Una tragedia política

La explosión sacudió la casa. La escuché arriba, en el departamento donde vive mi cuñada y su familia. Así que la llamé al fijo, convencido de que había volado la cocina, el calefón o algo así. Me tranquilicé al pensar que a esa hora de la mañana mis sobrinos estaban en la escuela. El teléfono sonó y sonó. Probé al celular. Cuando atendió me di cuenta de que estaba a punto de comunicarle que había habido una explosión en su casa. Me dijo que estaba en una reunión del jardín de infantes. “Ah, ¿vos también la sentiste?”, me dijo cuando le mencioné lo de la explosión. Entonces, si ella estaba a tres cuadras de casa y había escuchado eso la cosa no podía ser arriba, algo mucho más grande había explotado en la ciudad.

El martes 6 de agosto de 2013, alrededor de las 9.30, una fuga masiva de gas inundó la planta baja y ascendió por el hueco del ascensor del desaparecido edificio de Salta 2141, al estallar hizo que implosionara la segunda de las tres torres y arrasó el resto de la construcción. Veintidós personas murieron, hubo unos sesenta heridos y más de mil viviendas quedaron afectadas por la onda expansiva, que alcanzó quinientos metros a la redonda.  

Como periodista jamás pisé la zona cero. Me interesaba, en cambio, intentar comprender cómo la larga tradición del uso del gas natural en Argentina había llevado a una tragedia semejante.

La empresa

Litoral Gas, cuyos operarios tardaron alrededor de cuatro horas para cortar el suministro de gas mientras ardía la parte delantera del edificio que explotó hace dos años, distribuye gas en todo el territorio santafesino y en el noreste de Buenos Aires. Fue creada en diciembre de 1992 a partir de la privatización de la empresa Gas del Estado S.E. Su administración central está en Rosario y es titular de una licencia por 35 años, con opción de extenderse por 10 años más de cumplirse determinadas condiciones, según las normativas de concesión que pueden leerse en las memorias de las privatizaciones del Ministerio de Economía.

Su región de operaciones abarca una superficie de 136.387 kilómetros cuadrados y tiene una población total de unos 3,5 millones de habitantes. Los accionistas de Litoral Gas son la sociedad Tibsa Inversora S.A., propietaria del 91.66 % del paquete accionario y el 8,34% restante pertenece a otros accionistas individuales, entre los cuales se incluyen empleados y ex empleados de la Empresa. Aunque los socios actuales de Tibsa son, a su vez, las siguientes sociedades: Suez-Tractebel S.A., un holding totalmente controlado del grupo GDF-Suez, con una participación del 70% en Tibsa. El Grupo Techint, a través de su empresa Tecpetrol Internacional S.L., es propietario del 30 % restante de las acciones.

El sitio digital EnerNews, órgano difusor de noticias del campo energético apoyado por las empresas, contextualizó el miércoles siguiente a la explosión de calle Salta 2141 la experiencia de la Argentina con el gas natural antes de las privatizaciones con estas palabras: “Si de algo se enorgulleció la Argentina es de su sólida y profunda cultura del gas natural, que la llevó a ser en la segunda mitad del siglo XX una de las potencias del mundo en la materia. Con un ratio de domicilios gasificados sólo superado por Rusia y Holanda y con una participación del combustible en su matriz energética insuperado en el planeta a partir de la gran disponibilidad del recurso, del tendido de nuevos gasoductos y de la política de estímulo de extensión de redes”. Y agrega el artículo: “El sustento técnico de esta expansión fueron generaciones y generaciones de gasistas matriculados que demostraron que con el respeto de las normas y la excelencia de su trabajo el gas natural es una de las alternativas más seguras, económicas y confiables a disposición de la población”.

Gremialista y accionista

Dos días después de la explosión llamé a Roberto Reyes, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural, quien me dijo: “La empresa actuó bien” cuando le pregunté por las posibles responsabilidades de Litoral Gas en la explosión, el derrumbe y la devastación provocada por una fuga masiva de gas en Salta al 2100.

Reyes formó parte del sindicato que agrupaba a los trabajadores de la ex Gas del Estado, integra el directorio de la empresa Litoral Gas, por lo menos así lo indica el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 28.872 del lunes 6 de abril de 1998. “Fui director, por la parte accionaria”, me aclararía en la charla. Para el gremialista y accionista de Litoral Gas, no hace falta más personal del que ya hay en la empresa para ejercer control sobre las instalaciones de gas particulares. “Con la que hay está bien”, dijo.

Asimismo, Reyes señaló las normativas vigentes, según las cuales toda tarea que se realice al interior de la línea de edificación corresponde a un particular, mientras que las de calle son de incumbencia de la empresa de la que es accionista. Sin embargo, añadió que en su momento desde el sindicato objetaron esa disposición.

Privatizaciones

Ese día también hablé con el vicegobernador Jorge Henn, quien cinco días antes del desastre de Salta 2141 había criticado con dureza a Litoral Gas al anunciarse la media sanción al proyecto de crear una empresa de gas estatal. Le achacó la falta de inversiones, con el riesgo que ello implica para la seguridad pública. Además, observó que sus accionistas principales, el Grupo Suez, iniciaron en 2003 –cuando se restatizó la empresa de agua y cloacas– una demanda que puede costarle millones a la provincia.

“Más allá de las consideraciones judiciales –me dijo Henn– la explosión pone de manifiesto el fracaso de las privatizaciones”. Se refería al proceso de venta de empresas estatales que se produjo a principios de los 90 en la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem y, en Santa Fe, de Carlos Reutemann.

Además, Henn señaló que la empresa que tiene la mayoría accionario de Litoral Gas es Suez, a la que los santafesinos conocen desde principios de la década del 2000, cuando se hizo cargo del agua (era dueña mayoritaria de Aguas) y las cloacas de la provincia. En 2003 la firma se retiró de la concesión y demandó a la administración provincial (el caso figura entre las mediaciones que lleva adelante el Ciadi con sede en Washington) por una diferencia en torno a la aplicación de acuerdos tarifarios. “Ese juicio –dijo el vicegobernador– nos va a costar millones a los santafesinos”.

Además, Jorge Henn insistió, como lo hizo cuando se anunció la media sanción al proyecto del Ejecutivo para crear una firma con mayoría estatal para la producción, distribución y comercialización de gas en el territorio provincial, que incluso podría expandirse a Córdoba, que Litoral Gas no sólo no generó beneficios para la provincia, sino que tampoco hizo inversiones y ahora queda demostrado que puso en riesgo a la seguridad pública. “Hay más de 1.750.000 santafesinos que no cuentan con gas natural en 279 localidades”, puso por ejemplo.  

Tanteo

En la tragedia clásica el héroe muere abrazado a su causa, que es una causa comunitaria, es el legado de su comunidad y, de algún modo, esa comunidad se define, se identifica en esos ideales.

Cuando intentaba comprender las causas de lo que hoy llamamos la tragedia de calle Salta pensaba en esos dos países que se excluyen: el de las empresas privatizadas, atentas sólo al crecimiento de su capital; y el país de las instituciones públicas, que de algún modo delegan en distintos agentes su funcionamiento.

Hace dos años en calle Salta se produjo un brutal y nefasto desencuentro entre esos dos países. Los veintidós muertos, víctimas de ese desencuentro, son trágicos porque sin quererlo abrazaron una causa que aún transitamos.

Como lo trágico, decíamos, es un legado comunitario, la única respuesta que puede dársele a los deudos es política.

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