La comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados firmó este miércoles el dictamen que declara la emergencia ocupacional a partir del primero de marzo de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017. En concreto, se prohiben los despidos tanto en el ámbito público como en el privado y se establece la doble indemnización. El proyecto fue consensuado por la mayoría de los bloques de la oposición.

El dictamen de mayoría, que fue aprobado este mediodía en el marco de la comisión de Legislación del Trabajo que preside el diputado nacional Alberto Roberti (Bloque Justicialista), lleva las firmas de diputados del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el Partido Socialista y UNA, y reúne nueve iniciativas de diferentes bloques de la oposición.

En tanto, el bloque oficialista Cambiemos (integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica) rechazó esa iniciativa y presentó un dictamen propio que establece, entre otras cuestiones, que sólo se pueda declarar la emergencia ocupacional si el desempleo supera el 10 por ciento como establecía la ley de emergencia dictada en el 2002.

La propuesta ratifica la “emergencia ocupacional nacional” decretada por el ex presidente Eduardo Duhalde en 2002 y prorrogada en sucesivas oportunidades por el Poder Ejecutivo y el Congreso durante el gobierno kirchnerista.

De todos modos, el dictamen debe ser debatido antes de llegar al recinto por la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina, con lo que es probable que el debate se dilate y no sea tratado si no hay un consenso entre el oficialismo y la oposición.

Sin embargo, y para evitar dilaciones, al término del encuentro, los diputados acordaron elevar a la comisión de Presupuesto un pedido para que se realice en forma urgente la convocatoria a esa reunión, para avanzar en el dictamen y poder llevarlo al recinto lo más rápido posible.

Si bien el Frente para la Victoria planteó, a través de varios de sus diputados, que se declare la emergencia ocupacional a partir del mes de diciembre (cuando se inició el gobierno de Mauricio Macri) el texto consensuado finalmente establece que la medida es retroactiva al primero de marzo de 2016 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Desde el oficialismo, Daniel Lipovetzky (PRO) dijo que a ese bloque le “preocupa la situación del empleo” y pidió “pensar bien y debatir profundamente cuál es el mejor instrumento”, a la vez que propuso invitar, entre otros, a las cámaras empresarias y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para que expongan sobre la situación y tildó de “inconstitucional” la iniciativa opositora.

“Si no es el instrumento, ¿cuál es el instrumento que propone el bloque Cambiemos?”, se preguntó Facundo Moyano (Frente Renovador) y recordó que presentó varios proyectos para alertar sobre los despidos, incluso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La reunión contó con la presencia de 27 de los 31 miembros de la comisión y entre los ausentes estuvieron la diputada catamarqueña Miriam Juárez, del Frente Cívico y Social de Catamarca, aliado de Cambiemos y cercana al sindicalista de la Uatre, Gerónimo Momo Venegas y el diputado y presidente del Bloque Justicialista, Oscar Romero.

Desde el socialismo, Alicia Ciciliani, respaldó la iniciativa y consideró que se trata de “una discusión ideológica y política que hace al modelo de sociedad que queremos y es un claro mensaje político para terminar con esta sangría”.

Para el sindicalista Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo) “es importante y es urgente que se apruebe este proyecto porque mientras nosotros estamos debatiendo ésto, se está despidiendo a un trabajador”.

En tanto, el sanjuanino Eduardo Cáceres (PRO), advirtió que el oficialismo no está “negando los despidos” y, en sintonía con Lipovetzky, puso en duda la constitucionalidad de la iniciativa, al sostener que se trata de un dictamen “con defectos” y pidió ampliar la ronda de invitados para que expongan sobre la situación.

Por su parte, el diputado nacional Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, manifestó su preocupación por los despidos y anticipó que presentó un dictamen de minoría pero adelantó que votará junto a la mayoría en el recinto. 

Al término del encuentro, Roberti, sindicalista petrolero, admitió que "no es el mejor proyecto" y sostuvo que el oficialismo "tiene que entender que hay temas que trascienden el nivel partidario", a la vez que afirmó que "si no se llega a usar es porque tendremos pleno empleo pero tenemos que hacer algo". 

El proyecto prohibe el despido de trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2017, habilita al trabajador a exigir su reincorporación o cobrar una doble indemnización y obliga al Estado y privados a reincorporar a los cesanteados desde marzo pasado, al tiempo que precisa que los despedidos podrán optar por accionar judicialmente para lograr su reincorporación o elegir cobrar una doble indemnización.