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Un río que embarra expedientes: tres muertes y ningún detenido

Los cuerpos de Franco Casco (20 años), Gerardo Escobar (23) y Alejandro Ponce (23) aparecieron flotando en el Paraná. Sus muertes ocurrieron entre 2014 y 2015. Las tres causas tienen a la fuerza policial en la mira, pero las investigaciones no avanzan y al día de hoy ninguna tiene detenidos

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Prefectura en el Paraná al momento de encontrar el cadaver de "Pichón" Escobar

El río Paraná ha sido el lecho de muerte de por lo menos tres casos que -además de éste- guardan algunas similitudes igualmente trágicas: las víctimas eran jóvenes, pobres y en algún tramo de las circunstancias que rodearon el final hubo -hay- personal de las fuerzas de seguridad involucrado de una u otra manera. De esto se hizo eco ya un espacio interinstitucional, la Multisectorial contra la violencia institucional, que nuclea a organizaciones sociales que defienden los derechos humanos. Desde este espacio, por ejemplo, este lunes se puso de relieve la actitud de un fiscal penal que hay promovido el archivo de investigaciones sobre asesinatos con agentes de Policía o de Prefectura Naval involucrados en la autoría de esos crímenes.

El domingo pasado, Rosario/12 publicó una inédita foto en su portada sobre la muerte de Franco Casco, cuyo cadáver apareció en las aguas del Paraná tras estar más de 20 días desaparecido en octubre de 2014. Es una de las siete imágenes que llegaron a la Justicia de forma anónima y que corroboraron la hipótesis que el cuerpo fue atado para que no saliera a flote. Las capturas - en las que se ven dos sogas que cuelgan de la pierna y el brazo izquierdo - las tomó un prefecto que participó del rescate con su celular, pero no formaban parte del paquete que en su día entregó Prefectura sobre el operativo realizado en el río.   

La causa que investiga la muerte de Casco la tiene el juez federal Carlos Vera Barros, con el fiscal Marcelo Di Giovanni a la cabeza. El expediente tiene en la mira al personal de la Comisaría 7ma, donde Casco fue alojado y golpeado tras una irregular detención en la vía pública, pero no tiene ni imputados ni detenidos. Una situación similar ocurre con las investigaciones abiertas por los otros cuerpos que en 2015 se rescataron del Paraná, los de Gerardo “Pichón” Escobar y Alejandro “Tiki” Ponce.

En el caso de Escobar, la causa también está ahora en manos de Vera Barros. En los últimos días del 2016, el juez federal Marcelo Bailaque se apartó del proceso luego de que la Cámara de Apelaciones revocara el sobreseimiento de los cinco imputados (tres patovicas y dos policías), quienes permanecen en libertad desde agosto del año pasado. “Recién ahora la causa vuelve a moverse” señaló Guillermo Campana, abogado de la familia Escobar.

La muerte de Ponce tuvo menos repercusión mediática, aunque también hay claros indicios de violencia institucional. Su cuerpo fue hallado el 2 de noviembre del 2015 tras tres días de búsqueda. El joven se tiró al río junto a su hermano en medio de una persecución policial. Testigos corroboraron la versión de Luis, quien logró sujetarse a una baranda: los uniformados les arrojaron piedras en lugar de socorrerlos. El expediente, en manos de la Justicia provincial, está a punto de archivarse porque la fiscalía sostiene que el chico se ahogó solo.

Un modus operandi que garantiza (aún más) la impunidad

Campana forma parte de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, un grupo de trabajo que nuclea a organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de derechos humanos. Su experiencia en la materia le permite afirmar que hay una “escasísima voluntad política” de persecución penal hacia los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en crímenes por abuso de autoridad.   

Días atrás, el fiscal de homicidios Miguel Moreno dispuso el archivo de las actuaciones en relación a la investigación del crimen  del adolescente Maximiliano Zamudio  (16 años), ejecutado por el prefecto Ariel Fernando Condori Apaza, el 26 de mayo del 2015 en barrio Tablada.  

Un año después, el pedido de justicia por Franco Casco no se detiene.

“Quedó comprobado que los tiros fueron por la espalda desde poco más de un metro. No hay ningún elemento que sostenga la hipótesis del robo al prefecto, tal como sostiene fiscalía según la declaración de este uniformado”, explicó el abogado en diálogo con Rosarioplus.com.

Y agregó: “Hay patrones de conductas que consisten en creer en las versiones de los funcionarios policiales involucrados, delegarle a la misma fuerza los primeros momentos de la investigación, cuestionar a las víctimas y estigmatizarlas. Esto se da casi siempre”.

Si las investigaciones se estacan en casos de gatillo fácil cuando hay un cuerpo, balas, armas peritadas y testigos, entre otros elementos de prueba, qué se puede esperar de causas en las que las víctimas son arrojadas al río, un modus operandi que dificulta las autopsias porque acelera la putrefacción y despersonaliza al individuo.

“Forma parte del conocimiento de quienes comenten estos actos. Saben perfectamente que hay evidencias que se pierden al arrojar una víctima al río, el cuerpo se degrada y se pierden pruebas que de otro manera puede salir a luz al momento una autopsia”, planteó Campana.

Casco: sin imputados a casi dos años y medio del crimen

La foto que publicó Rosario/12 es otra evidencia contundente que apunta contra la fuerza policial. La imagen está junto a otras capturas en el expediente de la justicia federal. Fue tomada por el teléfono celular de un miembro de prefectura al momento de sacar el cuerpo del agua. No fue incorporada a la causa en su debido tiempo y llegó de forma anónima a los tribunales de bulevar Oroño.  

En su momento, Prefectura negó haber usado sogas para su rescate, lo que da la pauta que las sogas que se ven en el brazo izquierdo y en el muslo del mismo lado del cadáver de Casco fueron utilizadas para fondear su cuerpo. Los cinco prefectos que participaron del operativo y el ex jefe de le delegación local deberán ahora dar explicaciones por la omisión de esta prueba.

A su vez, los abogados de la familia de Casco le pedirán una explicación a la fiscal Mariana Prunotto, la representante del Ministerio Público de la Acusación que participó del operativo de levantamiento del cuerpo en la explanada del Club Náutico. La hipótesis es más fuerte es que las sogas fueron quitadas antes de la llegada de la fiscal, quien arribó después que prefectura.

Comisaría séptima, acusada de intervenir en la desaparición de Franco Casco
Comisaría séptima, acusada de intervenir en la desaparición de Franco Casco

En la investigación continúa primando la versión policial. Los policías de la Comisaría 7ma, apuntados como responsables por la detención irregular de Casco (caminaba por la calle cuando fue retenido), la posterior golpiza y el intento de fondear el cadáver, están libres y cumpliendo sus funciones.

Las principales acusaciones recaen sobre el personal de guardia que estuvio en la dependencia policial los días 6 y 7 de octubre, pero por el momento ningún fue llamado a indagatoria, por lo que no se avanzó en ninguna imputación.

Escobar: una causa con los imputados en libertad que recién ahora se vuelve a mover

El penúltimo día hábil del 2016, el juez federal Marcelo Bailaque se apartó de la investigación por el asesinato de Gerardo “Pichón” Escobar. Fue luego de que la Cámara de Apelaciones revocara el sobreseimiento a los cinco imputados que tiene el caso. Todas las actuaciones fueron remitidas al juzgado de su colega Vera Barros, lo que dilató aún más los tiempos del expediente.

Para Bailaque no había ningún elemento de prueba para que Cristian Vivas, César Ampuero y José Luis Carlino, custodios del boliche La Tienda; y Luis Noya y Maximiliano Amiselli, policías que hacían adicionales la madrugada que desapareció Escobar, estuvieran tras las rejas.

Los imputados recuperaron su libertad en agosto, condición que mantienen pese a la decisión de segunda instancia que anuló la decisión del juez. “Salvo que sean procesados, van a continuar todos en libertad durante toda la investigación”, aclaró Campana.

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Una de las tantas marchas por Escobar. Familiares no pierden la esperanza

“Por suerte--detalló el abogado--, la causa empezó en las últimas semanas a moverse otra vez. Se llamó a testimonial a varias personas que ya declararon, están revisando cámaras de seguridad que a nuestro entender fueron adulteradas, entre otras medias. Vemos que hay una voluntad de empezar a profundizar la investigación en varios de los puntos que veníamos insistiendo”

Así y todo, Campana aclaró que “el tiempo perdido es muy difícil de recuperar”. “Lo que no se reveló en su momento es material que difícilmente aparezca. Eso es así. Pero ahora al menos tenemos mejores expectativas”.

Ponce: medidas ignoradas y un expediente al borde del archivo

Para el fiscal Moreno, Luis y Alejandro Ponce se arrojaron al río para escapar de una persecución policial luego de cometer un robo a una pareja que caminaba por el Parque Sunchales. La versión del muchacho que logró salir del agua contradice el relato oficial. Según se declaración testimonial, ambos se encontraban pescando en la bajada de calle Balcarce cuando tres policías, uno con el arma desenfundada, los increparon acusándolos de haber cometido un asalto. Asustados, se arrojaron al río. Él logró sujetarse a una baranda, pero su hermano, que no sabía nadar, se hundió.

El choque de versiones es solo un apéndice del expediente judicial. Los pocos testigos que presenciaron el incidente declararon que los uniformados les arrojaron piedras a los hermanos. El médico de la PDI que sacó el cuerpo de Alejandro del agua puso en su informe que la víctima tenía una contusión en el cráneo, lesión que no fue constatada en la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal.  

“En noviembre pedimos nuevas medidas de pruebas. Solicitamos una reautopsia porque la que se hizo en su momento no cumplió con los estándares mínimos requeridos en estos casos, que declare el médico de la PDI, el detalle del geoposicionamiento de los móviles policiales y la planilla del personal de la Comisaría 3ra que intervino. Pero nada de esto se hizo”, dice Campana.

A fines de febrero, el abogado solicitó un pronto despacho para acelerar el trámite, pero, para su sorpresa, no fue respondido. “Entendemos que Moreno busca archivar la causa en virtud que considera que está concluida la etapa y no hay más nada que investigar. De ser así, vamos a recurrir al fiscal regional Baclini para que se expida y designe a otro fiscal que continúe con el caso”, concluyó.

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