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La quita de pensiones por discapacidad ocurre desde enero en Santa Fe

Desde el gobierno provincial admiten estar muy preocupados por la decisión de Nación de “revisar” las pensiones otorgadas. Señalan que las quejas de damnificados aumentaron muchísimo en los últimos meses. El recorte se suma a la eliminación de otras ayudas, como prótesis de Pami, la demora en los subsidios institucionales y la eliminación de servicios de transporte

Santa Fe es el cuarto distrito del país con menos pensiones por discapacidad, según los datos difundidos por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación en diciembre del 2016. La cifra representa el 1,2% de su población, lo que se traduce en un poco más de 40 mil beneficiarios. Sin embargo, la política de recorte diseñada por la Casa Rosada en este ítem se siente desde enero en el territorio provincial.

“Los primeros casos comenzaron en enero y se multiplicaron en los últimos meses. La verdad que estamos muy preocupados. Ya pedimos las correspondientes explicaciones por esta situación”, explicó indignado Maximiliano Marc, subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de Santa Fe.

Una de las primeras denuncias llegó a principio de año desde el trébol. En el “entrecruzamiento” de datos que hizo Nación arrojó que un matrimonio de jubilados con un hijo discapacitado tenía un auto que compraron para, justamente, poder trasladar al familiar. “Por tener este vehículo les quitaron la pensión”, le contó Marc a Rosarioplus.com.

El caso se encuadra en la decisión del ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley de reflotar un olvidado decreto de 1997 que establece la necesidad de reunir “más requisitos y condiciones” a quienes buscan acceder a una pensión por discapacidad.

Bajo estos argumentos,  por ejemplo, el Ejecutivo Nacional quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluso si es la mínima. También sufrieron la baja de sus pensiones las personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un salario formal de 21 mil pesos o más.

La decisión se vincula al expreso pedido del presidente Mauricio Macri a su gabinete de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal.  La pensión de discapacidad mínima es hoy de 4.400 pesos pero la mayoría accede a los 7.000 pesos del total 1.056.504 pensiones por “invalidez” que hay en el país.

Según en relavamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a estadísticas oficiales, desde enero a junio se han recortado 71.706 pensiones de invalidez en todo el territorio nacional, ya sea por suspensiones o bajas.

“No está bien que el hilo se corte por la parte más delgada”

Marc aclaró que la provincia aún no pudo tener acceso a las planillas de la Cámara Nacional de Pensiones para tener dimensión de la magnitud del tijeretazo. “Los casos que nos van llegando son una ínfima parte. La mayoría de los casos no llegan a oficinas provinciales”, subrayó.

El reclamo a Nación –agregó—se viene haciendo desde enero cuando se detectaron los primeros casos. El funcionario provincial confió que charló el tema de forma personal con la vicepresidenta Gabriela Michetti y que los recortes fueron el tema excluyente en el último comité ejecutivo del Concejo Federal de discapacidad.   

Marc espera que los reclamos se multipliquen en los próximos días

“Estamos a principio de mes y se están dando los cobros. Creemos que se van a dar más reclamos en estos días. Aconsejamos que la gente se acerque a la oficina más próxima de la Caja Nacional de Pensiones y pida la reactivación de la pensión. Lamentablemente el tema nos excede”, detalló Marc.

La preocupación del gobierno de Santa Fe es mayúscula porque esta medida se da en un contexto general de recortes en el área de discapacidad, que incluye el no reconocimiento de las prótesis por parte de Pami, las demoras en los subsidios institucionales (la provincia tuvo que hacerse cargo del gasto de alojamiento de personas con discapacidad, antes contemplado en el Programa Carenciados),  la eliminación del servicio de transporte y el reciente cupo en los pasajes de micro de larga distancia.

“Estamos viendo que siempre el hilo se corta por lo más delegado. Hay un enojo generalizado porque estos recortes se dan en tema tan sensible como discapacidad”, analizó Marc.

Sobre el argumento que intenta instalar el gobierno nacional respecto al mal otorgamiento de las pensiones, el subsecretario aseguró que las situaciones son “límites, reales y tangibles” en todos los reclamos particulares que llegaron a dependencias provinciales.

“La gente con discapacidad quiere trabajar. Es mentira que estén cómodos con los cuatro mil y pico de pesos. Como país tenemos una gran deuda en lo que hace a la inclusión laboral de personas con discapacidad”, concluyó Marc.

Plan Nacional de Discapacidad

En marzo, el presidente Macri anunció con bombos y platillos el Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019, para “ampliar la convocatoria a personas con discapacidad, a sus familias, a las organizaciones especializadas y a la comunidad en general”.

Cuando terminó el anuncio, los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social explicaron que una de las tareas principales que se iba a llevar a cabo durante el primer año iba a ser la generación de “bases de datos y sistemas de información para tener un número fehaciente” de personas con discapacidad. 

El Plan, según se explicó, gira sobre tres ejes: “la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario que buscan la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad”.

En el nuevo programa no figura ningún recorte, sino todo lo contrario. “El plan promueve una plena cobertura y acceso a la salud, con especial énfasis en las personas de mayor vulnerabilidad social y luego a garantizar la sostenibilidad y calidad de las prestaciones médicas”, se lee en sus bases.

Proyecto de ley para derogar el polémico decreto 432

Este martes, la diputada nacional por el partido Socialista, Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, presentará un proyecto de ley para derogar el polémico decreto 432 de 1997.

“Esta resolución carece de sentido porque desde el 2014 tiene rango constitucional la Convención Internacional para personas con discapacidad. Están siendo avasalladas en sus derechos ya que se les están quitando las pensiones graciables necesarias para poder llevar adelante tratamientos médicos indispensables para su vida y salud”, se quejó la legisladora.

Troiano arremetió contra el poder Ejecutivo nacional porque, a su juicio, se están “están arbitrando “medidas anticonstitucionales bajo el paraguas” de un nuevo un Plan Nacional de Discapacidad”

“Estamos recibiendo notificaciones y cartas de todo el interior del país por estos casos de quita de pensiones. No es justo ni posible que una persona que tenga su cargo a alguien con discapacidad y cobre la jubilación mínima sufra la suspensión de esta pensión graciable indispensable para poder mantener en condiciones dignas tanto a niños como a adultos”, planteó.

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