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¿Por qué los nuevos edificios no tienen gas?

Desde el 2013 que Litoral Gas no invierte en la extensión de la red ante la imposibilidad de aumentar la tarifa. El año pasado, la Municipalidad autorizó nuevos emprendimientos inmobiliarios tras firmar un convenio con el gobierno nacional para realizar obras de expansión por un total de 80 millones de pesos. Muchos edificios ya se terminaron, pero los fondos nunca llegaron. 8 mil usuarios esperan por una solución

Como sucede en casi todos los veranos, las quejas de los rosarinos por los cortes de energía se replican ante cada apagón. Sin embargo, el servicio que brinda la EPE está lejos de ser una preocupación para el poder político. Las inversiones realizadas por el Estado provincial en los últimos años trajeron algo de alivio a un sistema que supo estar al borde del colapso. Una situación radicalmente inversa se dio con la prestación del gas, un servicio que escasea ante la imposibilidad de abrir nuevas bocas en el macrocentro y el norte de la ciudad, las zonas más afectadas por los daños colaterales del boom inmobiliario.

El problema es estructural y viene de arrastre, pero se agudizó en el 2015 cuando cayeron tres obras de infraestructura que se iban a realizar con fondos aportados por el gobierno nacional para extender la red y posibilitar así la etapa de ejecución de las conexiones a los nuevos edificios. Pero la transferencia del dinero nunca se concretó. La empresa que ganó la licitación se quedó con los planes de trabajo en la mano.

En las últimas semanas, el municipio y la provincia intensificaron las negociaciones con las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minería de la Nación para reflotar cuanto antes el convenio caído. Según pudo averiguar Rosarioplus.com, los empresarios de la construcción descreen que la derogación (80 millones de pesos) se realice en el corto plazo. La queja del sector privado es que muchas construcciones que ya están finalizadas no pueden ser habilitadas al no contar con servicio de gas.

El último eslabón en la cadena de perjudicados la componen los usuarios. Hay casi 8 propietarios afectados por este plan de obras que nunca se concretó. Con las edificaciones terminadas, se desayunan que no pueden ingresar a sus viviendas por la falta de gas.

“Es un tema de urgencia. Hay dificultades para finalizar muchos edificios. Estas obras tienen que concretarse sí o sí en 2016. El gobierno anterior nos convocó para licitar, pero no se concretó el financiamiento y por lo tanto persiste la preocupación tanto en el desarrollo urbano como productivo y de servicios”, admitió la intendenta Mónica Fein tras la última reunión que mantuvo con el ministro Juan José Aranguren.

Sin aumentos, no hay inversión

La punta del ovillo del conflicto comenzó en 2013 cuando Litoral Gas dejó de invertir en la extensión de la red. La firma se excusó en un acuerdo con el gobierno nacional. ¿Cuál fue el trato? Tarifa a cambio de obras. La empresa se comprometía a congelar las facturas y el Estado a absorber los costos de los futuros trabajos para ampliar el servicio.

Como era de esperar, el pacto se diluyó en la teoría. Los problemas empezaron a evidenciarse cuando una industria o un edificio pedían la factibilidad para iniciar la construcción. Los empresarios debían comprometerse a ejecutar las obras de extensión de la red. Los grandes desarrolladores (ejemplo Puerto Norte), se hicieron cargo de estos nuevos costos sin chistar. Sin embargo, muchos comercios y pequeñas edificaciones tuvieron que posponer los proyectos ante la falta de presupuesto.

Una rápida solución a esta problemática fue la creación de fideicomisos que se abrieron con el respaldo del Banco Municipal. Las empresas obligaban a cada cliente (cada unidad) a desembolsar cerca de 6 mil pesos parar financiar el conjunto de los trabajos necesarios para no detener el ritmo de las construcciones.

Obras truncas

En marzo del año pasado, el municipio, un actor clave en el conflicto (es quien otorga los permisos de edificación) anunció el financiamiento de obras de expansión en las redes en algunas zonas de la ciudad. Los fondos los iba a aportar el gobierno nacional en el marco del plan Más Cerca Gas. El poder Ejecutivo local licitó y adjudicó los trabajos a la empresa Peitel S.A. para que los ejecute a más tardar en el mes de octubre.

Se trataba de tres obras por un total de 80.600.000 pesos. 1) Refuerzo Gasoducto Cámara Norte (comuna Soldini) por 45.100.000 pesos. 2) Refuerzo ramal calle Pellegrini, calle Gorriti y Estación Norte por 18.300.000. Y 3) modificación de 6 estaciones reguladoras de presión (San Martín y Montevideo; Pte Roca y Catamarca; San Juan y Corrientes; Oroño y Córdoba; 1º de mayo y Córdoba; y Zeballos y Necochea) por 17.200.000 pesos

El dinero prometido nunca llegó a las arcas de la Municipalidad. El temor de los funcionarios locales es que la nueva administración cancele o dilate lo proyectado. La preocupación alcanza también al sector privado. “Somos escépticos a que esto pueda reflotarse, lo cual trastoca todos los planes”, admitió una fuente de peso del sector inmobiliario.

“En una ciudad planificada de manera ordenada esto debería preverse”

Ariel D´Orazio integra el Consejo Asesor de la Vivienda Única en Rosario. A su juicio, el verdadero problema es de fondo. “La red está colapsada, sobre todo en el área central y en el norte. Es imposible poder abrir nuevas bocas. En un inmueble donde antes había un medidor, ahora hay 50”, explica.

En su opinión, el mayor inconveniente que tiene hoy la ciudad es de planificación. “Hay que marcar que Rosario entre 2007 y 2009 fue una de las ciudades que más construyó en toda Latinoamérica. Esto impactó muchísimo en la calidad y en las prestaciones de los servicios. Estamos hablando de más de 20 mil permisos de edificación. Es muchísimo”, detalla.

Su crítica apunta a que el municipio prioriza únicamente la cuestión “económica o productivista” en cuanto a la generación de mayores puestos de trabajo, pero  no atiende el deterioro que sufren los vecinos respecto a la calidad de vida. “Hoy la estructura de los servicios no alcanzan a satisfacer toda la demanda”, sentencia.

Un tema no menor, reflexiona D´Orazio, es el de los costos.  Sostiene que muchos pequeños emprendimientos están trabados por esta situación. “Me parece lógico que las grandes empresas, como en el caso de Puerto Norte, se hagan cargo de estas obras. El tema es que hay comerciantes que quieren instalar un bar o una pizzería y no puede hacerlo al no tener mucho presupuesto. Tiene que haber un esfuerzo común entre las firmas y el Estado para que los platos rotos no lo pague el resto de la ciudadanía”, afirma.

El municipio –aclara-- tiene la obligación de habilitar y controlar. “Lo que está pasando es que en su día se entrega un permiso de edificación y después no pueden entregar un final de obra, que sería la partida de nacimiento de la construcción”.

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