados

Los brasileños se muestran escépticos acerca del presidente interino Michel Temer, cuya aceptación popular ronda el 14 por ciento. Lo abuchearon sonoramente en la apertura de los Juegos Olímpicos y las sospechas de corrupción se ciernen sobre él. Concretamente, Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa constructora más grande de Latinoamérica, actualmente detenido, acusado de sobornar a políticos para obtener ventajosos contratos de obra pública para su empresa y en medio de una negociación con el Poder Judicial para alcanzar un acuerdo de delación premiada, afirmó que Temer, siendo vicepresidente, le pidió “colaboración” para la campaña presidencial de 2014 a cambio de “beneficios” posteriores.

Pero nada de todo lo dicho se tradujo en una mejora de la imagen de Dilma Rousseff. La presidente suspendida está pagando quizás demasiado caros sus errores. No solamente el haber desilusionado a sus votantes, sino también su falta de cintura política para negociar con otros dirigentes políticos -algo que siempre le sobró a Luis Inazio Lula Da Silva- y su empecinamiento en encerrarse en sus argumentos en vez de darle espacio a otras alternativas. Pudo ejercer su defensa personalmente en el senado pero prefirió no hacerlo. Antes, cuando aún retenía el poder, le sugirieron buscar los medios para convocar a elecciones anticipadas, pero no quiso. De poco servirá ahora su segura comparecencia en el senado para defenderse e intentar convencer a los legisladores de que no la aparten definitivamente del cargo. Menos aún su promesa de que si no es condenada y recupera la presidencia, convocará a elecciones para que los brasileños determinen inmediatamente quién debe conducir al país. Ya es tarde.

La mayor parte de la dirigencia política y económica y la amplia mayoría de la población, convirtió a Dilma en su chivo expiatorio y ansían deshacerse de ella para purgar todas sus desventuras.

Cuestión de expectativas

Como si eso fuera poco, hay dos datos que no favorecen el retorno de Dilma. El primero es la incipiente mejora en la percepción que los brasileños tienen respecto del futuro económico. Ese dato le permitió al gobierno de Temer aumentar su pronóstico de crecimiento para 2017 del 1,2 al 1,6 por ciento, lo cual lo liberaría de tener que aumentar los impuestos para cumplir con su meta fiscal.

El segundo dato es que Temer no es un presidente querido ni apoyado por su pueblo, pero sí lo es por el establishment político y económico-financiero del país. Eso se suma al hecho de que esos sectores del poder más concentrado no cuentan actualmente con un político capaz de defender sus intereses y acumular votos al mismo tiempo. Si existiera una persona capaz de reunir ambas características, no tendrían reparo en apoyar un proceso electoral inmediato. Si se convocaran elecciones anticipadas actualmente, los dos candidatos con mayor intención de voto serían Lula y Marina Silva. A pesar de sus diferencias, ambos son progresistas y no cuentan con el aval de los sectores más concentrados del poder. En definitiva, Temer no es la persona deseada pero es útil para llevar adelante el proceso de ajuste que los sectores económico-financieros más poderosos consideran imprescindible para la reactivación de la economía.

De cualquier manera, la posibilidad de adelantar el proceso electoral es escasa y sólo sería viable si ambos integrantes de la formula presidencial renunciaran a su cargo, es decir, tanto Dilma como Temer. Y el presidente interino se siente muy cómodo donde está. La única posibilidad real de que esta opción prosperase, sería si el Poder Judicial pudiese comprobar una denuncia que investiga acerca del financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2014, con dinero procedente del petrolao. En tal caso, podría declararse nula la fórmula Rousseff-Temer y el presidente del senado debería convocar a elecciones.

Crónica de una muerte anunciada

Dilma Rousseff será obligada a dejar la presidencia. La votación que aprobó el dictamen de la comisión de juicio político en el senado obtuvo 54 votos. Esa cifra representa exactamente los dos tercios de los integrantes de la cámara y es el número necesario para exonerarla del poder. Como consecuencia, no podrá ocupar cargos públicos por 8 años.

Michel Temer deberá ocupar su lugar hasta entregar la banda presidencial el 1° de enero de 2019, a menos que las investigaciones del Poder Judicial finalmente lo alcancen.

Independientemente de la suerte personal de ambos, Brasil asiste al fin de una era signada por el progresismo y las conquistas sociales encarnadas por el Partido de los Trabajadores y por su máximo líder, Luis Inazio Lula Da Silva. Pese a que actualmente es el político con mayor intención de voto -21 por ciento- su imagen negativa es la mayor de todas y se acerca a los 50 puntos. Poco queda en comparación con el 82 por ciento de popularidad con el cual Lula dejó la presidencia hace 6 años.

Política y moral no caminan de la mano tal como lo advirtió Nicolás Maquiavelo hace más de cinco siglos. Cuando la corrupción se adueña del Sistema Político tiende a confundirse la deslegitimación de los políticos con la deslegitimación de las políticas públicas.

Los brasileños tendrán dos años para evaluar cómo hacer para defender los derechos sociales adquiridos, recuperar el crecimiento económico y purgar a los corruptos que se aprovecharon de la política.