El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se reunió este miércoles con los diputados provinciales que lo citaron para que explique las escuchas a su teléfono, audios que revelan estrechos vínculos entre integrantes del Poder Ejecutivo y el MInisterio Público de la Acusación. La reunión se realizó a puertas cerradas, en la Presidencia de la Cámara de Diputados, con legisladores de diferentes fuerzas. Empezó minutos antes de las 10 y terminó poco más de una hora más tarde. ¿Qué fue lo que pasó? El funcionario "intentó desviar el foco de atención" y habló de operaciones políticas y mafias policiales, según el diputado Leandro Busatto. 

En diálogo con Rosarioplus.com, el legislador del Frente Para La Victoria (FPV) cuestionó la defensa del ministro y analizó que lo que pasó en la reunión era "previsible". Abundó: "Se trató de una defensa política en la que se intentó desviar el foco de atención del escándalo institucional que son las escuchas". 

Busatto hizo una distinción: "El ministro habla de operaciones políticas y de mafias policiales. Si todo esto existe nosotros lo acompañaremos en la lucha contra las mismas, pero ahora lo que debe explicar es lo que quedó claro en las escuchas, y no escudarse en teorías conspirativas", sentenció. 

Agregó que "es necesario que se determine cuál fue el nivel de incidencia del ministro en las investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público de la Acusación, porque los fiscales que hoy se desplazan son los mismos que se fomentaron en su momento".

"Pareciera quedar claro que mientras los fiscales persigan a perejiles se les dará poder, pero cuando se intente echar luz sobre cuestiones de gravedad institucional, se los desplazará", enfatizó. 

La defensa de Pullaro, bancado por Lifschitz

Vale recordar que la defensa primaria de Pullaro tras filtrarse las escuchas fue plantear que estaba "cansado de las operaciones" que sufría "todas las semanas de parte de sectores oscuros de la policía". Apuntó entonces contra la Justicia por la ilegalidad de los audios y de hecho le inició una causa al fiscal Roberto Apullán. Como respuesta, el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Distrito de Santa Fe defendió la medida dispuesta por los jueces Sandra Valenti -primero- y Nicolás Falkenberg -después- quienes autorizaron la intervención a una serie de teléfonos solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación.

A su turno, el gobernador Miguel Lifschitz hizo una fuerte defensa de su funcionario y apuntó contra el accionar de los fiscales por considerar que trabajaron de manera "irregular". Remarcó: "No se puede violar la intimidad de las personas de manera arbitraria, y menos si hubiera alguna mano política, una intencionalidad".