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Denuncian que el Panadero Ochoa recibe trato indebido

La madre del ex jefe de la barra rojinegra denunció al ministerio de Seguridad de Santa Fe, la Subsecretaría de Servicio Penitenciarios y su titular, Pablo Cococcioni, al entender que su hijo está recibiendo trato indebido en la Unidad Penal Número 3

A comienzos de esta semana, la madre de Diego “Panadero” Ochoa presentó una denuncia al entender que su hijo está recibiendo un trato indebido en la Unidad Penal Número 3. El ex líder de la barra de Newell’s está alojado en una celda de aislamiento, en condiciones inhumanas, desde hace más de 50 días, por un problema que, según su abogado defensor, les es ajeno. “Diego sale de su calabozo dos veces por semana, para ir al gimnasio, y otra los sábados para recibir visita. Es situación extrema, por la cual la provincia no parece mostrar mayor interés”, explicó Ignacio Carbone, defensor del Panadero, a Rosarioplus.com.

A Diego Panadero Ochoa lo arrestaron el 20 de agosto de 2013, en su casa de Pueyrredón al 3700, en el marco de un inmenso operativo policial comandado por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). En el domicilio, los hombre de negro de la fuerza provincial incautaron 100 mil pesos en efectivo, dos armas de fuego –una calibre 40 y otra 22 milímetros–, celulares, computadoras y documentos de valor para la investigación.  

La detención del Panadero, líder de los paraavalanchas rojinegros desde el 2010,  no fue un hecho casual. Rosario vivía una situación crítica tras el asesinato de Claudio Pájaro Cantero, ocurrido en mayo de 2013, y de acuerdo a lo que explicaron allegados al caso, las autoridades de la Provincia de Santa Fe decidieron “calmar” a los capos de las calles rosarinas para evitar una ola de enfrentamientos armados.

Al “Pana”, en primera instancia, lo implicaron en la investigación por el homicidio de Maximiliano Rodríguez, hijo del Quemado Rodríguez, muerto de un tiro en la cabeza en la esquina de Corrientes y Pellegrini el 5 de febrero de 2013. Tiempo después sería señalado también en las pesquisas por el asesinato de Roberto Pimpi Camino, ocurrido el 19 de mayo de 2010; el ataque a tiros a Matías Pera, del 21 de noviembre de 2010; y el atentado al hijo del Quemado, siete días antes de su muerte, el 29 de enero de 2013. De todas maneras, tras algunos meses de procesos judiciales, fue desligado de tres de los hechos, siendo hoy investigado sólo por el homicidio de Pimpi.

Ochoa, esposado y todo, no fue un preso fácil de encarcelar. Dado su perfil de hombre rudo, el subsecretario de Servicio Penitenciario, Pablo Cococcioni, determinó que el capo de Newell´s sólo podía ser alojado en los penales de máxima seguridad: Piñero o Coronda. Pero el “Pana” tiene enemigos en ambas cárceles, por lo que se decidió que quede preso en la seccional 27ª de Arroyo Seco.

En enero pasado, en una de las tantas polémicas en las que está implicada la Unidad Regional II, la comisaría de Arroyo Seco fue allanada, bajo la sospecha de que en el lugar funcionaban celdas vip. En respuesta, los titulares de la seccional explicaron que el edificio se encontraba en refacciones, por lo que los presos habían sido ubicados en oficinas (de acuerdo con fuentes del caso, había televisión, Play Station y aire acondicionado). En este marco, la justicia se vio en la encrucijada de encontrar un nuevo lugar para que Ochoa continúe tras las rejas.

La única alternativa con la que contaban era la Unidad Penal Número 3, de Riccheri y Zeballos. Esta cárcel está preparada para presos de baja peligrosidad, próximos a ser liberados, o con salidas transitorias y, para las autoridades provinciales, no era un lugar adecuado para Ochoa, a quien consideran un “interno de perfil alto, que está en un riesgo permanente”.

La solución que encontraron fue simple: que Ochoa vaya a la cárcel de calle Riccheri, pero que sea ubicado en una celda de aislamiento, por un lapso de 45 días, hasta encontrar un nuevo lugar donde alojarlo.

Cabe resaltar que las comúnmente conocidas como celdas de castigo son habitaciones mínimas, que cuentan con una cama hecha de cemento y un pequeño hueco por el cual el detenido puede defecar u orinar; nada más. “Según peritos, si una persona está más de 15 días en un lugar como ese, puede sufrir un daño psicológico irreversible”, explicó Ignacio Carbone, abogado de Ochoa.

Así las cosas, los 45 días de aislamiento de Ochoa se cumplieron el pasado sábado 2 de mayo. Por ello, el lunes 4, Hilda P., la madre del Panadero, presentó una denuncia contra el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario y Pablo Cococcioni, por incumplimiento de orden judicial, incumplimiento de funcionario público y abuso de poder; al interpretar que el muchacho está sufriendo un calvario, por una causa en la que solo se encuentra nombrado y por la cual, hasta hoy, no hay un juicio programado. “Diego no está preso en Guantánamo; hasta el momento es inocente de cualquier acusación; es una persona con derechos y deben ser cumplidos”, explicó Ignacio Carbone, quien señaló que no tienen ningún problema en que el muchacho sea trasladado a un pabellón común.

Al ser consultado sobre la problemática, Pablo Cococcioni señaló que el del Panadero es un caso complicado, donde las autoridades terminan optando por “un mal menor”. “En cualquier lugar en el que se lo aloje colectivamente con otros internos hay peligros de atentados y fugas. Sólo tenemos dos lugares que cumplen con los requisitos y Ochoa no puede ir a ninguno”, resaltó el funcionario, admitiendo que “el solo hecho de estar privado de la libertad, provoca un deterioro a la persona”.

La denuncia realizada por Hilda P. fue tomada por el Fiscal Aníbal Vescovo, quien ya realizó un pedido de informe sobre la situación del Panadero a las partes implicadas, para interiorizarse en el caso; buscando establecer si existe o no un incumplimiento de una orden judicial, incumplimiento de deber de funcionario público o abuso de poder, como denuncia la familia Ochoa.

Mientras, el Panadero espera y desespera. 

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