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Hacen cola para repudiar el protocolo de represión de manifestaciones

Dirigentes locales condenan la habilitación del gobierno nacional a la represión de las manifestaciones públicas

El Consejo de Seguridad Interior (CSI), encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este miércoles el protocolo de actuación en manifestaciones públicas. La propuesta generó el rechazo unánime de las organizaciones sociales y políticas que salen a la calle a diario para reclamar soluciones a problemáticas que el gobierno nacional busca dejar de lado.

"Queremos cambiar la cultura del corte. No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, amenazó Bullrich y afirmó que con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas se busca “establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.

Según explicó la funcionaria nacional, “el gobierno del Presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”.

"Es un gobierno que sabe que las medidas que están aplicando van a ir acrecentando las formas de protestas", afirmó Octavio Crivaro, militante del PTS y referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores de Santa Fe.

"Es poner un corcho para evitar que se hagan protestas", afirmó Crivaro, sociólogo de profesión, en diálogo con Rosarioplus.com. En cuanto a la implementación del protocolo, el dirigente de izquierda consideró que "hay sectores que están más vulnerables" a ser reprimidos con violencia y cotidianidad. 

"Si hay una marcha de la Sociedad Rural o alguna como la de los fiscales, seguro los van a recibir con aplausos", señaló el militante del PTS.

Facundo Peralta, integrante de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, indicó que la medida del gobierno nacional es “a grandes rasgos la criminalización de la protesta social"

“Quieren tener una herramienta legal para justificar la represión”, señaló el militante social y agregó: “La inflación, el desempleo, la disminución del consumo a futuro, las paritarias a la baja, etc; todo esto va a generar un alto nivel de movilización en la sociedad, que van a tener que ‘acomodar’.  

“Los reprimidos son siempre los mismos. Ahora hay una regulación, antes sólo contaban con el antencedente cercano de la ley anti terrorista y las distintas emergencias en seguridad”, explicó el referente de la Asamblea por los derechos de la niñez y la juventud, agrupación que se ha manifestado ante los apremios ilegales que cometió la policía santafesina en los últimos años.

Por su lado, la diputada nacional del Frente Para la Victoria, Lucila De Ponti, comentó que se va a evaluar la constitucionalidad del protocolo y afirmó: “Si no se atiene al cumplimiento de los tratados de derechos humanos y a los preceptos del acuerdo por una seguridad democrática lo vamos a denunciar”.

“Me parece que el protocolo apunta a vulnerar y estigmatizar el derecho a la protesta social. Pone como prioridad la acción represiva y penal para resolver los conflictos, subordinando la intervención del Estado para la resolución de las demandas de fondo que motivan la protesta. Es un protocolo que va a servir para perseguir a quienes decidan organizarse y ejercer una medida de protesta”, dijo la militante de la JP Evita.

En sintonía con lo señalado por el FPV, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, le aseguró a Rosarioplus.com, que su espacio solicitará que la legislatura provincial rechace la implementación del protocolo en Santa Fe.

“Rechazamos por completo esta idea de criminalizar la protesta social a través de estos protocolos en contra de los piquetes”, manifestó el legislador santafesino y agregó: “Es repetir la matriz que Estados Unidos impuso en muchos pueblos de América latina, con el resultado concreto de miles de desaparecidos, sobre todo pibes y pibas menores de 25 años”.

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), salió con los tapones de punta ante la decisión del gobierno nacional y afirmó que “todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”.

“Según el protocolo, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”, expresaron desde el CELS, en su cuenta oficial de Twitter.

 
 

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