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“Dos concejales me dijeron que recibieron muchas presiones”

En 2011, Mauro Miguez se convirtió en el edil más joven de la historia de Funes. Dejó su banca días antes de la polémica sesión en la que se aprobaron a libro cerrado millonarios emprendimientos inmobiliarios. Narra con detalles el trasfondo político de tres ordenanzas que mantienen en vilo a la vecina ciudad

Con su juventud y su espíritu rebelde a cuestas, Mauro Miguez fue durante cuatro años una piedra en el zapato para los intereses económicos de los peces gordos de la construcción. Asumió como concejal de Funes en el 2011. Tenía apenas 25 años. A los pocos días de sentarse en su banca, quedó a cargo de la comisión de Planeamiento y Urbanismo. Desde ese espacio, luchó por evitar la proliferación de nuevos barrios cerrados e intentó regular el desembarco de emprendimientos inmobiliarios. Contó con el apoyo de casi todos los ediles. Sufrió presiones y aprietes. Pero logró su cometido.

Casim y Sánchez fueron dos aliados de Miguez

Durante el período 2011/2015, en Funes no se aprobó la creación de ningún nuevo barrio abierto o cerrado. El pasado 10 de diciembre, Miguez dejó su banca. También lo hicieron los radicales Adrián Sánchez y Eduardo Casim, dos de sus principales aliados dentro del recinto. Doce días después de aquella despedida, en la última sesión del año, el nuevo Concejo dio luz verde a tres emprendimientos inmobiliarios (dos barrios cerrados y un parque industrial). La aprobación se hizo en pocas horas y a libro cerrado.

Miguez ganó su banca como representante del Partido Justicialista. En el 2013, se sumó a las filas de Unidad Popular, una fuerza joven integrada, en su gran mayoría, por voces disidentes del peronismo y del radicalismo. En las últimas elecciones, sacaron el 15% de los votos, aunque no les alcanzó para mantener la representatividad en el ámbito legislativo. El nuevo Concejo quedó entonces dividido en tres partes: dos ediles del Frente Progresista, dos del PRO y dos del Frente Para la Victoria.

El emprendimiento más polémico, que consiste en el levantamiento de ocho torres de planta baja y tres pisos, con 12 metros de altura como máximo (impulsado por la firma Desarrollo y Gestión SRL), fue aprobado por los concejales peronistas Roly Santacroce --candidato a intendente en las últimas elecciones-- y Juan Miguez (tío de Mauro); y Luis Dolce y Carlos Olmedo, del PRO.

En tanto que Ana Martelli, del Frente Progresista Cívico y Social, acompañó con su voto los otros dos proyectos que se aprobaron aquel día: otro barrio cerrado ubicado entre avenida Mendoza y la autopista (Rosetti Desarrollos Urbanos) y un Parque Industrial (Rosental). Ignacio Rimini, también del FPCyS, fue el único edil que rechazó los tres expedientes.

Las polémicas ordenanzas generaron dos asambleas frente al Municipio de Funes (Vanesa Fresno-InfoFunes)

Miguez se retrotrae a 2009 para empezar a hilvanar la historia detrás de lo ocurrido en la sesión del 22 de diciembre. Ese año, en sintonía con el boom inmobiliario de Rosario, el Concejo de Funes aprobó diez nuevas construcciones en una reunión tan polémica como la que se dio a fines del 2015. Aquel visto bueno permitió la creación de tres grandes barrios abiertos (Funes City, Funes Town y Funes Norte) y un conjunto de pequeños barrios cerrados, los cuales se expandieron por terrenos poblados por sectores medios y populares.

Funes City fue una de las urbanizaciones aprobadas en 2009

Los nuevos negocios incrementaron la superficie urbanizada de la ciudad. Se estima que se colocaron ladrillos en 1066 hectáreas en un lapso de 10 años. La expansión, como era de esperar, trajo aparejados innumerables inconvenientes en cuanto a servicios e infraestructura. Miguez explica que la gestión del Concejo de la que le tocó participar se dedicó a resolver estos problemas. De ahí, la imperiosa necesidad de no avalar ningún otro emprendimiento de este tipo.

“Los empresarios nunca tuvieron eco con sus pedidos. Todo lo contrario. Intentamos siempre fomentar medidas sobre el uso social de la tierra. Lo que se urbaniza en la ciudad no es accesible para todos. Es para una elite de altos ingresos que además encarece el valor de la tierra en el resto de la ciudad”, explica.

Un primer punto de inflexión, según el relato de este joven dirigente, hay que buscarlo en el “cambio de bando” de la ex intendenta Mónica Tomei (pasó de las filas del FPCyS a las del PRO), quien en sus días como legisladora había denunciado los nocivos efectos del boom inmobiliario.

“En el final de su mandato Tomei fue funcional a los grupos empresariales que empezaron a actuar con fuerza ahora. Se convirtió en socia de estas firmas. A través de decretos que nunca comunicó aprobó la pre-factibilidad de estos proyectos. Esperaron a que cambiaran las fichas en el Concejo para avanzar con todo”, denuncia.

Una similar metamorfosis sufrieron Roly Santacroce y Diego Barreto, ex concejal, hoy flamante intendente. Miguez cuenta que en su día ambos pedían mesura y cautela para avanzar en nuevas construcciones.  

“El cambio de postura de Santacroce también es llamativo. El año pasado yo presenté un proyecto para prohibir nuevos barrios cerrados en la ciudad. Santacroce firmó y acompañó el proyecto. Luego cambió de posición y cajoneó la iniciativa. Ahora fue más allá y votó a favor defraudando a los propios votantes del Frente para la Victoria. Tiene que quedar claro que esto ha sido una decisión personal y no orgánica del peronismo”, señala.

¿Por qué levantaron la mano? Miguez habla de presiones y de mucho lobby para que salgan las normativas. “Unos días después de la sesión me lo encontré a Santacroce y la única respuesta que me dio fue que habían recibido presiones. Algo parecido argumentó el concejal del PRO, Olmedo. Muestra a las claras la gravedad de las cosas. Si tuviesen claras sus convicciones políticas denunciarían estas presiones. Esto me lo dijeron personalmente”, afirma el ex edil.

Estando en el recinto, el dirigente de Unidad Popular también fue víctima de aprietes vestidos de comunicados de prensa y de notas periodísticas.  “Las presiones de las entidades y de los foros empresariales las viví en carne propia. Pedían frenar los debates sobre los barrios cerrados en el Concejo. Me desprestigiaron y me acusaron de autoritario”, recuerda.

Miguez dice que tomó “dimensión” de los intereses que había en juego detrás de estos proyectos luego del fuerte lobby que en agosto del año pasado hizo la Fundación Libertad a través de un comunicado firmado por 100 privados que se quejaban de una movida “anti-empresa”.

“Lo llamativo es que ahora rompieron con todos los códigos. Lo hicieron rápido por la presión empresarial. Pensaron que a fines de diciembre todo iba a pasar desapercibido. Les salió el tiro por la culata. Se deben estar arrepintiendo”, concluye.

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