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Familiares de Emi y Faku reclaman prisión efectiva para el conductor

Los deudos de Emiliano Cáceres y de Facundo Aguirre apelaron la condena impuesta al conductor Federico Gómez que, borracho, causó el accidente fatal. Exigen que la pena sea de cumplimiento efectivo. Protesta frente a Tribunales

 

Los familiares, amigos de dos jóvenes que murieron en un accidente de tránsito en febrero del año pasado, a manos de otro que conducía borracho, se apostaron este martes frente a Tribunales para acompañar su apelación ante la Cámara Penal, que expresa su disconformidad con la pena impuesta para el condenado. Es que ese joven, Federico Gómez, fue sentenciado a tres años de prisión condicional, mientras que los deudos de las víctimas exigen que la sanción penal sea con prisión de cumplimiento efectivo, y que sirva como jurisprudencia en casos futuros, señalaron.

Se trata del caso de Emiliano Cáceres y Facundo Aguirre, que desde entonces impulsa un espacio llamado “Justicia por Emi y Faku”. La madre de Aguirre, Valeria Stortoz, explicó en diálogo con Sí 98.9 que “como querellantes estamos convocados porque hay dos audiencias, hoy y mañana, donde apelamos a la condena que dio a Federico Gómez el juez José Luis Suarez, porque queremos prisión efectiva”. Según dijo, “hoy Federico goza de una libertad condicional, sin pagar por la responsabilidad por las muertes que causó”.

Consultada por un eventual pedido a la Corte Suprema de Justicia provincial, en caso de ser negado su reclamo, Valeria no descartó tal posibilidad pero primero quiso cifrar expectativas en la apelación interpuesta. “Estamos concentrados en esta etapa de apelación, y le ponemos toda la fe y las fuerzas. Después veremos cómo continuamos”.

Fabiana Ferreyra -madre de Emiliano- detalló sobre la otra causa relacionada con la muerte de Emi y Faku, iniciada a la madre de Federico Gómez, Sonia Gómez, ya que es agente de policía y se encuentra imputada junto con otros dos oficiales: “El fiscal (Aníbal) Vescovo detectó la comisión del delito porque ella se llevó las pertenencias de nuestros hijos luego del siniestro y adulteró pruebas de sangre de su hijo, y como funcionaria del Estado sabía que eso estaba prohibido. Fue pasada a disponibilidad, y nosotros lo que pedimos es la exoneración de la fuerza”.

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