El gobernador Miguel Lifschitz rompió el silencio respecto de la filtración de escuchas al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que revelaron estrechos vínculos entre el poder político y el judicial en la provincia: hizo una fuerte defensa de su funcionario y apuntó contra el accionar de los fiscales por considerar que trabajaron de manera "irregular". Remarcó: "No se puede violar la intimidad de las personas de manera arbitraria, y menos si hubiera alguna mano política, una intencionalidad".

En declaraciones a la prensa, el mandatario santafesino se alineó con la defensa de su funcionario, quien había denunciado operaciones de “sectores oscuros”. El socialista aseguró que reclamará al fiscal general Jorge Baclini “una explicación sobre el tema, así como al presidente, las autoridades y los ministros de la Corte Suprema, porque es un tema muy grave que debe ser rápidamente esclarecido". En concreto, le pedirá información sobre los motivos que llevaron a pedir "la intervención (de manera irregular a mi modo de ver) de (la línea) de un ministro del gobierno sin razones que lo fundamenten y sin conocimiento del juez, que ha reconocido no saber a quién estaban interviniendo la línea”. Abundó: "Vamos a agotar todas las instancias para que esta situación se investigue hasta las últimas consecuencias, se determinen las responsabilidades que correspondan”.

“No quiero generalizar, pero hubo accionares de algunos fiscales que preocupan. Hace unos meses el fiscal Fernando Rodrigo en Rosario utilizó el mismo recurso de intervención de líneas telefónicas y escuchas, para escuchar a una ex pareja y familiares de manera totalmente irregular e ilegal”, recordó.

Lifschitz se manifestó “muy preocupado y molesto por cómo se dieron las cosas en esta causa las últimas semanas”, y recordó “todo el proceso de reforma del sistema penal en la provincia de Santa Fe, que en los últimos dos años hemos dado todo el apoyo”.

El mandatario sostuvo que situaciones como estas ocurrieron hace muchos años en Estados Unidos y “provocaron el caso emblemático de la renuncia del presidente Richard Nixon”. A la vez, reflexionó: “No se puede violar la intimidad de las personas de manera arbitraria, y menos si hubiera alguna mano política, una intencionalidad, y eso no lo descartamos porque nos llama mucho la atención la celeridad en los momentos previos a las elecciones en que se realizaron”.

Sobre la supuesta intencionalidad destacó que “lo más grave de todo es que se hayan divulgado conversaciones que no tienen nada que ver con la presunta investigación que se está llevando adelante”.

Finalmente, recordó que “el derecho a la privacidad se debe garantizar a todas las personas, y eso no se puede violar salvo en condiciones muy especiales que indica la ley, que no se han reunido en esta circunstancias”.