Arde Brasil: Ya está en marcha el juicio político contra Dilma Rousseff

Se puso en marcha el proceso de juicio político contra la presidente Dilma Rousseff cuyos resultados son impredecibles tanto para los cariocas como para la región

La política brasileña está inmersa en una crisis peculiar. A sólo nueve meses de haber asumido su segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff enfrenta la apertura de un proceso de destitución parlamentaria o  impeachment que podría culminar con su gobierno. En realidad, la presidente parece haberse convertido en el chivo expiatorio de las dos crisis que sufre el país, una económica y otra política.

La económica está dada por la recesión en la que está inmerso Brasil que casi no creció este año, tiene una inflación que casi alcanza los dos dígitos, una desocupación en torno al 9 por ciento, un elevado déficit fiscal y políticas de ajuste que contradicen los postulados ideológicos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

La crisis política se desprende del escándalo del petróleo, la trama de corrupción en torno a los contratos vinculados a la petrolera estatal Petrobras, que involucra a numerosas empresas brasileñas y extranjeras -argentinas entre ellas- y a más de medio centenar de políticos brasileños.

Los cariocas se volvieron cada vez más intolerantes con su dirigencia política en un contexto de malas expectativas económicas, percibiendo que aquellos que les pedían ajustarse el cinturón engrosaban sus cuentas bancarias con dinero mal habido. En medio de semejantes disgustos, Brasil acaba de gastar una fortuna en la organización de un mundial de fútbol y hará lo propio para los Juegos Olímpicos de 2016. La mayoría de los brasileños llegó al hartazgo.

Dilma se convirtió en el centro de todas las críticas no tanto por encontrarse en juego su honestidad -no hay un sólo dato cierto que la involucre directamente en la corrupción en torno de Petrobras- sino porque perdió a muchos de sus seguidores por las medidas de ajuste que adoptó. También por no haber podido cumplir con las expectativas sembradas respecto de una reforma política tendiente a acabar con la corrupción en el Estado. Además, muchos de sus correligionarios del PT siempre la aceptaron a regañadientes y gran parte de la dirigencia política receló de ella por sus forma verticalista de ejercer el poder, en contraste con Luiz Inácio “Lula” Da Silva, un negociador nato que siempre buscó generar consensos.

El juicio político, un proceso largo y complejo

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ya acumulaba en su escritorio varios pedidos de juicio político contra la presidente desde hacía meses. Decidió darle curso a uno de ellos pero por una cuestión estrictamente personal.

Cunha utilizó su poder para hacer valer amenazas previas. El presidente de la Cámara baja está siendo investigados por ocultar varias cuentas bancarias en Suiza donde habría guardado los aproximadamente cinco millones de dólares presuntamente obtenidos de coimas que habría cobrado para facilitar a empresas privadas diversos contratos con Petrobras. Cunha está muy comprometido en esa investigación que recayó en la comisión de ética de la cámara de diputados y que cuenta con tres legisladores del PT. Hasta último momento, Cunha intentó negociar con los pedidos de juicio político en su poder, a cambio de que los tres diputados del PT lo dejaran libre de acusaciones. En otras palabras, Cunha amenazó con que si se lo acusaba, se llevaría puesta a Dilma.

Sin embargo, los tres diputados del PT anunciaron públicamente que el 8 de diciembre votarán contra Cunha en la comisión de ética, sin importarles demasiado -al parecer- ni el futuro del presidente de los diputados ni el de Dilma. Una hora más tarde, Cunha anunció en la televisión que aceptaba una de las solicitudes de destitución. La venganza se puso en marcha.

Lo cierto es que el proceso ya comenzó y su desarrollo es impredecible. Los pasos a seguir incluyen la creación de una comisión parlamentaria que debe reunirse varias veces antes de someter el pedido de impeachment a una votación en la Cámara de Diputados, que es la que acusa, y otra posterior en la de Senadores, que es la que juzga. Para prosperar, el pedido de juicio político debe ser aprobado por dos tercios de los diputados, pasar al Senado y contar con la aprobación de dos tercios de sus miembros. Por estos motivos el proceso puede demorar entre seis y ocho meses, quizás más. Sin embargo, dentro de ese plazo habrá una etapa -mientras los senadores deliberan- en la que la presidenta tendría que ser apartada de su cargo. En ese caso, el vicepresidente Michel Temer, del mismo partido que Eduardo Cunha -el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)- se haría cargo de la presidencia.

Desde el oficialismo, se espera abortar el Juicio político lo más rápidamente posible. El gobierno ha recurrido la acción de Cunha y basta una decisión judicial para detenerlo. Si esa vía no prosperase, se espera poder concluir el proceso en su primera etapa, dado que a la presidente le alcanzaría con 170 votos sobre un total de 512 diputados. Actualmente, miembros del PT aseguran que Dilma cuenta, entre diputados de su partido y aliados, con alrededor de 200. De ese modo se aseguraría, en principio, una victoria. Pero nada es tan fácilmente predecible en el Congreso brasileño caracterizado por la fragmentación, las alianzas, las traiciones y el transfuguismo. Basta decir que los diputados del PT en el Congreso son solamente 66.

La causa del proceso de destitución fue el maquillaje de cuentas públicas durante 2014 para poder gastar más de lo que estaba permitido por ley, teniendo especialmente en cuenta que era el año en el que Dilma aspiraba a la reelección. Si se juzgara a un presidente en Argentina por hacer lo mismo, muy pocos en toda su historia saldrían ilesos.

Debilidad presidencial

El problema más grave que Rousseff debe enfrentar es el de la deslegitimación de su gobierno. Actualmente, menos del 10 por ciento de los brasileños apoyan la gestión de la primera mandataria y su debilidad es notoria. Por eso, el juicio político, más allá de prosperar o no, constituye una manera de erosionar el poder de la presidente. Al mismo tiempo, el hecho de que haya prosperado el pedido de impeachment es en si mismo un indicador de la debilidad presidencial: ¿quién se hubiera animado a tanto contra un gobierno poderoso?

Dilma tiene complicaciones incluso dentro del PT. Si bien cuenta con el apoyo incondicional de Lula, su mentor, hay que destacar que que el pedido de juicio político que hizo prosperar Cunha, fue uno presentado por un jurisconsulto muy prestigioso y miembro fundador del PT. Asimismo, los tres diputados de la comisión de ética que investigan a Cunha, no parecieron preocuparse demasiado por el destino final de la mandataria. Dicho de otro modo, son varios los  miembros del PT que no demuestran voluntad de respaldar a Dilma, por ese motivo es difícil interpretar esta crisis como un “golpe parlamentario” comparable con lo ocurrido en Paraguay a propósito de la destitución de su entonces presidente Fernando Lugo.

Por su parte, los mercados ya dieron su veredicto. El día después del pedido de juicio, la bolsa brasileña subió. La presidenta se convirtió en la personificación de la crisis económica y su eventual salida es vista como una buena noticia por los mercados.

Es por todos estos motivos que tendrá mucha importancia la respuesta de la calle. Téngase en cuenta que este año se produjeron en São Paulo y otras importantes ciudades brasileñas multitudinarias manifestaciones contra Dilma. Los legisladores brasileños posiblemente adopten sus decisiones por el termómetro callejero antes que por las alianzas o compromisos políticos. Después de todo, ellos quieren conservar sus bancas por el mayor tiempo posible.

También será indispensable la habilidad de la presidente y sus colaboradores para conservar los apoyos y alianzas necesarios para evitar la caída.

El resultado de todo el proceso es por ahora indescifrable, sólo se sabe cómo empezó pero no como terminará.

La debilidad del actual gobierno brasileño genera inquietud en la región en general y en el MERCOSUR en particular, donde el presidente electo argentino, Mauricio Macri, busca consensos para aplicar la cláusula democrática -prevista en el Protocolo de Usuhaia- a la Venezuela de Nicolás Maduro. Para eso y para revitalizar al bloque comercial es que viajó a Brasil, su primer destino internacional desde que fue elegido.

Más allá de la diferenciación de Macri busca con Venezuela -que parece obedecer más a un mensaje doméstico que a otra cosa- podría especularse con la idea de que el nuevo mandatario argentino aspira a disputarle el liderazgo político regional a un Brasil que arde.

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