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Piden revisar la concesión de la autopista a Santa Fe

El diputado provincial del bloque justicialista, Luis Rubeo, volvió a solicitarle al poder ejecutivo la elaboración de un informe sobre aspectos relacionados al estado del contrato de concesión por peaje para la explotación de la Autopista Rosario-Santa Fe.

"La autopista está hecha un desastre", criticó el legislador, en diálogo con Rosarioplus.com. Según contó Rubeo, en octubre del año pasado se le pidió al gobierno santafesino un informe sobre la situación de la autopista AP-01 Brigadier Estanislao. Un mes después de la solicitud, los legisladores recibieron una tibia respuesta del ejecutivo donde se afirmaba que el gobierno confiaba en "la buena fe de la empresa concesionaria".

Sin embargo, en febrero de este año, el ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, José Garibay, afirmó: “La empresa a cargo de las mejoras en el momento de su oferta tenía el compromiso y obligación de hacer 160 km de ambas manos, pero repavimentaron 70 km. Obviamente que el plazo a terminar el trabajo se venció”.

Ante el reconocimiento, de la gestión del gobernador Miguel Lifschitz, de la falta de inversión de la empresa Autopista Rosario Santa Fe S.A. (ARSSA), los diputados provinciales del peronismo volvieron a insistir en la solicitud de informes sobre las obras realizadas por la compañía.

En sintonía con el reclamo de Rubeo, los diputados del bloque Primero Santa Fe Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo presentaron un proyecto de resolución para solicitar que se audite la concesión a la empresa que actualmente tiene a cargo la explotación y mantenimiento de la vía que une Santa Fe con Rosario. 

El proyecto solicita la auditoría del Tribunal de Cuentas para, entre otras cosas, determinar el grado de cumplimiento por parte de la empresa concesionaria de cada una de las obligaciones emergentes del contrato de concesión respectivo, detallando obras realizadas y monto de la inversión en el marco de dichas obligaciones.

Además, los legisladores justicialistas le piden al poder ejecutivo que se abstenga de ejecutar y financiar con recursos provinciales obras que le correspondan realizar a la concesionaria a su cargo hasta tanto se conozcan los resultados de la auditoría del Tribunal de Cuentas y se resuelva si es pertinente mantener la vigente concesión o bien encarar un nuevo proceso.

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