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Bonadío procesó a Aníbal y a ex ministros por fraude con contratos

El juez tendió sospechas sobre el ex jefe de Gabinete y los ex ministros de Salud Manzur y Gollán en las compras de insumos para el programa que distribuía ajuares a mujeres embarazadas

El juez federal Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández, Juan Manzur y Daniel Gollán por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violacion de deberes de funcionario por las contrataciones realizadas en el marco del denominado Plan Qunita. 

La causa arrancó con dudas sobre la compra de 150 mil kits para embarazadas.

Se trata del ex jefe de Gabinete y de dos ex ministros de Salud de la gestión kirchnerista -en el caso de Manzur, se trata del actual gobernador de Tucumán- a quienes el magistrado procesó junto a otra veintena de imputados y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos, consignaron fuentes judiciales.

La causa apunta a presuntas irregularidades en las licitaciones del programa social que distribuía kits y ajuares entre beneficiarias embarazadas. En el procesamiento, Bonadío indaga en los precios ofertados en las compras y en la legalidad de las licitaciones.

La causa por presuntas irregularidades en la compra de 140 mil kits para recién nacidos se inició a instancias de una denuncia presentada el año pasado por la legisladora porteña de Confianza Pública Graciela Ocaña.

Daniel Gollán, el sucesor de Manzur, también ha sido procesado.

El Plan Qunita, cuya licitación fue lanzada en enero del 2015 y fue adjudicada a seis empresas en junio, consistía en la entrega a embarazadas de un kit conformado –entre otros elementos- por una cuna de madera con sistema de encastre, un colchón, un juego de sábanas, un acolchado reversible, un juego de toallas, un extractor manual de leche materna, dos enteritos manga larga, dos enteritos manga corta, dos pantalones tipo osito, un pantalón, dos pares de medias, un gorro, un abrigo y un par de escarpines. 

En la resolución de 156 carillas dictada este martes, el juez Bonadio dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 23 personas –incluidos Fernández, Manzur y Gollán- y el sobreseimiento de otras nueve personas. 

De los 140 mil kits licitados, la empresa Fasano SRL. aportaría 115.000 y, los restantes 25.000, las otras compañías. 

Al ser indagado por el juez Bonadio el 19 de noviembre pasado, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había alegado el principio de "presunción de legalidad de los actos administrativos" y sostenido que no se había detectado “vicio alguno en ninguno de los pasos" del proceso de licitación. 

“La maniobra se dio tal como fue porque hubo un acuerdo de voluntades dirigidas a un único fin, cual era el de adjudicar la licitación Nº 4/15 a las seis empresas ganadoras. A tal efecto, la contribución de los nombrados no sólo fue necesaria, sino que fue esencial para cerrar la maniobra, para completarla”, argumentó el magistrado al dictar hoy los 23 procesamientos, entre funcionarios y empresarios. 

En este sentido, consideró que, “sin dudas, hubo una verdadera división de funciones dirigidas intencionalmente a alcanzar un fin último”, y remarcó que, “cada uno desde el sector que le tocó intervenir, realizó todo lo necesario para que se concrete la maniobra”.

En tanto, en otro tramo de su resolución, el juez Bonadio remarcó “las deficiencias en los contenidos de los kits” en relación a lo que “preveían los pliegos”. 

En este punto, mencionó la comprobación por parte del INTI de “la deslucida calidad de las cunas” y sostuvo que, a ello de suman diferencias detectadas en el kit aportado al juzgado por el Ministerio de Salud en relación a lo detallado en el pliego de bases y condiciones. 

“Sin motivo aparente, al mismo se lo despojó de un saco de dormir y se le agregaron preservativos y geles lubricantes”, detalló el magistrado. 

Por otro lado, al fundamentar los procesamientos, el magistrado entendió que “todos los imputados se apartaron de las normas y omitieron su cumplimiento, con plena intención de ello”.

Los delitos por los que 23 de los imputados fueron procesados son los de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

 

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