El Concejo discute por estos días un proyecto que busca reformar el Código Urbano para permitir edificar en mayor altura en corredores claves de la zona centro de la ciudad. La propuesta del concejal Martín Rosúa fue ingresado a fines de agosto en la Comisión de Planeamiento y está en pleno comienzo de debate. 

La iniciativa busca subir el permiso de construcción de edificios de 23 metros (unos siete pisos), máximo que prevé el debatido Código Urbano en 2008, permitiendo construir más alto en las siguientes arterias clave: Corrientes desde Wheelwright a Urquiza y desde Mendoza a Pellegrini; e Maipú de Mendoza a Pellegrini; en Mendoza, desde Oroño a Corrientes y desde Maipú hasta Necochea. También sugiere calle Salta en Pichincha o el bulevar Rondeau en la zona norte.

El proyecto encontró algunas voces críticas, como la de la profesora de grado y posgrado e investigadora de Arquitectura en la UNR, Claudia Rosenstein. Según la especialista, es “insostenible urbanísticamente y absolutamente controversial, quitando seriedad a la discusión de hace nueve años en la creación del Código, y retrocediéndola”.

El Código Urbano llevó un enorme debate de todos los sectores implicados allá por el 2008 para llegar al consenso y, según la especialista en urbanismo explicó a Rosarioplus.com, “ya viene vapuleado por los cánones que se pagaron para hacer excepciones”. 

Si bajo esta propuesta de ordenanza es reformado el Código Urbano sobre los corredores céntricos, Rosenstein analizó que “ya sería el colmo de la evidencia de que el Estado juega para el sector privado, cuando siempre debe oficiar de mediador entre éste y la sociedad en busca de habitabilidad para todos”.

Ocurre que de acuerdo al Código, el Estado decide “quién gana y quién pierde, el modelo de ciudad que queremos, si incluye o excluye en el problema del hábitat urbano, y si las decisiones sobre el territorio no son buenas, éstos territorios no se recuperan más, por ser construcciones privadas en lugares públicos”.

El argumento de Rosúa, planteó la especialista, es que se van a abaratar los costos de las unidades, “y no es cierto, porque el costo es según el índice (cantidad de metros cuadrados que se puede construir según el terreno), porque ese costo se prorratea en el número de unidades”, puntualizó.

De esta forma finalizó que “el poder político sigue un lineamiento del mercado inmobiliario. Si se aprueba el cambio se alienta a que más gente viva en el centro, en detrimento del plan de descentralización y del aliento a la gente a usar otros medios de transporte y desalentar los autos particulares”.