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Crónica de una mentira sobre otra

Por acción u omisión de distintos actores del Estado, la muerte de un joven que había venido a visitar familiares continúa sin esclarecerse. Si fue un crimen policial, ni siquiera se investigó como tal

El caso Franco Casco puso otra vez en el ojo de la tormenta a la Policía rosarina (y van...). Es que el chico de Florencio Varela que apareció muerto en el río Paraná, luego de casi un mes de estar desaparecido, en el último lugar que había sido visto con vida fue en la Comisaría 7ª, donde estuvo detenido luego de una supuesta “resistencia a la autoridad”. Los uniformados aseguran que dejaron en libertad al pibe luego de algunas horas en la seccional; pero numerosas irregularidades en sus declaraciones y procedimientos hacen sospechar a los investigadores sobre su versión de los hechos. Por ello el caso dejó de ser investigado por la Justicia Provincial, al ser recaratulado como una “desaparición forzada de persona”, un delito federal. En este marco, este jueves los familiares de Franco se presentaron ante el Juez Carlos Vera Barros, y pidieron ser querellanes en la causa que investigará los hechos. “El último lugar en el cual Franco fue visto con vida fue en la seccional, donde a su vez le ocultaron información a los familiares mientras lo buscaban”, explicó a Rosarioplus.com Gabriel Ganón, Defensor General de la provincia y principal impulsor de que la investigación fuera tomada por el foro Federal.

Franco Ezequiel Casco tenía 20 años. No contaba con antecedentes penales de consideración, ni se drogaba. No tenía amigos pesados, ni le gustaban las peleas; era más bien introvertido, muy tímido y solía estar acompañado de su familia. Por eso vino a Rosario, desde Florencio Varela el fin de semana del 3 de octubre del año pasado, para visitar a sus tíos y primos de barrio Ludueña. Llegó en tren y estuvo unos pocos días. El 6 del mismo mes tenía boleto de vuelta a su ciudad; tenía que ver a su hijo Thiago, de 3 años. Ese lunes juntó sus pertenencias y arrancó con tiempo para la Estación Rosario Norte, porque, al no conocer bien la zona, podía tardar y perder su pasaje. Incluso su tía pasó por la terminal de trenes un rato después, por si las dudas, y no lo encontró. Supuso que ya estaba en uno de los vagones, yendo hacia provincia de Buenos Aires. Pero, al día siguiente se enteró de que el pibe nunca llegó.

El domingo 12 Elsa Godoy, la mamá de Franco, se hizo presente en Rosario y realizó la denuncia de su falta ante el fiscal Guillermo Apanowicz, pero, según la mujer, no le prestaron mucha atención.

Unos días después vino desde provincia de Buenos Aires Ramón Casco, el padre del chico desaparecido. Desde la terminal de ómnibus se fue derecho a la comisaría 7ª, porque sabía que era la seccional que tenía jurisdicción en la estación Rosario Norte. Ya en la recepción vio que había algo que no andaba bien. “Los policías que lo atendieron empezaron a cuchichear y mirarlo de reojo. Se generó un clima muy extraño, por lo que Ramón se dio cuenta de que había algo raro”, explicó una fuente a Rosarioplus.com. Luego de varias respuestas evasivas, los uniformados le confirmaron que su hijo había estado detenido en el lugar, pero le aseguraron que lo liberaron poco después.

Tuvieron que pasar más de 10 días y varios titulares de los diarios locales para que la causa comience a agilizarse. Fue en este marco que las autoridades de la 7ª presentaron su libro de actas ante la fiscalía y ofrecieron versiones disímiles de lo que había pasado. Como primer irregularidad, se constató que Franco fue registrado con el apellido de su mamá y que la firma de ingreso no era la del muchacho. A su vez, en la primer declaración los responsables de la comisaría dijeron que el chico fue detenido el 6 de octubre por la noche y liberado el 7 después del medio día; luego se retractaron, señalando que fue arrestado el mismo día de su liberación, por la mañana.

Cuando los investigadores provinciales solicitaron ver el parte médico de Casco, pudieron ver que la médica que lo revisó señaló en su informe que el chico tenía golpes, estaba obnubilado y desorientado en tiempo y espacio. A su vez, en una foto tomada llamativamente mal, constataron que el muchacho tenía signos de haber sido torturado.

Fue en este momento que la causa estalló, ya que sólo contaba con un imputado, el propio Franco, acusado de resistencia a la autoridad.

En medio de todo esto, corrieron versiones de que el muchacho estaba con vida, deambulando por la calle. Según el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, un hombre aseguró que lo vio en un templo evangélico pidiendo ropa y comida; y el gobernador Antonio Bonfatti se quejó ante los medios de que “en el caso Casco hay militantes oportunistas que ya están condenando".

La comisaría 7ª no fue intervenida, ni allanada. Todos sus empleados continuaron trabajando con normalidad (algo que ocurre hasta la fecha) y Franco seguía desaparecido.

Pero la mañana del 30 de octubre, alguien divisó un cadáver flotando en el río Paraná, a la altura de Canal 5. Estaba hinchado y comido por los peces; había comenzado a descomponerse, pero en uno de los brazos se podía leer con claridad un nombre: Thiago. Ese mismo día, los papás de Franco reconocieron su cuerpo.

Ya nadie se atrevió a hablar de averiguación de paradero. Tras varias manifestaciones, fuegos cruzados y las declaraciones de la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, el 27 de noviembre pasado, la jueza Roxana Bernardelli determinó la incompetencia de la justicia provincial en el caso, y ordenó que se recaratule como “desaparición forzada de personas”, pasando la responsabilidad de la investigación a la Justicia Federal, por lo que quedó a cargo del Juez Carlos Vera Barros.

Si las teorías de la querella se confirman, la Unidad Regional II de la Policía provincial sumará un nuevo escándalo. Hoy es el tigre de las mil manchas de la gestión socialista.

Justicia en primera persona

La presentación fue en las oficinas de Oroño 940. Familiares del muchacho muerto, acompañados por varias decenas de militantes sociales, solicitaron ante la Justicia Federal formar parte de la investigación de los hechos. Si son aceptados, Ramón Casco, padre de la víctima, será patrocinado por Matilde Bruera. Elsa Godoy, madre del joven, estará asesorada por Salvador Vera Roda, Nicolás Vallet, Guillermo Campana, y los intereses de Thiago Casco, el hijo del joven muerto, serán representados por Santiago Bereciartúa. Con esta medida, la familia Casco busca agilizar y garantizar el buen desempeño del proceso, que arrancó repleto de polémicas y situaciones, por lo menos, poco claras. “El Estado nacional se implicó fuerte en el esclarecimiento de estos hechos. Hoy se dio un paso importante en un proceso legal que será muy complicado”, señaló Ganón, quien estuvo implicado en forma directa con la familia de Casco desde su desaparición, y fue uno de los primeros en poner en duda la versión policial sobre lo hechos.

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