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El PRO y el FPV, socios políticos de los nuevos ladrillos de Funes

Los vecinos del Jardín de la provincia luchan por dar marcha atrás con los polémicos emprendimientos inmobiliarios que el Concejo aprobó a las apuradas en la última sesión del 2015. La iniciativa empresarial ganó terreno gracias a una inesperada y repentina venia política. El trasfondo de un proyecto que pone en jaque la sustentabilidad de la vecina ciudad

Son el agua y el aceite. Boca y River, si se utiliza una metáfora futbolera. Representan la antítesis en la actual coyuntura política. Cada fuerza está parada de un lado de la famosa grieta. Las diferencias, se sabe, son totales. La excepción a esta regla hay que buscarla en la vida política de Funes. Allí, el PRO y el Frente para la Victoria (FpV), los irreconciliables archirrivales, tienen algunos puntos en común. Y no en temas menores.

Ambos partidos votaron una serie de polémicas ordenanzas que habilitan la construcción de dos barrios cerrados (uno de ellos con departamentos de hasta 12 metros de altura) y de un parque industrial, tres emprendimientos que ponen en jaque la sustentabilidad de una ciudad fragmentada que arrastra problemas estructurales en cuanto a caminos, servicios, salud y educación.

Las tres futuras construcciones se emplazarán en un total de 150 hectáreas. Fueron aprobadas de forma express y a libro cerrado el 22 de diciembre del 2015, en la última sesión de un Concejo que cambió su impronta con la asunción de los ediles electos. La iniciativa más polémica consiste en el levantamiento de ocho torres de planta baja y tres pisos, con 12 metros de altura como máximo. Cada departamento tendrá entre una y tres habitaciones, y todos contarán con su cochera en el subsuelo.

El emprendimiento se denomina Fideicomiso Radar y es impulsado por la firma Desarrollo y Gestión SRL, sobre un predio de 3,3 hectáreas, en una zona delimitada por las calles Houssay, Almafuerte y el barrio cerrado Funes Hills Cadaqués.

Según lo que pudo averiguar Rosarioplus.com, el proyecto de ley ingresó el mismo 22 de diciembre con el formato de nota particular firmada por uno de los empresarios en la que se solicitaba la aprobación de la propuesta. Para darle curso al pedido, los concejales Luis Dolce y Carlos Olmedo, del PRO; y Roly Santacroce (candidato a intendente en las últimas elecciones)  y Juan Miguez, del peronismo, tuvieron antes que modificar la normativa de edificación vigente (ley N° 288) ya que en esa zona no puede construirse en semejante altura.

Los vecinos se habían movilizado en contra de los nuevos barrios privados (Foto: Ariel Micheletti)

Lo llamativo es que este ambicioso plan de obra ya cuenta con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. ¿Cómo la firma logró esta autorización? Desde la Multisectorial que se conformó para evitar estos nuevos emprendimientos, denuncian que en su día Mónica Tomei, ex intendenta, autorizó un “estudio de pre-factibilidad” mediante un decreto que nunca comunicó.    

La construcción de los edificios fue rechazada por los dos ediles Ignacio Rímini y Ana Martelli, del Frente Progresista Cívico y Social. La segunda edil, sin embargo, acompañó con su voto los otros dos proyectos que se aprobaron aquel día: otro barrio cerrado ubicado entre avenida Mendoza y la autopista (Rosetti Desarrollos Urbanos) y un Parque Industrial (Rosental)

El primer emprendimiento había sido presentado y rechazado en marzo del año pasado tras estudiar su factibilidad y luego de varias reuniones con los empresarios. Mientras que el bosquejo del Parque Industrial ingresó por sorpresa al recinto por pedido de Diego Barreto, el flamante intendente del PRO. El 8 de diciembre, el Concejo había dado luz verde para crear un área industrial, pero sin un acuerdo respecto a los límites edilicios, lo que impedía avanzar en obras de esta naturaleza.   

El nuevo Concejo, clave para las aprobaciones

Funes tenía hasta el 10 de diciembre un Poder Ejecutivo filo macrista (la intendenta Mónica Tomei ganó en 2011 con el respaldo del Frente Progresista, aunque más tarde se pasó a las fila del PRO) y un Concejo divido en cuatro grupos: tres representantes socialistas (Adrián Sánchez, Eduardo Casim y Ana Martelli), un peronista (Santacroce), una banca por el PRO (Barreto) y otra por el Frente Unidad Popular (Mauro Miguez).

En las últimas elecciones, Barreto le ganó la pulseada a Santacroce y se quedó con la intendencia. El cambio también alcanzó al Concejo que quedó dividido en tres partes iguales: 2 bancas para el PRO, dos para el FpV y dos para el Frente Progresista.

“Este reacomodamiento de piezas en el Concejo fue determinante para estas aprobaciones. Por cómo votó cada bloque, la sensación es que de haber ganado el candidato peronista la intendencia hoy tendríamos el mismo escenario”, señala Nani Ferroni, ex secretaria del recinto y militante de Unidad Popular, partido que se quedó sin representación tras las últimos comicios.     

Ferroni cuenta que el año pasado aparecieron “rumores y trascendidos” sobre un emprendimiento con edificios, por lo que el Concejo le solicitó al Ejecutivo que no aprobase nada que no estuviese permitido por la ordenanza. “Santacroce no apoyó este pedido. Ahora todo tiene más sentido”, analiza la militante.  

Y agrega: “Las normativas se votaron por los números de expedientes, no por el contenido. Se intentó ocultar todo. Nosotros nos enteramos porque había vecinos presenciando la sesión. Cuanto menos es llamativa la torpeza política que cometieron”

Hasta el momento, ninguno de los cinco concejales que levantaron la mano en la sesión del 22 de diciembre explicaron públicamente las razones y los motivos de avalar las construcciones.   

Promesas que se contradicen con la realidad

Barreto tenía hasta el 15 de enero para vetar las tres normativas, algo que nunca sucedió. De este modo, las urbanizaciones se promulgaron automáticamente. En la última reunión que mantuvo con vecinos y dirigentes de la oposición, el intendente minimizó estos plazos legales cumplidos y deslizó que aún “hay tiempo” para hacer modificaciones.

Se comprometió a modificar el proyecto de ocho condominios y 200 departamentos, y a dar marcha atrás con los cambios de la ordenanza 288 (planta baja y un piso), lo que haría inviable el proyecto.

El conflicto ya ganó visibilidad a nivel provincial y nacional. El diputado santafesino Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y la diputada nacional Lucila De Ponti (Movimiento Evita) se pusieron a disposición de los manifestantes para frenar este desarrollo inmobiliario.

La Multisectorial no cree en las promesas de Barreto, por lo que sigue firme en su plan de lucha. Continúan juntando firmas, planean nuevas movilizaciones, una reunión con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y esperan ansiosos la primera sesión del Concejo para pedir “las correspondientes explicaciones” a quienes apoyaron estas iniciativas.

Por lo bajo y sin dar nombres, aseguran que el lobby empresarial le “torció la mano” a los concejales. Hablan de “reuniones, llamados y presiones” para lograr la venia política. “El mismo día de la votación vieron a algunos concejales reunidos con los empresarios en un bar”, deslizan desde el anonimato.

Una ciudad ya saturada

Funes tiene en la actualidad cinco barrios cerrados, los cuales se construyeron en un periodo de 15 años. Quienes se oponen a estos nuevos proyectos aclaran que no se trata de una “discusión ideológica”, sino de una “cuestión práctica y racional”. Explican que hoy en día la ciudad no tolera “un metro más de construcción”.

Santiago Bereciartúa es uno de los tantos vecinos que se sumó a la Multisectorial. Es abogado y milita en el campo de los Derechos Humanos. Su premisa es que hay que “dignificar la ciudad que tenemos antes de crecer en tamaño”. Pide un nuevo plan estratégico regulador (el actual tiene 30 años) y trabajar en lo urgente y prioritario: garantizar las necesidades básicas a todos los habitantes, algo que hoy no sucede.

“Hablan de un Parque Industrial sin dar ningún tipo de especificidad. En mi zona yo uso el agua de napa. No tengo agua potable. Si las industrias van a tirar sus desechos a las napas, estamos en problema. En estos ejemplos está el problema”, reflexiona.

El vecino pide no caer en la trampa que los emprendimientos privados se hacen cargo de la luz, el gas y el agua potable. “La recolección de basura, la salud y la educación, por dar algunos ejemplos la pone Funes. De eso nadie habla”, se queja.

Explica que las arterias están saturadas, que faltan escuelas y que la ciudad no tiene un hospital. “Hoy si tu hijo tiene un problema serio tenés que ir hasta Rosario. Si te pasa eso un domingo a las 7 de la tarde no llegás más con el tránsito que hay. Estas son las prioridades. Pero hacen todo lo contrario. Quieren sumar más gente y sin estudios previos”.
 

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