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El jefe de policía de Obeid y Binner, también flojo de papeles

Daniel Cáceres fue la máxima autoridad de la fuerza policial de Santa Fe entre octubre de 2007 y agosto de 2008. Está siendo investigado por un abultado patrimonio, el cual no logró justificar. Su abogado defensor pidió que se archive la causa por el “vencimiento de los plazos”. La Cámara Penal ratificó la vigencia del proceso

Octubre de 2007 no fue un mes tranquilo para la administración de Jorge Obeid, en retirada tras el histórico triunfo electoral del socialismo. El día 15, el por entonces jefe de la Policía de la Provincia, Gabriel Leegstra, ordenó un sumario administrativo contra el titular de la División Drogas Peligrosas de Rosario, Alejandro Franganillo, al comprobarse irregularidades en un procedimiento realizado en 2005. La noticia cayó como una bomba en la gestión peronista. A las pocas horas, Obeid ordenó el relevo de Leegstra por haber ventilado que su colega estaba bajo sumario interno por un operativo antinarcóticos fallido que obligó al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario a declarar nulo el procedimiento y absolver a los imputados.

“El Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto informa que en el día de la fecha, el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia, Dr. Roberto Rosúa, aceptó la renuncia del Comisario General Gabriel Leegstra al cargo del Jefe de Policía de la provincia de Santa Fe. En su reemplazo asumirá el Comisario General Ricardo Daniel Cáceres, quien se venía desempeñando como sub-jefe provincial de la fuerza", fue el breve y escueto comunicado que brindó la Casa Gris en el afán de frenar un escándalo que se había instalado con fuerza en la agenda mediática.

Con un perfil muy bajo, Cáceres quedó a cargo de la fuerza. Su tono pragmático y conciliador le permitió ganarse la confianza de Hermes Binner, quien asumió como gobernador dos meses más tarde. “Es todo un orgullo trabajar con al actual gobernador”, dijo el día que fue ratificado en su puesto.

Cáceres preservó su cargo hasta agosto de 2008, fecha en la que colgó su chapa de policía. Su lugar lo ocupó el comisario Juan Hek, jefe de la Unidad Regional 1 de Policía de Santa Fe. La Dirección Provincial de Asuntos Internos citó a Cáceres a los pocos meses de su retiro para que justificara su abultado patrimonio. Las pruebas presentadas por Cáceres fueron inconsistentes. El trámite administrativo dio paso a una causa judicial.

Lo llamativo es que la irregular situación de Cáceres se repitió años más tarde con sus sucesores. Osvaldo Toledo (reemplazó a Hek en diciembre de 2009 y ocupó el máximo cargo hasta fines del 2011), Hugo Tognoli (diciembre 2011/octubre 2012) y Cristian Sola (noviembre de 2012/febrero de 2013) también están siendo investigados por el delito de enriquecimiento ilícito. Sus causas, sin embargo, están hoy muy lejos de la instancia de sentencia.

Este martes, Rosarioplus.com detalló que 97 policías fueron investigados desde el 2004 por este delito. Sin embargo, la Justicia no llegó aún a ninguna condena.

Muchos bienes, pocos justificantes

Cuando un funcionario está sospechado por el delito de enriquecimiento ilícito la carga de la prueba se invierte: la inocencia no se presume sino que debe ser demostrada. Si esto no ocurre, el fiscal de turno está en condiciones de instruir un proceso judicial.

En el caso de Cáceres, la causa se judicializó en 2013. El 29 de julio de 2014, Asuntos Internos elevó un informe a la Justicia en el que sostenía que el oficial no podía justificar el incremento de su patrimonio. El 14 de agosto, la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas, a cargo del expediente, lo citó para que brinde declaración indagatoria, pero no se concretó. El segundo llamado lo formuló el juez Luis María Caterina el 22 de septiembre del año pasado, pero tampoco se llevó a cabo.  

Los magistrados pretendían indagar sobre los fondos utilizados por el ex jefe de policía para hacerse de sus bienes más onerosos: dos casas céntricas en Rosario, una casaquinta con pileta en Puerto Paraíso, un barrio cerrado de la localidad de General Lagos que cuenta con amarradero de embarcaciones, y sus tres vehículos, un Peugeot 407, un Citroën C4 y un Fiat Siena.

El estancamiento de la causa hizo que el abogado de Cáceres, Horacio Corbacho, pidiese la prescripción de la investigación. Según su argumento, ya se habían cumplido seis años del retiro del oficial, el máximo de la pena prevista en la escala para tal ilícito. Sin embargo, en su fallo, el juez Caterina aclaró que la persecución penal estaba vigente, debido a que la fecha a tomarse en cuenta no era la del retiro del funcionario, sino la de inicio del expediente judicial.

El letrado apeló la resolución, por lo que el trámite recayó en la Cámara Penal. En abril de este año, la camarista Georgina Depetris aseveró que la causa no estaba prescripta y por lo tanto Caterina deberá continuar investigando.

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