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Defensores de la ley de salud mental repudian los despidos en el sector

El Movimiento de Usuarios y Trabajadores en defensa de la ley de salud mental emitió un comunicado expresando su preocupación por los “despidos encubiertos” 

Desde diciembre, todos los lunes en Corrientes y el río se reunen trabajadores de la salud mental, estudiantes, usuarios y ciudadanos interesados en defender la ley nacional 26.657 (sancionada 2010 y reglamentada en 2013). Decidieron organizarse al advertir que la implementación de la legislación corre peligro con el nuevo gobierno nacional.

Cuando empezaron las juntadas, en las que insisten puede participar cualquiera, los despidos en el Centro Educativo Terapéutico Ramón Carrillo de Granadero Baigorria todavía eran una posibilidad y la preocupación principal pasaba por la posible designación de Andy Blake como Director Nacional de Salud Mental y Adicciones. Desde el primero de enero, se confirmó la no renovación de contratos de los 21 trabajadores del CET (Sedronar) por decisión del Gobierno Nacional y el tema de los “despidos encubiertos” pasó a ser uno de los intereses principales del Movimiento. 

Tal como informan en el comunicado que emitieron este miércoles, el centro terapéutico de Granadero Baigorria fue el primero del país en su tipo y “desde septiembre del 2014 lleva adelante políticas de inclusión social y tratamientos para jóvenes que se encuentran en situación de consumo problemático”. En este sentido, advierten que los despidos imposibilitan “la continuidad del funcionamiento del dispositivo, con el consiguiente perjuicio para los usuarios, lo que en muchos casos profundiza la situación de exclusión social que atraviesa parte de la población destinataria”.

La ley de salud mental, tal como fue sancionada por el Congreso en 2010, tiene entre sus objetivos más importantes el de asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el de reconocer a la salud mental “como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos”. En este sentido, consideran que una situación de “retiro del Estado” como la que observan paulatinamente en el sector “destruye el andar de un camino”, que de por sí enfrenta dificultades y situaciones de trabajo precario. 

Aseguran también que la ley “tiene en su espíritu la modificación de los viejos paradigmas estigmatizadores, ligados a la peligrosidad social” y el desmantelamiento de espacios claves como el CET de Baigorria implican un necesario retroceso en el cumplimiento de ese objetivo en particular. 

Por estos motivos, expresaron como Movimiento su repudio a los despidos y demandaron la continuidad laboral de los trabajadores afectados. Además, anticiparon posibles futuras medidas en este sentido e invitaron a la población a acercarse a las reuniones de los lunes para comprender la importancia de la temática.

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