Veinte días después de que el edificio de calle Salta 2141 implosionara por el estallido de una pérdida masiva de gas, llevándose la vida de 22 personas, estuve en el taller de marcos de Lucrecia, quien me enseñó uno de los cuadros y me dijo que era de Florencia Caterina, una de las víctimas fatales de la explosión.

El dibujo del cuadro era algo así como una cama, con el tumulto esponjoso en el centro de lo que podrían ser unas mantas y, arriba, una bola perfecta, blanca, delimitada por tenues líneas grises que, vista de lejos, quedaba casi invisible en el fondo blanco. Florencia Caterina era artista plástica, desde 2008 formaba con dos compañeros de Bellas Artes el grupo La Hermana Favorita, tenía 27 años cuando murió, el 6 de agosto de 2013.

El cuadro que Lucrecia enmarcó se llama “Rancho aparte”, en su página de Flickr Florencia lo había descripto: “En 1921, a sus 20 años de edad el artista rosarino Julio Vanzo, realiza una serie de dibujos influenciados por el primitivismo cubista, y algunos lineamientos del manifiesto futurista. ‘Rancho aparte’ pretende homenajear dicha serie, que permanece apenas oculta en la historia del arte de Rosario”.

Florencia Caterina había llevado ese dibujo al taller de marcos poco antes de la explosión. Lucrecia vio en esa bola blanca sobre el lecho tumultuoso una luna y mientras enmarcaba la lámina se enteró de que la mañana del 6 de agosto de 2013 Florencia no había ido a su clase de yoga porque esa noche hubo luna llena.

La explosión de calle Salta, que hasta entonces me parecía un hecho gigantesco que venía a echar fuego a las privatizaciones de los 90, el rol del Estado en el control de empresas inescrupulosas, etcétera, tuvo a partir de allí un nombre, una historia que cabía en un relato: la imagen de esa luna posada en un lecho fabricado con restos de la historia del arte de Rosario. Ahí cabía la herida: la de una joven artista que se quedó ese día en su casa y nunca más fue a buscar su cuadro.

Juicio oral

El martes 6 de agosto de 2013 a las 9.38 una explosión que se escuchó hasta a 7 kilómetros del lugar y tuvo una onda expansiva de 500 metros, hundió una de las tres torres de diez pisos del edificio de calle Salta 2141. Una pérdida de la cañería central de gas había inundado los espacios comunes de la planta baja y ascendió por el hueco del ascensor, una trampa letal. Esa mañana el gasista Carlos García, contratado por los administradores del edificio luego de haber denunciado una pérdida a Litoral Gas a fines de julio, trabajaba sobre la válvula reguladora que, según su testimonio, estaba mal ajustada.

Desde la fiscalía a cargo de Graciela Argüelles esperaban que a mediados de este año se pudiera comenzar con el juicio oral para señalar los responsables de la tragedia, en particular de la empresa Litoral Gas, a la que la investigación de la jueza Patricia Bilotta señala como negligente en más de una ocasión, porque volvió a proveer gas al edificio en julio de ese año cuando aún no se había constatado que el problema de la pérdida estuviese solucionado.

Hoy la válvula y otros elementos de la conexión que habría provocado la explosión están en un depósito judicial a la espera de que un perito oficial vuelva a revisarlos y emita un veredicto (los peritajes anteriores fueron realizados por privados).

“Lo queríamos hacer (las audiencia del juicio oral) a mediados de este año, habíamos reservado fecha en la Oficina de Gestión Judicial –dijo el viernes último la fiscal Argüelles a este periodista–, que es la que fija las audiencias, pero nos obstaculizó esto de que no conseguíamos perito oficial, hasta que encontramos al de la policía judicial de Córdoba, que aceptó el cargo pero demoró cinco meses porque tuvo que estudiar toda la causa, que son 31 cuerpos”.

A cuatro años la Justicia penal no pudo establecer aún las causas y los responsables de la explosión, cosa que podría cambiar ni bien se expida el perito de la policía judicial cordobesa que mencionó la fiscal Argüelles y comience el juicio oral.

“No nos cabe en la cabeza que una sola persona, como el gasista García –dijo el viernes la fiscal–, sea el autor de semejante desastre. O sea, él trabajó en contra de las normativas, pero también queremos saber cómo estaban esas instalaciones antes, en el momento en que García empieza a echarles mano”.

A todo esto, Litoral Gas no pagó un solo peso hasta ahora de las multas surgidas de la causa administrativa que inició Enargas –el ente regulador del sector– casi un año después de la tragedia. El monto total ascendía a los 6,5 millones de pesos, la suma 13 faltas graves valuadas en 500 mil pesos cada una por incumplimiento de las normas y faltas de control, asunto del que tomaron nota en la Justicia penal. Pero Litoral Gas –cuya región de operaciones abarca una superficie de 136.387 kilómetros cuadrados y tiene una población total de unos 3,5 millones de habitantes– consideró injusta la sanción de Enargas y llevó su reclamo a Tribunales: la Cámara Federal de Apelaciones ratificó la multa el 2 de febrero pasado –según se desprende de una investigación hecha para Chequeado. Ahora debe expedirse la Corte Suprema, donde la empresa presentó un recurso el 3 de marzo de 2017. Para Litoral Gas fueron el consorcio del edificio y el gasista los únicos responsables de la explosión que dejó 22 muertos y casi 70 heridos.

La resolución de Enargás contra Litoral Gas será tomada en cuenta en el juicio oral, ya que considera que la empresa no cumplió con la normativa vigente en el edificio en las semanas previas a la tragedia, además de las fallas en la aplicación del plan de emergencias después de la explosión.

“Nos sentimos muy responsables como fiscalía –dijo Argüelles– y queremos agotar la prueba hasta la última instancia, porque justamente tenemos una especial responsabilidad y respeto por todos los muertos y las víctimas sobrevivientes, entonces tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Pero todo cuesta, porque no tenemos un cuerpo de peritos, no tenemos recursos económicos”.

Hábitos
 
La explosión de Salta 2141 dejó también como saldo un nuevo hábito: el corte preventivo de gas. La empresa, amparada en la normativa que la habilita a intervenir sólo cuando el problema se registra en el espacio público (en la vereda, donde se encuentra el medidor), y que cualquier falla en el interior de una vivienda o edificio queda en manos de un gasista matriculado, interrumpe el servicio de gas ante cualquier denuncia. Lo que generó un hábito no menos peligroso entre los usuarios, que evitan dar aviso a Litoral Gas si hay algún inconveniente.

De la nota citada de Chequeado, cientos de los ocho mil edificios habilitados en la red de gas natural de Rosario se encontraban sin servicio desde agosto de 2013 hasta 2014. La cantidad de cortes rondaba los 100 por mes cuando el promedio histórico de cortes por pérdidas siempre fue de unos 20 mensuales –con un lapso estimado para la reconexión de 15 días si todo fluyera con normalidad, aunque hubo casi un centenar de edificios que estuvieron hasta seis meses sin gas. El número –según indicaron desde Litoral Gas– volvió a estabilizarse desde 2015. La empresa atribuye las demoras para volver a conectar el servicio a la forma en que los consorcios financian las obras.

Asimismo, se multiplicaron las escenas de alarma ante cualquier pérdida de gas o signos de fuerte olor. Las calles interrumpidas por camiones de bomberos, camionetas de Defensa Civil y móviles de Litoral Gas ganan los medios de vez en cuando y se prolongan en pantalla, invocando el fantasma de aquella explosión, hace cuatro años, cuando una luna llena de fuego hundió una torre en Salta 2141 llevándose la vida de 22 personas, entre ellas la de Florencia Caterina, quien nunca volvió al taller de marcos por su cuadro y hoy reposa en esa cama hecha de retazos de la historia del arte de Rosario.
Que en paz descansen. Sea justicia.