La forma en la que debería prestarse el servicio de estacionamiento medido divide aguas en la política de la ciudad. El municipio sigue firme en mantener el sistema en manos privadas. Semanas atrás, elevó al Concejo los pliegos para un nuevo llamado a licitación, tras la prórroga de 12 meses acordada en junio para que la actual concesión continué operando. Una parte de la oposición, en cambio, cree que al actual modelo está agotado y pide que el Estado tome las riendas para engrosar sus ingresos. 

Según como está planteada hoy la concesión, la empresa Tránsito Rosario S.A. (en sociedad con Sutec S.A.) y la Municipalidad se dividen casi en partes iguales las ganancias que arroja el servicio. En 2015, la firma recaudó 42 millones de pesos en concepto de la tarifa que abonan los usuarios, que equivale a 3,5 millones de ingresos mensuales (115 mil por día). 

El Palacio de Los Leones, en tanto, recibió un total de 37.893.422 pesos, de los cuales 29.739.857 correspondieron a multas; 1.466.106 al concepto de canon y 6.687.458 de tarifa adicional (un 20% del abono básico que se paga desde 2014). La totalidad de ese dinero se destinó al Fondo Compensador del Transporte, que tiene como objetivo amortiguar el costo que pagan los usuarios para usar el transporte público. 

Tránsito Rosario S.A. emplea a 67 trabajadores y tiene la concesión desde 2008. Fue la única compañía que ofertó en la licitación pública que se abrió para explotar el servicio. El convenio sigue vigente pese a que venció a fines del 2015. El municipio buscó prorrogar el contrato por tres años respetando las mismas condiciones del pliego, una cláusula que figuraba en los papeles firmados. Pero no lo consiguió. El Concejo estiró el acuerdo por 90 días para consensuar entre todas las fuerzas políticas los pasos a seguir con el sistema.

El plazo se acabó en junio, lo que obligó a los ediles a resolver a contrarreloj. Se decidió una nueva prórroga por 12 meses para que "no se caiga el sistema" y volver a licitar a mediados del 2017. Se resolvió además obligar a la firma a que invierta 7 millones de pesos en señalización, equipamiento y tecnología de pago, y se le exigió al poder Ejecutivo informes trimestrales con el detalle de las mejoras. 

Los pliegos para la nueva licitación ya fueron presentados. Se mantendrán las mismas zonas y no se aumentará la tarifa. La Municipalidad prometió un plan "más tecnológico", ya que se podrá pagar con tarjetas de crédito y débito. Se podrá seguir abonando la tarjeta Movi y con monedas, no así con cospeles, que saldrán de circulación. También se anunció una aplicación para el celular que informará a los usuarios la disponibilidad de espacios de estacionamiento en tiempo real.

El sistema hoy 

La concesión está dividida en tres zonas, que suman 509 cuadras y 4.551 boxes, cifra en la que están descontados los espacios destinados a los contenedores de basura. El área con tarifa (las calles Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río) está dividido en tres sectores, en dos de los cuales la tarifa es de 9,60 pesos  --equivale al 31% de la superficie--, mientras que en el 69% restante la tarifa es de 6,20 pesos.

Según el último informe brindado por la secretaria de Transporte y Movilidad municipal, Mónica Alvarado, hay 138 máquinas tickeadoras que permite la utilización de manera on line y otras 61 que no cuentan con tal tecnología. Se labran 47.000 actas por infracción de manera mensual y hay un promedio de 15 denuncias por día en el teléfono del 147 del Ente de la Movilidad.

El 80% de las quejas corresponden al mal funcionamiento de las máquinas, ya sea porque se traga los cospeles, no acepta las monedas o no entrega el ticket. Los otros reclamos son por problemas de logística, como por ejemplo, no conseguir cospeles.

La opción de municipalizar el servicio

El Frente para la Victoria, Ciudad Futura y el Frente Cívico y Social proponen terminar con la privatización del servicio. Los tres bloques coinciden en la necesidad de incursionar en un sistema público con el Estado como principal y único actor a la hora planificar y ejecutar una política de ordenamiento del tránsito. 

Una guía a seguir es el modelo adoptado por la ciudad de Santa Fe, en donde en 2007 se creó el Sistema del Ordenado Municipal (S.E.O.M) que desplazó a una concesión privada muy deficiente. El poder Ejecutivo tiene a cargo la aplicación del estacionamiento medido, el control de las infracciones y la remoción de vehículos.

"Queremos que la Municipalidad lleve adelante las gestiones para hacerse cargo de la prestación del servicio", reiteró el concejal Eduardo Toniolli (FpV) durante la sesión en la que se definió la prórroga del actual sistema. El argumento más fuerte es poder incrementar los aportes al Fondo Compensador, que impactará en un boleto más económico.

Para la Municipalidad, el cambio de modelo acarrea un costo cercano a los 50 millones de pesos. "Cuando uno dice municipalizar el estacionamiento medido puede sonar muy bien pero implica invertir 50 millones de pesos de otras asignaciones del presupuesto", aclaró el secretario general Pablo Javkin, quien explicó que el Estado tendría al otro día de hacerse cargo de los gastos de mantenimientos, los parquímetros, las grúas y el sueldo de los empleados, entre otras erogaciones.

Papeles flojos

En su día, muchos ediles criticaron la poca información pública sobre el balance económico de Tránsito Rosario S.A. El reclamó lo encabezó Jorge Boasso. El concejal de la UCR tildó de "vergonzoso" el informe que la firma remitió al recinto tras un pedido detallado de ingresos y gastos. 

Los concejales solicitaron los cuatro libros anuales obligatorios de la empresa: situación patrimonial; resultado del ejercicio; evolución del patrimonio neto; y estado de flujo de efectivo. Pero solo recibieron un "estado de resultado" sin ninguna firma y con citas de anexos que no fueron entregados. 

"Es importante que eleven al Concejo las notas y anexos para poder hacer un análisis en profundidad”, cuestionó Boasso, quien puntualizó críticas más de fondo. "En el estacionamiento medido a la empresa le conviene recaudar tarifa. Al municipio, multas. Es un negocio para dos. Mientras, los usuarios pagan para usar el espacio público", se quejó.