El Senado brasileño aprobó en los últimos días una medida de ajuste sin precedentes en el mundo. Con una abrumadora mayoría de 56 votos a favor y 16 en contra, avaló una enmienda constitucional que modifica la Constitución de 1988 e incorpora el techo del gasto público al orden jurídico del país. Brasil tendrá durante los próximos 20 años el presupuesto nacional congelado, apenas actualizado por la inflación.

La medida era reclamada por los grupos de poder económico, uno de los dos pilares sobre los que se sustenta el gobierno del presidente Michel Temer. El otro pilar, son sus propios compañeros políticos, aquellos que habitan el Congreso y votaron la enmienda, los que expulsaron a Dilma Rousseff y le dieron la primera magistratura del país más poderoso de Latinoamérica.

Tras la medida, el gobierno y los legisladores leales festejaban su éxito. Pero la algarabía duró poco. Se produjeron manifestaciones contra la enmienda en Brasilia, Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Fortaleza como muestra del creciente malestar social. Los sondeos de opinión arrojan que el 60 por ciento de los brasileños rechaza la medida por considerarla peligrosa para el sostén de los servicios básicos como la salud y la educación. El 63 por ciento de la población desea que Temer se vaya del gobierno.

Además, los brasileños saben que ahora se aproxima el debate legislativo respecto de dos medidas de ajuste más duras aún: el aumento de la edad mínima de jubilación y la flexibilización laboral, o precarización laboral para decirlo sin eufemismos.

Sin embargo, lo que cortó de cuajo la alegría del gobierno y los legisladores afines no fue nada de esto. Poco parecen temerle al repudio popular. A lo que si le temen, es a la prisión.

El Petrolao, el único terror de los políticos brasileños

Poco después de la votación del Senado se conoció la noticia de que el jefe de la compañía Odebrecht confirmó a la Justicia el pago en 2014 de un presunto soborno a Temer -en ese entonces vicepresidente- y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) al cual pertenece. Como resultado del escándalo, uno de los más cercanos asesores presidenciales y amigo personal de Temer, José Yunes, renunció.

Todas las denuncias que están siendo investigadas por el Poder Judicial contra Temer y su partido están relacionadas con el multimillonario entramado de corrupción que imperó en Petrobras, y del cual Odebrecht era uno de sus ejes. Además del convicto ex presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, otros 76 ejecutivos de la compañía firmaron el mes pasado un acuerdo de delación premiada con el Poder Judicial para que sus penas fueran reducidas a cambio de aportar más información acerca del funcionamiento de la red de sobornos para garantizarse contratos con la empresa petrolera estatal.

El ex director de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Claudio Melo, expresó ante la fiscalía que durante la campaña electoral de 2014, Temer -en ese entonces vicepresidente y candidato a la reelección secundando a Dilma- le pidió a la empresa una "donación" de 10 millones de reales, equivalente a tres millones de dólares, para su partido, el PMDB. Melo señaló que parte de ese dinero ilícito fue entregado en efectivo en las oficinas de Yunes, quien actuaba en ese momento como tesorero del PMDB en San Pablo.

Todas las declaraciones de Melo fueron confirmadas luego por el propio Marcelo Odebrecht, detenido en junio de 2015 y condenado a poco más de 19 años de prisión. El empresario también ofreció detalles acerca de cómo en mayo de 2014 participó de una cena en el Palacio de Jaburú, residencia del vicepresidente, en la que Temer le reclamó apoyo para financiar la campaña del PMDB.

Estas primeras revelaciones del acuerdo de delación premiada de Odebrecht -que aún no fue ratificado por el Supremo Tribunal Federal- son las que causaron el tembladeral en el gobierno y la mayor parte de los legisladores, que también están siendo investigados. Y la situación amenaza con agudizarse hacia el mes de marzo, cuando se espera que los fiscales de la operación Lava Jato empiecen a actuar en concreto sobre las denuncias, una vez que el acuerdo haya sido aprobado por  el máximo Tribunal. De hecho, se especula con que los ejecutivos de la compañía delatarán a más de un centenar de políticos de todos los partidos. Sin embargo, con el Partido de los Trabajadores (PT) fuera del gobierno tras la destitución de Dilma, el costo político del Petrolao recaería principalmente sobre los funcionarios y políticos del PMDB.

El fantasma de la traición

En las filas del PMDB cunde el miedo ante el fantasma de la traición. En el seno del partido saben a conciencia que lo mismo que le hicieron a Dilma Rousseff, puede actuar como un modelo a imitar por los aliados ocasionales. Concretamente, existen sospechas respecto del principal socio del gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Dado que el presidente tiene una legitimidad frágil y se sustenta en los dos pilares antedichos, el poder económico y el apoyo legislativo -ninguno de los cuales goza del aprecio de los sectores populares- desde el oficialismo temen que se ponga en marcha un proceso para expulsar a Temer de la presidencia, preferentemente después de que haya adoptado las principales y más antipáticas medidas de ajuste.

Las sospechas recaen sobre el PSDB porque especulan con la idea de que el expresidente Fernando Henrique Cardoso, un político respetado, podría convertirse en un presidente de transición consensuado en el seno del Congreso y mucho más “digerible" para la población que Temer.

A propósito del eventual reemplazo del presidente, el 31 de diciembre próximo actúa como fecha bisagra. De acuerdo con la Constitución, si el cargo de presidente y de vicepresidente quedaran vacantes antes de la primera mitad del mandato en curso -fecha que se cumple el 31 de diciembre próximo- deberían convocarse nuevas elecciones directas. En cambio, si la vacancia ocurriera ya en la segunda parte del mandato, es decir, a partir del 1º de enero, el Congreso sería el encargado de elegir al nuevo jefe de Estado entre sus miembros o a alguna figura de unidad nacional, léase Cardoso.

¿Salida electoral?

Los sondeos indican que son cada vez más las personas que se inclinan por darle a la crisis política una solución electoral. Nada sería mejor que un mandatario avalado por el sufragio popular para determinar qué medidas adoptar para salir del laberinto político, económico y social en el que se encuentra extraviado Brasil.

Pero no hay que ilusionarse demasiado. Ni el poder económico concentrado ni la dirigencia política tradicional desean esa salida. Porque quienes tienen mayores posibilidades de ganar las elecciones son políticos que no harían el ajuste. En las encuestas, Luis Inazio Lula Da Silva aparece primero en intención de voto para la primera vuelta.

Quien aparece segunda es la candidata de izquierda Marina Silva, exministra de Lula. Una mujer, afroamericana, de origen humilde, evangélica, es decir, representante de los sectores habitualmente postergados, de los marginados, de los vulnerables. Marina Silva no haría un ajuste descarnado como el que se está perpetrando en Brasil. Un último dato: en todas las proyecciones para un ballotage, compita contra quien compita, Marina Silva aparece como ganadora. Incluso contra Lula. Ese resultado no le conviene ni al poder económico ni a los políticos viles.