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Un fideicomiso popular para evitar los desalojos

Hoy habrá una nueva audiencia por el desalojo de vecinos de Cullen y Sorrento, un conflicto que se arrastra desde hace 30 años. El Frente Social y popular presentará un proyecto que pretende solucionar definitivamente el conflicto por la titularidad de las tierras

Este lunes, habrá una nueva audiencia por el desalojo que están viviendo los vecinos de Cullen y Sorrento, en donde se intentará destrabar el conflicto que lleva años sin resolverse. El área que comprende son 12 hectáreas en las que viven más de 400 familias desde hace 30 años.

Desde 1999 pesa sobre ellos una orden de desalojo por parte de la Compañía Santafesina de tierras. En estos 17 años, los vecinos denuncian haber sufrido varios intentos violentos de desalojo por parte de las fuerzas del estado. La última orden de desalojo tiene fecha para el 15 de abril de este año.

En este marco, la organización social Causa y las bancas del Frente Social y popular impulsa un proyecto que pretende, precisamente, evitar este tipo de desalojos. Con el apoyo de Celeste Lepratti en el Concejo y Carlos del Frade en la Legislatura, delinearon una propuesta integral de urbanización popular que solucione definitivamente el conflicto por la titularidad de las tierras y avance además  en la urbanización del barrio Cullen eternamente postergado. La propuesta será presentado hoy en la audiencia.

La idea es crear un fideicomiso popular para la urbanización del barrio, con el aporte de diferentes tipos de recursos por parte de los involucrados e interesados.

Habría un aporte del municipio y el gobierno provincial: con las obras públicas necesarias para urbanizar: apertura y pavimentación de calles, forestación  y espacios verdes, red eléctrica y de alumbrado público, red de aguas y cloacas, red de gas.

Además, los vecinos abonarían una cuota mensual del 20% de sus ingresos para adquirir la titularidad de las tierras. Y la Compañía Santafesina de Tierras cedería de forma onerosa las tierras al fideicomiso.

Finalmente, en cuanto a los gastos administrativos del fideicomiso, se conformaría una unidad ejecutora del plan de urbanización, integrada por un equipo técnico, representantes del estado, vecinos y organizaciones sociales para cumplir con las obligaciones del proyecto: económicas, creación de cooperativas de autoconstrucción de viviendas, loteo de los terrenos, prácticas de convivencia ciudadana.

El fondo sería administrado por el Banco Municipal de Rosario y auditado por el Plan Abre, organizaciones sociales, y la Compañía Santafesina de Tierras. 

“Este plan de urbanización popular avanza sobre las políticas públicas de vivienda que necesita nuestra ciudad. El derecho a una vivienda digna es impostergable. Es responsabilidad del estado y compromiso de las organizaciones sociales proponer e implementar soluciones definitivas”, remarcaron los mentores de la iniciativa. Aclararon: “No es un problema entre privados, no es sólo una demanda de desalojo. Es una oportunidad para garantizar derechos, es proponer y construir una ciudad que incluya a los sectores populares. La tierra y la vivienda son derechos a garantizar, no negocios a concretar”.

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