Radiografía de la persecución y el esclarecimiento del delito

La Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción de Santa Fe, que abarca la ciudad de Rosario y alrededores, difundió su cuarto informe de gestión. De la lectura de los datos se desprende que crecieron los juicios abreviados, que casi la mitad de los homicidios están sin esclarecer y que hay un marcado déficit tecnológico en el proceso de investigación

Las estadísticas y el análisis de los datos que se desprenden de cada  delito permiten trazar una radiografía sobre el sistema de enjuiciamiento penal de la provincia, a casi dos años de su puesta en marcha. La información recopilada en el período comprendido entre el 01 de octubre de 2014 y 31 de octubre de 2015 (13 meses) marca algunos avances, como el aumento del 15 por ciento en juicios abreviados que terminan con condenas respecto del año anterior; pero también cierto estancamiento en la investigación de los ilícitos: hay muchos homicidios sin esclarecer (44 por ciento) y un déficit estructural respecto a la tecnología necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Avances, logros, carencias y aspectos a corregir de la conflictividad penal en Rosario aparecen sintetizados en el cuarto informe de gestión de la Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción de Santa Fe, que lleva la firma de Jorge Baclini, jefe de este departamento. En el escrito hay datos respecto a la composición de la fiscalía (personal, inmuebles, instrumentos, sistema informático) y guarismos sobre todos los casos atendidos durante el período examinado.

La Fiscalía Regional tiene en la actualidad 65 fiscales, de los cuales 55 se desempeñan en Rosario, 4 en San Lorenzo, 2 en Cañada de Gómez, 2 en Casilda y 2 en Villa Constitución. El número creció respecto de lo informado en el último informe de gestión (septiembre de 2014), cuando había 44 fiscales en funciones, pero sigue siendo “insuficiente para cubrir las necesidades de las tareas diarias”, según el documento.

Cantidad de casos

Durante el período analizado, ingresaron  147.890 causas por denuncias a la Fiscalía Regional 2. De ese total, solamente  18.776 denuncias, es decir el 12 por ciento, quedaron como causas investigables (delitos de distinta gravedad), debido a que en algunos casos no se logró individualizar al imputado y en otros no existieron elementos serios y verosímiles para dar curso a una investigación. 

También es bajo el porcentaje de resoluciones dictadas, ya que únicamente en 2.469 casos se llegó a esta instancia. Se firmaron 804 juicios abreviados (en 2014 fueron 600), 193 probation (suspensión del juicio penal en los casos en los que las penas sean menores a tres años a cambio de la reparación del daño causado y la realización de tareas comunitarias), 267 mediaciones, 347 conciliaciones, 737 acusaciones, 17 juicios orales con condenas y 2 juicios orales con absolución.   

En cuanto a las condenas, 1.052 fueron efectivas, 738 condenas condicionales  -se deja en suspenso su ejecución, de modo que solamente entrará a ejecutarse si se produce cierta condición, que consiste en la comisión de un nuevo delito- y 38 condenas domiciliarias.

Homicidios dolosos

Dentro del período evaluado, ingresaron 248 causas de homicidios dolosos consumados, dando un promedio de 19 causas mensuales. De ese total,  138 tienen autor individualizado (56 por ciento) y los 110 casos restantes, no tienen autor individualizado (44 por ciento).

Al desmenuzar la situación de los autores individualizados, 75 están imputados por el delito cometido, 29 aún están prófugos, 17 en la etapa de archivo, 8 en la de acusación y los restantes ocho ya fueron condenados por juicios abreviados.

En el documento se señala que “el número de individualización de autor ha aumentado en comparación con los números del año 2014” y que “las mejoras en las estadísticas” son consecuencia del aumento de los recursos destinados a la Unidad de Homicidios.

Investigación científica

El informe de Fiscalía da cuenta de las dificultades con las que se trabaja en el área criminalística ante la falta de recursos tecnológicos y equipamiento. Dice el texto: “Se impulsaron en forma activa gestiones desde la Fiscalía Regional 2ª para la compra y puesta a punto de aparatos tecnológicos (cromatógrafo de gases y masa), aparatos de lectura de teléfonos celulares, microscopio de barrido y otro instrumental de calidad que permita en el futuro optimizar la tecnología en las investigaciones en las cuales existía y aun hoy existe un gran déficit”.

Se explica además que “las demandas desbordaron la capacidad operativa” de la unidad y que para paliar esta realidad se “fomentó que integrantes de esta nueva fuerza de investigación concurran a diferentes cursos de capacitación con otras fuerzas nacionales e incluso internacionales”.

Para los fiscales, “la carencia de infraestructura y recursos humanos opera como circunstancia muchas veces insalvable para el éxito”. Ante estas limitaciones, se utilizan instituciones ajenas a las del Ministerio Público de la Acusación, como los laboratorios de La Plata, Paraná, Santa Fe y FBI.  

Vale recordar que  en los homicidios de Franco Casco y Gerardo Escobar, por brindar algunos ejemplos, la  fiscalía debió remitir pruebas clave a laboratorios externos para poder continuar con la investigación, lo que a juicio de los abogados defensores dilató los tiempos lógicos de las causas

Los “inconvenientes” en  la relación de los fiscales con la policía

En el informe se desprende que “el cambio de roles y protagonismo dentro de la persecución penal (ahora fiscales y antes jueces) ocasionó problemas de adecuación por parte de la policía a la cadena de mando que es diferente según el nuevo diseño institucional”.

Entre los principales inconvenientes durante el período de transición se detalla el “colapso” de los distritos judiciales como consecuencia de que las comisarías dejaron de tomar denuncias, el “incumplimiento” de las medidas de investigación de los policías respecto a las primeras diligencias y el “traspaso” de efectivos dedicados a la investigación al patrullaje de las calles.

“Esta situación generó falencias en la actuación obligando a los fiscales a desarrollar tareas de calle o a acudir a otras fuerzas policiales. Ello implicó un desgate de los recursos humanos de la Fiscalía porque demandó la investigación fiscal en forma íntegra sin delegación alguna”, se lee en el documento.

 

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