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Las claves del proyecto que busca regularizar 539 mil hogares

En la semana de la gira del Papa Francisco y del “debate sobre el debate”, pasó desapercibida una de las novedades que deja el kirchnerismo antes de su salida de la Casa Rosada. Es que la presentación de la ley federal de regularización dominial de la vivienda familiar por parte de la presidenta, no figuró en los portales de los diarios de mayor tirada en el País.

Se trata de un proyecto que fue enviado al Congreso Nacional para su tratamiento y prevé la regularización de la situación habitacional de más de 539 mil hogares. Es una ley marco que otorga herramientas jurídicas y financieras a los municipios que busquen regularizar y urbanizar los asentamientos situados en tierras fiscales o en inmuebles de dominio privado que estén ocupados y en controversia judicial antes del primero de enero de 2015.

Hoy algunos municipios ya llevan adelante programas de regularización (por ejemplo Plan Hábitat en Rosario), pero los mecanismos legales son de difícil implementación y dependen de la capacidad de los gobiernos de adquirir financiamiento. Con ésta ley se pretende saltar estos escoyos, por lo que se propone que las jurisdicciones locales adhieran a la propuesta nacional.

En materia de tierra pública se facilitan los trámites (modificación de ley 21890); se autoriza la transferencia directa de nación a municipios, a las familias ocupantes o entidades asociativas; se regulan esquema de pagos y precios topes de venta (ley 21.890); y se autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a adquirir inmuebles con destino a vivienda social.

Pero quizás las novedades más importantes se relacionan con las modificaciones en torno a tierras privadas y acerca de los instrumentos para la coordinación de políticas de nación con los estados sub-nacionales. En el primer caso, se propone un Programa de Financiamiento para la compra de inmuebles de dominios privados que antes del 1 de enero de 2015 se encuentren bajo expropiación o controversia judicial; se define el Tribunal de Tasación de la Nación como organismo que fijará el precio máximo de compra; se obliga a los municipios a realizar las tareas necesarias para la urbanización (relevamiento de población, documentos de subdivisión, adquisición de inmuebles para el realojo, escrituración, etc.), tareas que podrán financiarse con el Programa de Financiamiento antedicho; y se fijan topes para la compra por parte de los hogares (las cuotas no podrán ser superiores al 19% de la jubilación mínima, el precio total no podrá exceder 28 jubilaciones mínimas mensuales y el plazo de pago será entre 15 y 20 años).

Al mismo tiempo se modifica la conocida ley Pierri (24.374), cuya última actualización fue 2009 y se extiende a 2015. La misma otorga un título de propiedad respaldada que se hace efectiva con pleno derecho al transcurrir 10 años, que ahora se propone que sean 5 años. Por el momento sólo se encuentra vigente en 6 provincias (Buenos Aires, Salta, Córdoba, Tucumán, Mendoza - delegada a sus municipios- y Santa Fe), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bariloche.

A nivel de financiamiento se crea también el Fondo Permanente para la Regularización Urbana, Social y Dominial de Barrios Informales, el cual sumará los recursos del recupero por venta de las tierras que son de dominio Estatal y tendrá un uso específico que es el de desarrollar políticas habitacionales; y se posibilita el fondeo por parte del Tesoro, Ansés u otros organismos a través del Fondo de Garantía de los créditos por cobrar de los planes de pago.

En cuanto a la coordinación de políticas habitacionales en términos generales se instruye al Poder ejecutivo a crear, implementar y evaluar políticas, planes y programas destinados a regularizar la situación dominial de los hogares. Para ello se crea un Registro Nacional de Barrios y Viviendas Informales y el Consejo Federal, en conjunto con las provincias y la CABA, que estará encargado de analizar y generar propuestas de implementación de programas de regularización a nivel local.

A fines de evitar el desalojo se invita a las jurisdicciones sub-nacionales adaptar sus leyes para que sea necesaria la previa notificación y consulta a las autoridades de aplicación de Regularización Dominial provincial y nacional, las cuales podrán pedir la suspensión por 180 días para generar soluciones alternativas.

A nuestro parecer es una gran novedad legislativa, que habilita a los gobiernos municipales y provinciales a adoptar iniciativas en materia de derechos al hábitat y a la ciudad. El problema dominial tiene gran impacto en la calidad de vida de la población. Los hogares con problemas de dominio tienen acceso precario a los servicios públicos y no son sujetos de crédito para mejora habitacional. Sin embargo, de aprobarse la ley, y como suele suceder, las potencialidades de la misma se pondrán en tensión con las capacidades y voluntad política de los gobiernos locales, a la vez que abrirán nuevas posibilidades y desafíos a los actores organizados de la sociedad civil que tienen en su agenda los derechos sociales de acceso a la ciudad y a la vivienda.

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