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En prisión pero aún no condenados: el fiscal analiza más pruebas

El fiscal Sebastián Narvaja, responsable de la investigación que derivó en la megacausa judicial por fraude inmobiliario, lavado de activos y asociación ilítica, aclaró que "la evaluación sobre la prisión preventiva excluye cuestiones de responsabilidad". De ese modo se refirió a la decisión de la jueza Mónica Lamperti, quien este martes en el marco de una larga audiencia definió prisión preventiva para ocho de los once acusados, en tanto que dos quedaron en libertad bajo fianza y la única mujer del grupo mantuvo la prisión domiciliaria ya otorgada. A la hora de explicar la decisión de la magistrada, el fiscal analizó que "se centra en cuestiones de peligro procesal".

¿Por qué motivos quedaron libres el gerente de La Capital, Pablo Abdala, y el escribano Luis Kurtzemann (hijo)? Narvaja especuló: "Creo que en el caso del señor Abdala, imagino porque no tengo los fundamentos, es probable que se haya tenido en cuenta el hecho de que estaba afuera del país y volvió". En tanto que "en el caso del escribano Kurtzemann habrá tenido en cuenta otras cuestiones". 

Lo que tiene por estas horas ocupada a la fiscalía es el análisis de las pruebas recolectadas en los 21 allanamientos realizados el miércoles de la semana pasada, en donde se apresó a la mayor parte del grupo. "Tenemos la estantería del depósito judicial completa llena de computadores, teléfonos celulares y documentos secuestrados en los allanamientos de la semana pasada", precisó. 

Respecto de si esas pruebas fortalecen la acusación de asociación ilícita, abundó: "La imputación de asociación ilícita la hemos fundamentado en la denuncia que ya hemos hecho. Nuestra obligación no es hacer imputaciones especulando en qué vamos a obtener para adelante sino teniendo en cuenta lo que tenemos analizado hacia atrás". De todos modos, admitió respecto de las pruebas que "la expectativa es que sirva para reforzar todas las imputaciones que hemos hecho, no solo la asociación ilícita". Por lo pronto, "estamos analizando la información que hemos colectado hasta el momento tenemos elementos bastantes para por lo menos en esta instancia procesal sostener esa imputación".

En cuanto a la sospecha de que habría gente que trabajaba con esta red dentro de Registro de la Propiedad, el fiscal planteó que la actividad del grupo "podría funcionara sin connivencia en el Registro" porque "lo que ha sido determinante en esto ha sido el rol de los escribanos que han entregado escrituras formalmente están bien y que es el control que hace el Registro". De todos modos, contó que se pidió al organismo que "inicie las actuaciones pertinentes para determinar si los controles que se ejercieron fueron los adecuados o si hubo una liberación de esos controles que facilitó las maniobras en cuestión".

Cabe recordar que el gobernador Miguel Lifschitz anticipó que, en los próximos días, la causa contará como querellante a la provincia.

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