La muerte del fiscal Alberto Nisman, quien estaba a cargo de la investigación por el atentado terrorista a la AMIA en 1994, y las sospechas acerca de cómo se produjo, han puesto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en un callejón del cual será muy difícil salir y al país en una situación incómoda ante el mundo.

El atentado a la AMIA supuso uno de los episodios más dolorosos de la historia Argentina. Nisman era el fiscal a cargo de la investigación y, a comienzos del año, denunció a la primera mandataria y a algunos de sus funcionarios por el presunto encubrimiento de exfuncionarios iraníes investigados, con el argumento de que su gobierno pretendía distender la relación bilateral con Irán, para reforzar los vínculos comerciales con ese país. La importancia de esa relación radicaría en la posibilidad de intercambiar cereales argentinos por petróleo iraní, en el marco de una crisis energética estructural que Argentina atraviesa desde hace ya varios años. Para encaminar esa relación comercial -siempre en el terreno de los supuestos- el gobierno argentino debía distender la relación político-ideológica con su par iraní. Es allí donde cobra importancia el Memorándum de Entendimiento entre ambos gobiernos que le permitiría a magistrados argentinos tomarles declaraciones a los ciudadanos iraníes sospechados.

Lo cierto es que la causa AMIA se encontraba empantanada hasta la suscripción del Memorándum, debido a la imposibilidad de tomarle declaraciones indagatorias a los iraníes presuntamente implicados. Eso es tan cierto como el hecho de que el documento suscripto por el Poder Ejecutivo y luego ratificado por el Congreso -que supuso un enorme desgaste político y mediático para el gobierno argentino- fue incapaz de sacar del pantano a la causa, por el simple motivo de que el gobierno iraní nunca lo convalidó. Y aquí hay que marcar un primer hito: si el el Memorándum de Entendimiento tenía el objetivo de proteger o encubrir a ciudadanos iraníes sospechados y, por lo tanto, era conveniente para Irán ¿porqué su gobierno lo hizo a un lado y no lo ratificó?

Otro hito a tener en cuenta para comprender lo sucedido: el supuestamente ventajoso intercambio de 

cereales por petróleo como consecuencia de la suscripción del Memorándum entre ambos países nunca se produjo, de hecho las relaciones comerciales entre ambos países son actualmente de baja intensidad.

No obstante lo dicho, la denuncia efectuada por el fiscal Nisman debería haber seguido su curso, fuera susceptible de ser debidamente probada o no, y el funcionario tendría que haber podido asistir al Congreso el lunes 19 de enero para brindar la información del tema a los legisladores. Pero Nisman murió y no queda claro aun de qué manera, en qué circunstancias. Ante el hecho de su muerte, surgen las interpretaciones, que son muchas, muchísimas. Pero lo cierto es que la muerte del fiscal no se resolverá por la creencia suscripta por la mayoría de la opinión pública, sino por la labor de la justicia.

Un hecho tangible es que el gobierno de Cristina Fernández, que se encuentra en el declive natural de un final de mandato, que arrastra el desgaste político de haber rubricado un Memorándum que a la postre se mostró inútil, y que se enroscó en una políticamente onerosa batalla campal con un servicio de inteligencia que se reveló como ingobernable e intrigante para con sus propios patrones, se enfrenta a una muerte dudosa que lo perjudica más que a nadie. Hay que decirlo sin vueltas, la muerte de Nisman perjudica ante todo al gobierno. No lo victimiza, porque las víctimas directas en este caso son el propio fiscal y sus seres queridos.

Pero si lo perjudica, tanto ante la opinión pública local como ante la opinión pública internacional.

Distintos medios de comunicación, especialmente de los Estados Unidos y del Reino Unido, fustigan al gobierno argentino -el cual se ha esmerado por enemistarse con ambos países- alimentando distintas teorías que alcanzan a la propia presidente o a sectores de su administración que habrían buscado “congraciarse” con ella silenciando al fiscal.

Independientemente de las variopintas teorías conspirativas, Argentina ya era mirada con recelo en buena parte del mundo por su legendaria imprevisibilidad jurídica como marco para hacer negocios, por sus notorias dificultades para gestionar la salida de un default que se prolongó por demasiado tiempo, por sus dificultades para controlar sus fronteras -entre ellas la Triple Frontera con Paraguay y Brasil, señalado como una suerte de “zona franca” del terrorismo internacional-, por una diplomacia muchas veces errática. La extraña muerte de Nisman no es solamente la muerte de un magistrado, lo cual ya habla por sí de su gravedad, sino que se trata de la muerte dudosa de un fiscal que investigaba un atentado terrorista en momentos en que el mundo occidental -encabezado por los Estados Unidos y la Unión Europea- se encuentran sumidos en una lucha encarnizada con el terrorismo de origen islámico. El mensaje que se destila, es que Argentina es un país permeable al terrorismo y por lo tanto, inseguro para involucrarse en cualquier clase de relación política o económica.

Que la muerte del fiscal Nisman fuera esclarecida sería un punto de partida y no una meta, porque detrás resta investigar las denuncias de Nisman y llegar al fondo de la causa AMIA. Pero por sobre todas las cosas, el esclarecimiento es tan humanamente necesario para sus seres queridos como políticamente necesario para un gobierno que se encuentra cada vez más aislado, éticamente necesario para una sociedad que necesita volver a creer en la justicia y económicamente necesario para un país que necesita demostrarle al mundo que se puede confiar e invertir en él.