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Exigen “respuestas políticas” para evitar el desalojo de 500 familias

Este martes se realizará una nueva audiencia para intentar destrabar un conflicto que se inició hace 15 años. Los abogados de los vecinos recordaron que la Municipalidad se comprometió a apoyarlos pero desde 2010 no se avanzó en nada

Unas 500 familias, autoridades de los tres niveles del Estado y representantes de Compañía Santafesina de Tierras se encontrarán este martes a las 9 en una nueva audiencia a fin de arribar a un posible acuerdo sobre los terrenos ubicados en la prolongación de la calle Sorrento y Cullen. La historia comenzó hace más de 15 años y en el medio hubo predisposición de los vecinos para adquirir el predio de forma legal y una promesa por parte de la Municipalidad para colaborar con ellos. Sin embargo, la causa parece estancada.

"La idea de la audiencia es llegar a un acuerdo, analizar posibles propuestas y ver sobre todo el compromiso político que podrían poner las nuevas autoridades del municipio y la provincia en pos de evitar el terrible conflicto social que se podría desatar en caso de desalojo", contó a Rosarioplus.com Analía Abreu, abogada copatrocinante de las familias afectadas.

En total, son más de tres mil personas las que se encuentran en litigio con la Compañía Santafesina de Tierras, empresa que alega ser la legítima propietaria de las más de 10 hectáreas en cuestión y que ya manifestó su voluntad de vender si se llegaba a un acuerdo de precio y el Estado era garante. Y por parte de los ocupantes también hubo deseo de comprar, sin suerte.

"Desde que arrancó la causa, en 1999, se dispuso de innumerables propuestas de los ocupantes para pagar por el terreno legítimamente y llegar a un acuerdo. Si eso se hubiera dado el predio ya estaría pagado en su totalidad", recalcó Abreu.

¿Entonces? Los vecinos ahora exigen “respuestas políticas” para que por fin haya un acuerdo. En 1999, cuando Miguel Lifschitz era intendente de Rosario, se declaró al predio de interés social y público y entonces la Municipalidad se comprometió a apoyar la gestión de los ocupantes para evitar el desalojo hasta que se encuentre una solución habitacional para ellos. Sin embargo, según dijo la abogada de las familias, no se avanzó en nada y nunca se pidió la expropiación del terreno. 

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