Lunes 17 horas. Periodistas, trabajadores de la comunicación y representantes de organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos, universitarios y estudiantiles de Rosario debaten qué hacer ante los decretos del gobierno nacional que, de un “plumazo”, tiran por la borda las conquistas alcanzadas en campo de la comunicación.

La reunión se lleva a cabo en la sede del Sindicato de Prensa y se encuadra dentro del plan de lucha lanzado por la Coalición para una Comunicación Democrática, un histórico colectivo de trabajo que vuelve a la calle para que la información sigua siendo un derecho y no una mera mercancía.

Rosarioplus.com es testigo de los primeros retazos de una resistencia que empieza a tomar fuerza. Las caras largas y los rostros abatidos se replican en el comienzo de la reunión. Las noticias no son nada alentadoras. Lo impensado se convierte en realidad: pese al impedimento judicial, en el Boletín Oficial aparece publicado el DNU que modifica de raíz la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por amplia mayoría en el Congreso en 2009.

El decreto no sólo disuelve el Afsca, la Aftic y crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), sino que apunta al corazón antimonopólico de la norma. A grandes rasgos, suprime todo tipo de control del Estado y de la ciudadanía en materia de medios de comunicación. Deja sin efecto los límites a la concentración y anula las herramientas anitimonopólicas de la ley, todo lo contrario a lo que postulan los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

“Esto cambia todo. Abre un nuevo escenario. La amenaza ya es una realidad”, plantea preocupado el representante de Farco, la asociación civil que nuclea a las radios comunitarias. En el centro de la mesa, Estela Hernández y Juan Pablo Sarkissian, del Sindicato de Prensa, lanzan algunas ideas de acción para no quedarse con los brazos cruzados.  La misión más difícil, según la opinión de todos los presentes, pasa por lograr transmitirle a la ciudadanía que los decretos exceden la pelea política “Sabatella-Clarín”, tal como lo plantean los medios dominantes para “desviar la atención”.

“Se está avasallando la democracia. Estas modificaciones rompen con la comunicación entendida como un derecho para que vuelva a ser una simple mercancía. Este es el verdadero trasfondo y esto es lo que hay que transmitir”, señala Hernández. El “cerco mediático” y la reticencia de las empresas periodísticas asoman como el principal escollo de este objetivo. “Aprovechemos las redes sociales y los resquicios que cada trabajador de prensa pueda encontrar en su laburo”, sugiere  una docente universitaria.    

Las opiniones brotan de boca en boca y llegan algunas conclusiones. “Ellos tienen los decretos, nosotros la calle”, se escucha en la mesa. La primera acción con consenso absoluto es la de “masificar” la disertación que Sabatella va a dar en la ciudad el próximo 16 de enero. El acto se llevará a cabo a las 19 en calle Entre Ríos y el río. “Con 3 mil o 4 mil personas estaríamos hablando de todo un acontecimiento político”, dice entusiasmado un militante social.

La otra moción votada es la de pedir urgentes audiencias con todos los legisladores nacionales de Santa Fe, cuyos partidos acompañaron y apoyaron en su día la sanción de la ley. “Hay que preguntarles qué van a hacer ante este atropello ya que el Congreso va a ser clave en este tema”, subraya Sarkissian. Lo último que se plantea es correr la voz para sumar más adherente en la próxima reunión. La cita es el próximo lunes a la misma hora y en el mismo lugar.

La historia de la Coalición

El colectivo que hoy vuelve a cobrar fuerza nació hace once años bajo el nombre de Coalición por una Radiodifusión Democrática. Surgió como una multisectorial formada por más de 300 organizaciones sociales, políticas, sindicales, educativas y cooperativas. Se constituyó con el objetivo de evitar la concentración e impulsar una ley de medios de la democracia.

En agosto de 2004 se produjo su lanzamiento con la elaboración de un documento de 21 puntos redactado en base a lo trabajado durante los últimos 30 años en el ámbito universitario y académico. Cinco años después, ese borrador sirvió como puntapié de partida para redactar el proyecto de la nueva ley tras una serie de foros que se realizaron por todo el país.

“Es indispensable una nueva Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. Es inadmisible la exclusión de importantes sectores a la radio y la televisión. Necesitamos medios públicos fuertes, al servicio de todos y no de los gobiernos de turno. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental. La comunicación es un tema de todos los ciudadanos. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental”, decía el prólogo de aquel histórico documento.

Con la sanción de la Ley y con un poder Ejecutivo siempre predispuesto al diálogo, la Coalición se diluyó. Pero ahora la coyuntura cambió. De ahí la necesidad de volver a las fuentes. Ya hay programada una asamblea nacional para marzo en Buenos Aires.  

La opinión del gobernador

La semana pasada, Miguel Lifschitz brindó una conferencia con agenda abierta en la sede de Gobernación.  Rosarioplus.com le preguntó al titular de la Casa Gris por la postura del Frente Progresista frente a la vigencia de la ley de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, teniendo en cuenta que en su día los legisladores de este espacio apoyaron la sanción de la normativa.

Lifschitz dijo compartir el “espíritu de la ley” y pidió respetar su vigencia.  “Creemos que las leyes hay que respetarlas mientras están en vigencia. A pesar de que teníamos algunas disidencias parciales fue aprobada por nuestro bloque. Tenemos también varias diferencias con la manera en que fue aplicada y cómo fue implementada. Pero esto no puede ser de ninguna manera un motivo para no cumplir la ley”, respondió.