Quienes conocen de la materia afirman que el engranaje del millonario negocio que rodea el narcotráfico necesita de varias “patas” para funcionar. Uno de los primeros eslabones de la cadena es la complicidad policial, indispensable para que las bandas operen en los territorios sin el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. En Rosario, esa relación quedó al descubierto en más de una oportunidad tras el sinfín de denuncias de vecinos, familiares de víctimas y organizaciones políticas con militancia en los barrios de la ciudad.

La semana pasada, Rosarioplus.com reflotó un emblemático caso vinculado a la tensa convivencia entre quienes se apropian de las calles para vender droga y quienes se aferran a la política para mejorar la calidad de vida del prójimo. En la reconstrucción de aquella historia, la de los militantes del Movimiento Evita baleados en enero de 2013 en Nuevo Alberdi, apareció el nombre del comisario Marcelo Mendoza, uniformado que tras ese incidente fue separado de su cargo (estaba al frente de la subcomisaría 2) ante las sospechas de su connivencia con la banda narco del barrio.

Mendoza integra la extensa lista que en su día el propio gobierno de Santa Fe le entregó al fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, con los nombres y apellidos de los oficiales investigados por la Dirección de Asuntos Internos desde el 2004 hasta la actualidad. En ese Excel figuraban 97 policías. La mayoría de esos expedientes no llegaron a los Tribunales. Sin embargo, algunos casos sí fueron remitidos a la Justicia. Lo concreto es que hasta el momento, once años después de iniciarse las investigaciones, ningún efectivo de la fuerza de seguridad provincial fue condenado por este delito.

La punta del iceberg fue un email anónimo que recibió Camporini a fines de 2012 con denuncias de investigaciones administrativas “congeladas” en causas de policías denunciados por su crecimiento patrimonial. A los pocos días, el funcionario recibió en su despacho al secretario de Control de las fuerzas de seguridad de la provincia, Miguel Picca, quien le entregó un detallado informe con todos los casos que la Dirección de Asuntos Internos había detectado desde 2004.

Con la lista depurada (algunas carpetas habían sido archivadas), Camporini cursó las actuaciones a los fiscales de primera instancia. Actualmente, hay 26 investigaciones en curso, de las cuales 24 pertenecen al viejo sistema penal y solamente dos al nuevo. Los expedientes, en su mayoría, están muy lejos de la instancia de condenas.

En el delito de enriquecimiento ilícito, la persona implicada debe tener, primero, la chance de explicar si su aumento patrimonial obedece a ingresos demostrables. Hay una etapa de vía administrativa en la que son supervisados los bienes del funcionario y de sus familiares directos. Si persisten las sospechas, entonces sí se envía lo actuado a la Justicia.

La Dirección de Asuntos Internos es la encargada de pedir informes a la Administración Provincial de Impuestos (API) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sobre los bienes de los oficiales. Además, solicita datos al Banco Central (cuentas registradas), a la Inspección General de Personas Jurídicas (para saber si  forman parte de sociedades anónimas), a Catastro y al Registro de la Propiedad (compra de inmuebles) y a Migraciones (viajes realizados al exterior).

“Es un delito muy difícil de comprobar”

El fiscal Carlos Covani tiene en su poder una de las principales investigaciones abiertas contra funcionarios policiales de alto rango. Hay seis uniformados en la mira: Hugo Tognoli (detenido por la Justicia Federal y juzgado actualmente por presunto encubrimiento a un narcotraficante), Cristian Sola (asumió como máxima autoridad en noviembre de 2012 y duró en el cargo hasta febrero de 2013), Alejandro Druetta (ex jefe de la Brigada de Drogas del departamento General López), Fernando Romitti (hasta el 19 de enero de 2012 estuvo en la sección Inteligencia de la ex Drogas Peligrosas en zona sur), Dardo Saucedo (jefatura regional San Gerónimo) y Marcelo Mendoza (ex comisario y segundo en jerarquía de la Dirección de Prevención de Adicciones)

La causa tenía a otros dos oficiales superiores implicados, Hugo Fornero (ex jefe de Orden Público) y al sargento Jorge Blanco, aunque a fines de julio Covani pidió el archivo de las acusaciones en su contra al constatar que no había “situación irregular” entre los patrimonios y los ingresos declarados.

“El delito se configura cuando la persona no puede explicar su patrimonio, recién ahí uno puede instruir la causa”, le explicó el fiscal a Rosarioplus.com, quien detalló que la semana pasada le pidió celeridad a Asuntos Internos con los últimos informes pendientes. El funcionario ya entrevistó a los seis policías, por lo que adelantó que en breve “habrá novedades” en cuanto al futuro de la investigación.

Covani no puso excusas y admitió que es “muy difícil” llegar al fondo en este tipo de expedientes. “Este es un país en donde muchos movimientos económicos no se registran, lo que dificulta aún más la tarea”, afirmó. Su experiencia marca que, por ejemplo, facturas de una actividad paralela por un determinado monto de dinero, negocios familiares y hasta el argumento de trabajos en negro pueden “camuflar” una coima. “No es nada fácil de comprobar”, subrayó.

La mansión de Sola

El 23 de noviembre de 2012, Rosario12 publicó una denuncia del legislador peronista Gerardo Rico, que señalaba que el flamante jefe de la policía santafesina, Cristian Sola, quien había asumido en el cargo tras la salida de Tognoli, tenía una majestuosa propiedad en la localidad de Roldán, valuada en 500.000 dólares. El legislador especificó que se trataba de un inmueble ubicado a unos 600 metros de la ruta A012, con gimnasio, pileta de natación y garaje para tres autos. En aquel tiempo, el sueldo del entonces jefe de Policía provincial rondaba los 15 mil pesos.

Mientras fue subjefe de la fuerza, Sola (48 años) estuvo a cargo de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas). Antes de eso había sido jefe de la Unidad Regional II. Tras su alejamiento de la fuerza policial, incursionó en el rubro textil y en asesoramientos técnicos a empresas de seguridad.

Consultado por este tema, Covani señaló que Sola presentó “mucha documentación” para justificar aquella inversión, por lo que se necesitará de algún perito contable para poder verificar la autenticidad de los papeles.

La causa que está más cerca de llegar a un juicio

Hugo Giuliano fue jefe de la Agrupación Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II a principios de la década pasada. También supo dirigir dos departamentales en el sur de Santa Fe. El 15 de abril de 2014, tras un proceso judicial de diez años, el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola lo procesó por enriquecimiento ilícito. Su abogado defensor apeló la resolución, por lo que el expediente pasó a la Cámara Penal.

Sin embargo, el camarista Carlos Carbone rechazó la queja de la defensa y elevó la causa a juicio, algo histórico en Santa Fe. Las idas y vueltas por las que atravesó la investigación dan cuenta de las trabas que deben sortear los trámites de esta naturaleza.

La investigación en Asuntos Internos comenzó en 2004. En 2008, la denuncia pasó a los Tribunales provinciales. En octubre de 2011, la jueza Patricia Bilotta sobreseyó a Giuliano por el vencimiento de los plazos procesales. El fiscal Esteban Franichevich rechazó ese cierre y la Cámara Penal revocó la medida de primera instancia. El material probatorio cayó en manos del Hernán Postma, pero las nuevas medidas no prosperaron. En diciembre de 2013, el magistrado sobreseyó nuevamente al oficial retirado con el argumento de que los plazos estaban vencidos.

Pero el fiscal volvió a apelar y en febrero de 2014 la Sala IV de la Cámara Penal decidió declarar la nulidad del sobreseimiento. La causa fue girada entonces al juzgado de Donnola, quien dos meses más tarde dictó su procesamiento. El ex comisario no pudo demostrar los movimientos de fondos de tres cuentas bancarias, sus propiedades, sus títulos públicos, sus dos autos, su lancha y sus reiterados viajes al exterior.