“Nadie duda que ahora tiene que haber alguien que acuse, alguien que defienda y alguien imparcial que juzgue”, lanzó el Fiscal General de la provincia, Julio De Olazábal, al celebrar la instalación del nuevo sistema procesal penal en el cual sus subalternos tienen un rol protagónico, en contraste con la desdibujada función que cumplían en épocas del sistema de juicio escrito e inquisitivo, en el que el juez de instrucción investigaba, acusaba y emitía veredicto.

"En el viejo sistema, el fiscal era un ser inexistente. Éramos 'decidores' de dictámenes: nos pasaban los expedientes para que dijéramos qué opinábamos", cuestionó De Olazábal este martes en Santa Fe, durante un brindis de fin de año con periodistas locales. "Hoy, cambió este rol. Los fiscales adquirieron un protagonismo muy importante y están haciendo una labor denodada", completó.

Reconoció que aún hay muchas cosas por mejorar del nuevo sistema, pero aseguró que ya se consolidó. Cabe recordar que en el informe de la Fiscalía Regional Rosario, el titular, Jorge Baclini, reveló que el 44 por ciento de las causas por homicidio siguen sin esclarecerse. No obstante, De Olazábal afirmó: "Santa Fe pasó de tener un Código Procesal Penal de la época de Felipe VII a ser el modelo a seguir en todo el país".

El funcionario provincial observó: "En casi dos años de funcionamiento, hemos logrado cambiar el esquema del proceso penal en la provincia de Santa Fe. Toda la ciudadanía sabe que, ahora, tiene que haber alguien que acuse; alguien que defienda; y alguien absolutamente imparcial que juzgue. Esto que parece fácil, no era así", consideró Olazábal.

"En los congresos nacionales de Derecho Procesal Penal, Santa Fe era la provincia más atrasada", reconoció el fiscal general y agregó: "Teníamos un Código Procesal Penal inquisitivo de la época de Felipe VII que nos convertía en la provincia más atrasada, y ahora somos el modelo a seguir en todo el país".

El titular del Ministerio Público de la Acusación sostuvo que "se consolidó el cambio". En tal sentido, añadió: "No alcanzo a concebir la posibilidad de que, en la actualidad, se produzca un cambio del Código en el que se establezca que las audiencias sean secretas o que los jueces no informen a la prensa lo que está ocurriendo".

Pero en tren de reclamos, Olazábal marcó que “faltan mejorar las prácticas de investigación”, apuntó que el MPA todavía no cuenta con un sistema informático de calidad. Y aludió a la polémica sobre la conveniencia o no de instalar en la provincia los juicios por jurados: "No podemos seguir discutiendo si es mejor o peor que el sistema de juicios en vigencia. Desde 1853, la Constitución Nacional obliga a establecer el juicio por jurados. Entonces, o la cumplimos o la revocamos".