Lavado y vinculación con el narcotráfico en la audiencia imputativa
Como había anticipado Rosarioplus.com este viernes, la Fiscalía vinculó a una parte de la red de estafadores con el lavado de dinero proveniente de bienes inmobiliarios malhabidos y de actividades narcocriminales. En ese sentido, ocho de los once detenidos fueron imputados por lavado de activos, en la audiencia que se realizó este viernes por la tarde en la sala I de los tribunales Provinciales de Rosario, dirigida por la jueza Mónica Lamperti, a cargo de la megacausa.
Se trata de el gerente de La Capital, Pablo Abdala (quien se entregó esta tarde ante la PDI), el agente financiero Jorge Oneto, el contador Marcelo Jaef , el fugazmente mediático empresario Leandro Pérez, el sindicalista Maximiliano de Gaetani y los escribanos Juan Bautista Alliau, Luis María Kurtzemann y Eduardo Torres. Sobre todos ellos recayó la acusación de lavar activos.
Sobre el resto de los acusados, el vendedor de autos Roberto Aymo, Ramona Rodríguez y Johnatan Zárate, recaen otra serie de acusaciones. Y los once detenidos fueron englobados en la acusación de ser coautores de una asociación ilícita.
Entrada la noche del viernes, luego de casi siete horas de audiencia, se dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el martes a las 9 de la mañana. Allí, algunos de los imputados podría prestar declaración. Hasta entonces, diez de los acusados permanecerá con prisión preventiva, mientras que Ramona Rodríguez continuará con el régimen de prisión preventiva domiciliaria, por tener un hijo de 5 años a su cargo.
La situación del resto de los imputados en cuanto a si permanecerán detenidos o pueden recuperar la libertad se resolverá cuando se retome la audiencia tras el cuarto intermedio, indicaron desde Fiscalía. Esta decisión fue rechazada por los abogados defensores, quienes pidieron la libertad de sus defendidos, algo que les fue negado.
Aunque no se precisa en la acusación formal, durante la audiencia el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, acusó a varios de los acusados de tener nexos con la banda narcocriminal Los Monos, con quienes habrían realizado negocios para blanquear dineros provenientes del comercio de drogas.
La vinculación de la red con el blanqueo de bienes provenientes del narcotráfico generó un contrapunto con los abogados defensores. Es que estos sostienen que, de ser así, el delito debe ser investigado por la Justicia federal, que es la que tiene competencia en materia de narcocriminalidad. Carlos Varela, abogado de uno de los acusados, pidió el paso de la causa al fuero federal, pero le fue rotundamente negado.
Durante la presentación de las pruebas recolectadas durante los dos años de la investigación y tras los 21 allanamientos del pasado miércoles, la Fiscalía pudo acusar de “siete hechos concretos” a los detenidos, “con maniobras delictivas diferentes y varios encuadres jurídicos penales”. Entre las pruebas presentadas, se contaron documentos, escuchas, informes y testimonios de víctimas de las estafas.
En la exposición del fiscal, se intentó demostrar el funcionamiento de la asociación ilícita a la que describieron como un esquema de “delincuencia por estratos”. Según la fiscal de investigación y juicio, Valeria Haurigot, los detenidos “no tienen una vinculación directa todos con todos pero operan a los efectos concretos de cometer delitos para llegar al lavado”.
La teoría de la Fiscalía imputa una forma de asociación ilícita “a través de interacción celular, reticular en capas, donde cada uno tiene un rol concreto dentro de las maniobras delictivas”. “Algunos captaban el inmueble, los escribanos operaban la instrumentación del traspaso, había intermediarios que hacían que los inmuebles fueran subiendo hacia manos que tuvieran más posibilidades de responder economicamente en una venta concreta”, describió Haurigot. Ahí aparecían los empresarios.
Estas son las acusaciones a los once detenidos:
Roberto Aymo: Uso de documento público falso, falsificación ideológica de instrumento público, uso de documento público falso ideológicamente, falsificación ideológica de instrumento público,
Jonatan Zarate: Asociación ilícita, falsificación ideológica de instrumento público, uso de intrumento público falso ideologicamente , estafa (dos hechos).
Eduardo Torres: Falsificación ideológica de instrumento público, uso de documento público destinado para acreditar la identidad de las personas falso (cinco hechos), falsificación ideológica de documento público (tres), uso de documento ideológicamente falso, estafa (tres), tentativa de estafa y asociación ilícita.
Ramona Rodríguez: Falsificación ideológica de instrumento público (dos hechos), uso de documento público materialmente falso , estelionato y asociación ilícita.
Marcelo Jaef: Uso de instrumento público ideológicamente falso, tentativa de estafa, falsificación ideológica de instrumento público, lavado de activos y asociación ilícita.
Juan Bautista Aliau: Falsificación ideológica de instrumento público, uso de instrumento público ideológicamente falso, estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
Maximiliano De Gaetano: Falsificación ideológica de instrumento público, estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
Pablo Abdala: Lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita.
Leandro Pérez: Lavado de activos y asociación ilícita.
Jorge Oneto: Lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita.
Luis María Kurtzemann (h): Lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita.
