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Cambio de hábito: Colombia ya no reelige presidentes

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la eliminación de la reelección presidencial de la Constitución y cambia sus hábitos políticos, contrariamente a otros procesos que se observan en la región.

No es la primera vez que Colombia sorprende a Latinoamérica. Fue sede del infierno con el padecimiento en simultáneo de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Pero pudo comenzar a rectificar su camino con esfuerzo, con constancia. Y con apoyo de los Estados Unidos -por qué no decirlo- con el Plan Colombia mediante, que supuso una inversión nunca antes vista en la región en materia de entrenamiento, apoyo financiero, logístico y militar para combatir a esos grupos que había logrado poner en jaque al Estado. Eso sí: quienes le “pusieron el cuerpo” a esas batallas, fueron los propios colombianos.

Fue en ese contexto, que el popular líder de derecha, Álvaro Uribe, artífice de muchas de las políticas que lograron acorralar a la guerrilla y al narcotráfico -aunque con vinculaciones cuestionables con los paramilitares que se cobraron numerosas vidas inocentes- impulsó la reelección presidencial en el país. Su criterio fue que él y sólo él podía garantizar los procesos políticos que estaban demostrándole al mundo que el colombiano no era un Estado inviable y que de hecho, era capaz de vencer al fanatismo político y al crimen organizado al mismo tiempo. En otras palabras, Uribe asoció su figura a la idea de que Colombia podía volver de aquel infierno. La posibilidad de la reelección consecutiva impulsada por el presidente fue instaurada mediante una polémica enmienda a la Constitución aprobada gracias al voto de dos legisladores tránsfugas que posteriormente terminaron presos. Gracias a esa reforma Uribe fue reelecto en 2006.

 

 

Hasta se permitió coquetear con la idea de volver a ser presidente por un tercer período consecutivo, seducido por los altos niveles de popularidad de los que gozaba. Pero desistió cuando se percató de que la Justicia se lo impediría y de que -más allá de los límites legales- la permanencia en el poder acabaría por erosionar sus altos índices de popularidad.

Ungió entonces a Juan Manuel Santos como sucesor, quien fuera su ministro de Defensa y mano derecha. Santos ganó y sucedió lo que suele suceder, tuvo vuelo propio. No fue un títere de su antecesor. A lo largo de la historia, fueron raras las ocasiones en las cuales la política le permitió a alguien gobernar a través de otra persona. 

Santos construyó su propia legitimidad política y cuando consideró que había llegado el momento, con los grupos guerrilleros lo suficientemente debilitados luego del cerco que les aplicara Uribe y él mismo, decidió negociar para buscar una paz definitiva. El presidente adoptó como leit motiv de su mandato, terminar definitivamente con el conflicto guerrillero de más de medio siglo y pacificar al país. Eso le deparó un gran apoyo de la mayoría de los colombianos y la enemistad cerril de su ex jefe político.

Santos se convirtió -ahora él- en garante del proceso político, pero esta vez de uno que buscaba alcanzar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (Farc) y que de hecho se lleva adelante en Cuba con representantes del gobierno y la guerrilla. Por esos motivos fue reelecto y se convirtió en el segundo presidente colombiano en la historia con dos mandatos consecutivos.

Pero Santos parece haberse percatado de que los procesos políticos pueden y deben prescindir de los personalismos. Deben continuar independientemente de quién o quienes los conduzcan. Por eso prometió volver a modificar la Constitución para retirar la reelección presidencial. Y cumplió. 

También cumplió la dirigencia política colombiana que, mayoritariamente, entendió que el poder del presidente no puede ser discrecional y deben imponérsele límites. La Cámara de Representantes fue categórica: la reelección presidencial consecutiva, vigente desde 2004, fue eliminada con 90 votos a favor y 10 en contra. Sólo restan tratar tres artículos de la nueva legislación y conciliarla con el Senado, hechos que se producirán en los próximos días.

Podría decirse entonces que la mayoría de los políticos colombianos se pusieron de acuerdo para evitar la tendencia al abuso del poder que cunde en la mayor parte de los sistemas políticos presidencialistas. 

Además de eliminarla, esta nueva legislación intenta ponerle un cerrojo a la reelección consecutiva, porque estipula que, para reestablecerla, podrá hacérselo sólo a través de una Asamblea Nacional Constituyente o de un plebiscito y no ya a través del Congreso. Además, la medida alcanza a otros altos cargos colombianos que tampoco podrán ser reelegibles en el futuro, a saber, el Procurador General -que controla a los servidores públicos-, el Registrador Nacional -que está a cargo del sistema electoral- y el Defensor del Pueblo -que vela por el cumplimiento de los derechos humanos.

La madurez de la dirigencia política colombiana está indisolublemente ligada a la madurez del pueblo. Los últimos sondeos de opinión arrojan que más de 70 por ciento de los colombianos se opone a la reelección. La conciencia popular tuvo un baño de realidad cuando tomó estado público el escándalo suscitado por la trama de sobornos, dádivas y tráfico de influencias que permitió en 2006 la instauración de la reelección durante el gobierno de Uribe. La justicia colombiana investigó, demostró los ilícitos y puso en prisión a tres legisladores, dos ex ministros y al ex secretario general de la presidencia.

Colombia intenta recuperar de este modo el equilibrio entre los poderes del Estado, en momentos en que los negociadores del gobierno y de las Farc anunciaron la creación de una Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será independiente, imparcial y de carácter extrajudicial, para poder avanzar en las negociaciones hacia una paz definitiva. Se trata del primer acuerdo en materia de víctimas que se alcanza después de que se empezara a abordar este punto de la agenda hace un año y llega en un momento crítico para el proceso, después de que la guerrilla suspendiese el cese del fuego unilateral. Los guerrilleros no aceptan someterse a la justicia del Estado que combatieron durante más de medio siglo y amenazan con romper el dialogo para imponer en la negociación su postura. Esta Comisión de la Verdad funcionaría durante tres años y se pondría en marcha a partir del momento en que se firme la paz. Pero ya despierta controversia, porque supone que numerosos acusados de crímenes de lesa humanidad, esquivarían el paso por los tribunales.

Con la supresión de la reelección presidencial, Colombia se sumará a los países de la región que tampoco la contemplan -como Chile, Perú, Paraguay y Uruguay- e irá en sentido contrario a la instauración de la reelección indefinida que fue adoptada en Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

Argentina permanece con su única reelección consecutiva posible, actualmente fuera de discusión. Pero Brasil se encuentra en pleno proceso de debate para eliminar el artículo que le permitió a Fernando Henrique Cardoso, a Luiz Inacio Lula da Silva y a Dilma Rousseff continuar en el poder durante dos períodos.

Los colombianos aparecen como un pueblo maduro que comprendió que justicia y paz deben gestarse juntas, que es posible superar crisis aparentemente insolubles, que al poder se lo debe limitar y que son los procesos y los proyectos -no las personas- los que deben sostenerse en el tiempo. Si los primeros se confunden con las las últimas, tienden -al igual que ellas- a perecer.

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