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Envían a juicio a los líderes de la rebelión policial

Un fiscal federal pidió el procesamiento a tres policías y un civil por el acuartelamiento de 2013 en Santa Fe

 

El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez pidió el procesamiento de un civil por instigación y de tres policías de la provincia por el delito de "sedición" por los acuartelamientos de diciembre de 2013. El civil señalado es el ex oficial de Policía Alberto Martínez, fundador del sindicato policial no reconocido Apropol.

Sede de Apropol en Rosario
 

 

Rodríguez consideró en su escrito que “las fuerzas policiales no pueden ampararse en medidas gremiales”, y encuadró la conducta de los acusados en un delito contra el orden público.

Según el sitio web del Ministerio Público Fiscal, el funcionario consideró que “la paralización de la actividad policial, que se replicó en otros distritos del país, están tipificados como sedición en el artículo 229 del Código Penal”. 

En diciembre de 2013, uniformados de las distintas fuerzas provinciales cesaron sus tareas y se movilizaron en reclamo de aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo a los gobiernos de sus respectivas provincias.

De acuerdo a la interpretación de Rodríguez, Alberto Rubén Martínez habría sido el instigador de los hechos, en tanto que Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani están acusados del delito de sedición.

El representante del Ministerio Público consideró que “Martínez instigó los hechos ocurridos valiéndose de la utilización de redes sociales y a través de distintos llamados telefónicos transcriptos en la causa”.  El propio Martínez reconoció su participación en los llamados "alzamientos", pero los encuadró en el ejercicio de la libertad sindical. Sobre ésto, el fiscal sostuvo que la sindicalización de los agentes de las fuerzas de seguridad no está contemplada en la legislación argentina. 

Imagen de la protesta en diciembre de 2013 (Telam)
 

 

Sobre Abasto, Patiño y Pagani, el fiscal federal refirió que todos ellos "contribuyeron con su aporte individual al alzamiento de la policía provincial a la que pertenecen, del cual derivó el arrancamiento de una medida o concesión al poder público relativa al mejoramiento de las condiciones laborales del personal de seguridad y penitenciario, configurando el delito de sedición".

 

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