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La Corte se tomará su tiempo para recibir las escuchas

El máximo tribunal de Justicia definió postergar hasta el 15 de febrero el pase del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, actualmente bajo control de la Procuración General de la Nación

El pase de las escuchas judiciales de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, dispuesto por Decreto por el presidente Macri este martes, no será inmediata ya que, desde el máximo tribunal dispusieron postergar hasta el 15 de febrero la movida. Por otro lado, la Procuración rechazó la decisión de Macri y la tildó de “inconstitucional”. 

Durante la habitual reunión de Acuerdo que realizan los martes los jueces de la Corte, los magistrados decidieron postergar la transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom), definida a través del DNU 256/2015, tras considerar que "no es posible" hacerlo "de inmediato" por la cantidad de "medios humanos y materiales" que involucra.

"El tribunal entiende que no es posible llevar adelante de inmediato esta misión, dada su importancia y especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos y materiales así como la prolija tarea reglamentaria y una ordenada transición. A tal efecto, se estima necesario postergar hasta el 15 de febrero de 2016 la transferencia", sostuvieron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Por otro lado, a través de un comunicado publicado esta tarde en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF), el organismo que conduce Alejandra Gils Carbó rechazó la transferencia del control de las escuchas judiciales desde su órbita a la de la Corte Suprema, dispuesta hoy por un decreto del presidente Mauricio Macri, y calificó de "inconstitucional" a la decisión porque "elude el debate parlamentario sin justificación válida", al tiempo que "garantiza la realización de acciones coordinadas" con el máximo tribunal para "asegurar la continuidad en la prestación del servicio".

El MPF  puntualizó que las "escasas excepciones" en las que la Constitución faculta al presidente para "ejercer funciones legislativas" exigen "siempre la acreditación de situaciones de necesidad y urgencia, que no se dan en el caso". No obstante, el organismo “garantiza la realización de acciones coordinadas con la Corte Suprema para asegurar la continuidad en la prestación del servicio como parte de su compromiso institucional con la seguridad ciudadana y la investigación del crimen organizado".

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