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Balas vs política barrial: la historia del ataque en Nuevo Alberdi

En enero de 2013, tres militantes del Movimiento Evita fueron baleados por soldaditos de un grupo narco. Aquellos disparos destaparon la conexión y complicidad de un comisario con el crimen organizado. Los jóvenes atacados se alejaron de la militancia y abandonaron la provincia

El calor agobiaba. La puesta del sol había levantado una tenue y aliviadora brisa, atípica para una jornada de enero. Gastón, Ariel y Carlos disfrutaban de una cerveza sin quitar la mirada a los movimientos de la cuadra. Desde hacía unos días, los soldaditos de “Los Romero”, la banda narco de barrio Municipal, se mostraban más desafiantes que nunca. Esa misma tarde, Ramón Ferreyra, padre de Ariel y Carlos, se había comunicado en varias oportunidades con la subcomisaría 2ª para alertar de un “clima caldeado”. Nadie lo escuchó. Pasada las ocho de la noche, desde un auto en movimiento abrieron fuego. Las balas impactaron en los cuerpos de los tres jóvenes.

La escena narrada ocurrió el 10 de enero de 2013 en la periferia de Rosario. Las víctimas, tres militantes del Movimiento Evita, sobrevivieron de milagro a los proyectiles de plomo. La noticia se instaló durante varias semanas en la agenda mediática. Las crónicas empezaban a dar cuenta de que el desenfrenado espiral de violencia alcanzaba también a quienes intentaban combatir las desigualdades de una ciudad fragmentada. Un día antes, el 9 de enero, las balas habían acabado con la vida de Mercedes Delgado, la cocinera de un comedor de barrio Ludueña.

Gastón Aguirre tiene hoy 29 años. Tuvo una larga y dolorosa recuperación. Durante varios meses estuvo internado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca). Los médicos tuvieron que reconstruirle parte de la carótida. Por aquel entonces, Aguirre trabajaba como albañil de 8 a 19 y luego militaba, influenciado por un mandato familiar ligado a la resistencia política. Su tío desapareció durante la dictadura cuando participaba de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Ramón Ferreyra, el padre de los jóvenes baleados que debieron
irse de la provincia. A su lado, Emilio Pérsico, del Evita.

Al momento del ataque, Ariel y Carlos Ferreyra tenían 19 y 21 años, respectivamente. Se dedicaban a la carpintería y la venta ambulante. También colaboraban con el comedor de su padre, un referente del barrio. El hombre fue quien en soledad encabezó el reclamo por las obras necesarias para terminar con las inundaciones, además de luchar por la reposición de la luminaria pública, dañada, según su denuncia, por los narcos para poder operar por las noches. La suerte acompañó a los hermanos aquella trágica noche: los disparos (espalda y miembros inferiores) no perforaron ningún órgano.

Hoy, a dos años y medio de aquella balacera, Gastón, Ariel y Carlos continúan con sus vidas lejos de la provincia de Santa Fe. Tuvieron que irse por miedo a nuevas represalias. “Ingresaron en el Programa de Protección de Testigos y se marcharon. Sabemos que están bien, aunque mucha más información no podemos dar”, le explicó Pablo Basso, referente del Movimiento Evita, a Rosariolus.com

La olla que destapó la balacera

En noviembre del 2012, dirigentes de esta agrupación peronista se reunieron con las máximas autoridades de la municipalidad para informarles de lo que estaba ocurriendo en Nuevo Alberdi, una de las zonas más castigadas por el desborde del arroyo Ludueña. Al desolador cuadro por los efectos del agua, se le había sumado una guerra declarada entre dos bandas ligadas al narcotráfico.

La propia organización advirtió la preocupante situación. Semanas atrás, habían echado a una mujer que militaba con ellos tras sospechar que tenía una cocina de droga en la esquina de Somoza y Luzuriaga, a escasos metros del domicilio de los tres militantes. El nuevo emprendimiento enfureció a los narcos de barrio Municipal. El secreto a voces indicaba que el flamante búnker funcionaba con la venia del comisario Marcelo Mendoza, titular de la subcomisaría 2, quien había asumido meses atrás en el cargo tras su paso por la Dirección de Prevención de Adicciones.

Jóvenes militantes realizan zanjeo en el barrio.

Cuando se produjo la balacera, Mendoza fue defendido a capa y espada por el ministro de Seguridad Raúl Lamberto. El funcionario instaló la hipótesis de que el ataque fue una represalia hacia los militantes por sus vínculos con el negocio de la droga. Cuando esa teoría se derrumbó, el gobierno de Santa Fe decidió desplazar a Mendoza de su puesto. Su apellido aún figura en las investigaciones judiciales abiertas contra integrantes de la fuerza por el delito de enriquecimiento ilícito.

En el expediente por el ataque a los militantes, el Movimiento Evita responsabilizó a Mendoza por filtrar la declaración policial de Carlos Ferreyra (brindó su testimonio mientras era atendido en el hospital) a los propios narcos, quienes al día siguiente amenazaron con un arma en la cabeza a su padre, Ramón, para que retirara la denuncia.

Ninguna investigación prosperó.  “Los narcos salieron airosos, encontraron una buena coartada y al no conseguir testigos, fue imposible involucrarlos en el ataque. Hoy la causa está cajoneada”, se queja Basso, quien aclara que aquel episodio fue un punto de inflexión en la realidad del barrio. “Hoy la situación es otra, se respira más tranquilidad en Nuevo Alberdi”, explica.

Sin embargo, admite que el riesgo de “poner el cuerpo” en las zonas calientes de la ciudad siempre está latente: “Ningún militante pisa un barrio sin saber los riesgos que corre.  Por eso lo prioritario es protegernos y cuidarnos entre nosotros”.

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