Los escándalos revelados en las últimas semanas entre dirigentes, barras y empresarios en el fútbol local y mundial, han confirmado las presunciones de negociados y la impunidad con que se maneja el espectáculo. Como forma de transparentar el fútbol y que las sanciones las dicte un tribunal independiente, desde el Frente para la Victoria proponen la creación de un fuero específico de justicia deportiva.

La propuesta parte de situaciones comunes referidas a lo organizacional, disciplinario o institucional del fútbol, que se hagan de forma irregular y generen negocios ilegales. En las mismas pudieron haber intervenido dirigentes, clubes, jugadores, empresarios, árbitros, hinchas y demás actores del fútbol, como quedó demostrado con las escuchas a Julio Grondona, ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde se hablaba de partidos y horarios arreglados, y manipulaciones de intereses a costa del espectáculo deportivo.  

La iniciativa busca evitar que los organismos que dictan las sanciones, como la AFA o los tribunales de disciplina, sean parte y juez a la vez como sucede actualmente. Por eso el fuero no dictaría sanciones penales, esto seguiría siendo materia penal, pero buscaría desde tribunales superiores transparentar y no permitir las condiciones para que se realicen ilícitos. 

Actualmente, algunas situaciones se derivan al fuero civil, pero éste muchas veces no es el apropiado para fallar, por eso actuaría este fuero. El caso más gráfico en el que hubiese intervenido el nuevo fuero es el que se produjo entre Boca y el conocido barrabrava Rafael Di Zeo.

El club le quitó su carnet de socio por falta de pago de su cuota durante el tiempo en que estuvo preso. En rigor, la falta de pago sirvió como pretexto para alejar a Di Zeo de la entidad xeneize. 

Cuando recuperó la libertad en 2011, Di Zeo pretendió volver a la cancha pero no pudo por esa situación. Entonces recurrió a la Justicia Civil y su abogado argumentó que el club no lo había notificado de su deuda, con lo cual no pudo pagar. Finalmente, el juez falló que el club debía restituirle su condición de socio activo y Di Zeo volvió a las canchas por más que sea un conocido barrabrava con todo lo que conlleva.

“El laudo (fallo) se aboca a lo deportivo, como la suspensión de estadios, horarios, problemas con socios, su concurrencia a los estadios, pero hay situaciones que pueden volverse irregulares y replicar en otros ámbitos como el económico, como podría ser la reventa de entradas que parte de lo institucional pero se transforma en un delito”, explicó a Rosarioplus la diputada nacional del Frente para la Victoria (FPV), Claudia Giaccone autora del proyecto.

¿Qué objeto tiene?

De esta forma se busca independizar la arbitrariedad de las medidas disciplinarias y que las mismas no favorezcan a alguna de las partes. “Cuando el poder maneja la sanción, se crea el negocio.  Cuando quien dicta las sanciones es independiente, se acaba. No puede ser que AFA sea juez y parte muchas veces”, valoró Giaccone quien presentará el proyecto en la comisión de Deportes de la Cámara Baja.

“Buscamos atacar todas las aristas que pudren al deporte, y dejar de ser rehén del lobby y de las decisiones arbitrarias de entidades como AFA y FIFA”, explicó.

Violencia en el fútbol

Como se aclaró, el nuevo fuero no tendría la potestad de aplicar sanciones penales aunque si buscará sancionar un pequeño hecho disciplinario que pueda derivar en un ilícito de mayor gravedad como los hechos de violencia. El más reciente es el producido en la cancha de Boca, cuando hinchas arrojaron gas pimienta a los jugadores de River y la sanción de los hinchas quedó irresuelta.

“Si no desarmamos la complicidad entre las bandas -que no son hinchas sino delincuentes que forman parte de un negocio, en el que están desde la reventa de entradas, los tours, los buffets, y que tienen la complicidad de dirigentes y policías- no vamos a lograr avanzar en el combate de este tipo de delitos”, se convenció la legisladora.

Organigrama

Se plantea un Supremo Tribunal a nivel nacional pero que cada provincia adhiera y cree una estructura con un Tribunal provincial que tenga alzada en aquel, además de una procuraduría y auditores para fiscalizar los procesos. A su vez, la ley tiene como beneficios la actuación de oficio ante eventuales episodios y la celeridad en el proceso porque acortaría los plazos.