Quienes trabajan en el área de Niñez y Adolescencia denuncian que el problema es de fondo y viene de arrastre. Hablan de la Ley N° 12.967, sancionada en 2009 para proteger los derechos de los menores de edad, como una "cáscara vacía" que nunca tuvo contenido por la falta de un norte. Las mismas voces admiten que la problemática se agudizó en el último año producto de una gestión plagada de parches. Partidas subejecutadas, instituciones colapsadas, chicos alojados en hostels, adopciones paralizadas y una dirección tomada son algunas de las irregularidades que desembocaron en la temprana renuncia del subsecretario Horacio Coutaz, quien duró menos de un año en el cargo.

Coutaz no dio un paso al costado por decisión propia, sino que el gobernador Miguel Lifschitz forzó su salida ante la necesidad de fortalecer una gestión con muchas críticas y pocos resultados. Para eso, designó en el cargo a la psicóloga Andrea Travaini,  desde 2011 directora del Instituto Municipal de la Mujer. La funcionaria conoce de cerca el paño: fue coordinadora del área de la Niñez en la Secretaría de Promoción Social de Rosario desde el 2009 hasta el 2011. 

Según pudo averiguar Rosarioplus.com, el titular de la Casa Gris le pidió a Travaini resolver cuánto antes la situación de la Dirección de Rosario, acéfala tras la dimisión de Alicia Giménez y paralizada por una huelga de los trabajadores, rehenes ante la falta de respuestas. La delegación funciona con guardias mínimas ante alguna urgencia. Los 200 acompañantes, la mayoría de ellos precarizados, siguen asistiendo a los jóvenes que ya están bajo la órbita del organismo, pero no se hacen cargo de ningún caso nuevo.

Los trabajadores vienen denunciando que hay un "eslabón roto" en el proceso (política pública) que empieza con la detección de casos de violencia, maltratos y abusos en el seno de los círculos familiares: la falta de lugares para hospedar a los chicos que están en riesgo. 

Todas las instituciones que tiene la provincia (Centros de Acción Familiar, Centros de Día, Guarderías y Residencias de alojamiento transitorio) están colapsadas. No hay camas disponibles, por lo que en la actualidad hay 130 jóvenes que aguardan por una asistencia integradora.

Para paliar este déficit, los trabajadores negocian con hostels, pensiones y clínicas privadas para que los chicos tengan un lugar dónde dormir, lo que provoca un "despilfarro" de un presupuesto de por sí muy escueto, menos del 0,20% del total del presupuesto provincial. 

En 2017, las partidas para la promoción de derechos de niños y adolescentes, los Centros de Acción Familiar y los Hogares de Niñez suman un total de 513 millones, veinte veces inferior a lo que se destina, por ejemplo, a la seguridad de personas y bienes (10.363 millones).

Germán Luque, delegado de la Junta Interna de Desarrollo Social de ATE, detalló que la provincia paga más de 130 mil pesos por mes en cada alojamiento temporal, entre el costo de un hostel y el gasto que requiere la contratación de un acompañante. 

"En Rosario hay 10 chicos que están en esta situación, deambulando de acá para allá. Hicimos un arreglo con el comedor de La Toma para que puedan almorzar allí, pero los chicos no tiene ni qué merendar ni que cenar. La gran paradoja de todo esto es que el propio Estado está vulnerando sus derechos", se quejó el delegado en diálogo con Rosarioplus.com. Y agregó: "En el mientras tanto, tenemos a 130 chicos que padecen graves vulneraciones de sus derechos en sus círculos familiares a los que no podemos ayudar por este colapso".

Las condiciones de precariedad se extienden a toda la provincia, según explica Luque. En la ciudad de Santa Fe, los trabajadores alquilan oficinas desocupadas y tiran colchones en el piso para que los chicos tengan un lugar donde dormir. La desprotección del Estado casi termina en tragedia: días atrás, una joven que no logró ser institucionalizada sufrió serias heridas al arrojarse de un puente. Fue intervenida por una fractura de pelvis y permanece internada.   

Pocas adopciones, un daño colateral 

El colapso de la Subsecretaría afecta de forma directa al sistema de adopciones, paralizado en lo que va del año producto de las pocas medidas excepcionales que se remitieron a los juzgados de Familia.  "Observamos que prácticamente se han paralizado las adopciones. Hay pocas medidas excepcionales. Es una merma llamativa", admitió meses atrás Marcelo Molina, juez del Tribunal de Familia de Rosario Nº5.

La normativa que está vigente desde el primero de agosto del 2015 tras la puesta en vigencia del nuevo Código Civil estipula un plazo máximo de resolución de 180 días (seis meses) desde el momento en el que un menor es separado de su círculo familiar por la vulneración de algún derecho, ya sea para la reinserción o para una posible situación de adopción. Como no hay nuevas medidas excepcionales, hoy ningún plazo legal se cumple.