Procesan a farmacéuticos rosarinos por atentados y amenazas

La jueza Alejandra Rodenas decidió procesar al empresario José Antonio Iborra y a su hijo Juan Pablo por amenazas, lesiones y amedrentamientos a diversas personas vinculadas al ámbito farmacéutico donde ellos tenían considerables inversiones. Entre los delitos imputados, la magistrada consideró que hay pruebas suficientes para enjuiciarlos por la autoría intelectual del atentado al abogado penalista Alberto Tortajada, a un médico que quería incursionar en el negocio farmacéutico, al Colegio de Farmacéuticos, Ministerio de Salud y al Laboratorio Roemmers.

Los farmacéuticos Iborra, padre e hijo, fueron procesados por una serie de delitos cometidos en relación a su negocio farmacéutico. Iborra era dueño de las farmacias de calle San Juan al 1700, Sarmiento al 800, San Lorenzo al 1000 y San Luis al 1000, y las tenía a nombre de sus empleados.

La jueza Rodenas acusó al padre de siete hechos de amenazas coactivas (y otros delitos), relacionadas con personas allegadas a laboratorios, áreas del Ministerio de Salud, farmacias y organizaciones del rubro. Por otra parte, al hijo la jueza encontró coautoría en cinco de esos delitos.

Otras dos personas aparecen como autores materiales de los episodios violentos, quienes ya fueron procesados por la tentativa de homicidio del abogado Alberto Tortajada, en septiembre de 2012, y por la muerte del policía Carlos Dolce, en febrero de 2013, tras realizar amenazas a un médico.

Los imputados fueron detenidos en agosto pasado. El padre, José Antonio Iborra se encuentra en prisión domiciliaria, por su edad y estado de salud delicado. Mientras que el hijo, Juan Pablo Iborra, se encuentra en una clínica psiquiátrica, por prescripción de una junta médica que lo examinó.

Los Iborra están involucrados en el atentado que sufrió el abogado Tortajada en el ingreso al edificio de su estudio, en Montevideo al 2200. El letrado relacionó el ataque con su defensa de una farmacéutica empleada de Iborra que lo había demandado. La jueza también le adjudica encargar un ataque a balazos contra la casa de la ex jefa de Inspección de Farmacias, Patricia Kleinlein, acompañada por una esquela que mandaba: “Decile a Analía B. que la corte con las inspecciones mala leche. La próxima te vacío el cargador”.

Según el fallo judicial, también padre e hijo tendrían responsabilidad en la balacera contra la vivienda del médico XXXX Ulloa, en Santiago al 3000, y el asalto que sufrió meses más tarde, en febrero de 2013, en su consultorio de 3 de Febrero y Sarmiento. En esa ocasión, un matón a sueldo increpó y golpeó al galeno para que desistiera de abrir una farmacia en San Lorenzo y Laprida, cerca de uno de los locales de Iborra. Al salir, el policía Dolce, que realizaba tareas de vigilancia privada en la cuadra, advirtió la escena y quiso intervenir, pero fue ultimado de un balazo. 

Por ese crimen está preso Pablo Peralta, presunto sicario contratado por Iborra para esos trabajos violentos. Los Iborra, no obstante, quedaron al margen de la imputación del homicidio.

En la nutrida lista de delitos que alimentan el procesamiento también se cuenta un atentado a golpes y heridas cortantes contra el dueño de la Farmacia Inglesa, en Sarmiento al 600, y amenazas vía email a un gerente del Laboratorio Roemmers. 

 

 

COMENTARIOS

*Los comentarios que integran esta discusión no representan la opinión de RosarioPlus. Son opiniones personales de los usuarios

Seguí leyendo