Paradigmas de la Salud Mental: sanar desde el trabajo o desde el encierro

El gobierno nacional avanza en reinstalar el paradigma médico-bilogicista para abordar las adicciones y el padecimiento mental, que se sintetiza en el trabajo de clínicas como San Camilo, cuestionada por irregularidades. Rosario tiene una experiencia opuesta: la Casa Terapéutica Productiva de la cooperativa Communitas

La intención del gobierno nacional de modificar aspectos claves de la Ley Nacional de Salud Mental mantiene por estas horas en vilo a la comunidad médica y a los profesionales que trabajan con pacientes con consumos problemáticos o padecimientos mentales. La nueva reglamentación busca reflotar el paradigma médico-bilogicista, en detrimento del actual enfoque interdisciplinario.

El borrador del poder Ejecutivo reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos y peligrosos”. El tratamiento a seguir debe ser regido entonces únicamente por el “arte médico”.

Las clínicas psiquiátricas cerradas –en su mayoría privadas—son, por lo general, las instituciones que se rigen bajo este paradigma. “No solo han fracasado en generar alivio al sufrimiento subjetivo, sino que han producidos muertos y muertes en vida, gente que por el encierro y la medicación queda sin la posibilidad de armar un lazo social”, remarcó Silvia Grande, docente universitaria e integrante del Movimiento de Usuarios y Trabajadores en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Para la actual legislación argentina, la salud mental es “un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona” (Ley Nacional de Salud Mental, capítulo II, artículo 3°).

La ley de Santa Fe también comparte este espíritu, por lo que en Rosario y en el resto de la provincia se trabaja siguiendo algunos métodos interdisciplinares (terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos, etc.) con el eje puesto en la construcción de lazos sociales.

Los enfoques en pugnan se materializan en los distintos establecimientos a los que asisten quienes sufren algún padecimiento mental. En una vereda está, por ejemplo, la Fundación San Camilo, ubicada en Pilar (Buenos Aires), con convenios con Santa Fe. En la otra, la Casa Terapéutica Productiva de la cooperativa Communitas, un proyecto en pleno crecimiento.

Abusos, torturas, encierro y castigo

El Hospital Psiquiátrico San Camilo se presenta en su página web como “una entidad con más de 60 años de experiencia, comprometida en brindar atención integral en salud mental”. La lugar recibía hasta hace poco menores con consumos problemático de drogas de la Dirección de Niñez de Santa Fe.

“Apenas entrás a San Camilo te encierran en una celda y te sobremedican hasta que se te queda trabada la mandíbula. Te quedás ahí horas, días o semanas. Si te portás mal te castigan poniéndote a limpiar toda la institución o haciendo de guardia de otra persona que esté encerrada”, describió hace unos meses el periodista Pablo Galfre, autor del libro La Comunidad, una obra que aborda el oscuro mundo de las “granjas de rehabilitación”.

A mitad de año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Buenos Aires realizó una inspección en la institución, donde pudo verificar incontables hechos de tortura y tratos inhumanos a 60 personas con distintas enfermedades mentales.

La CPM denunció que las instalaciones presentaban excesiva humedad y la falta de vidrios en la mayoría de las habitaciones e instalaciones eléctricas deterioradas con cables expuestos que ponían en riesgo la seguridad de las personas. “Las personas entrevistadas por la Comisión denunciaron que hay sectores del edificio que no cuenta con suministro de gas, por lo deben bañarse con agua fría y no acceden a calefacción. El mobiliario es igualmente precario y todos los colchones están obsoletos, deteriorados y húmedos”, enumeraba el comunicado.

“El ejercicio de la violencia física es delegado por los mismos directivos de la comunidad terapéutica en otros pacientes. Una vez reducidos por otros internos, les suministran psicofármacos y los encierran en una habitación, desnudos y atados de pies y manos a una cama. Por el mismo efecto del psicofármaco pueden llegar a dormir por 48 horas, y permanecen encerrados por alrededor de una semana”, rezaba el texto.

Débora Mendoza, la mamá de un joven rosarino derivado a este establecimiento, lanzó en aquel entonces una campaña en redes sociales para denunciar que su hijo fue “maltratado, torturado y violado en sus derechos”. A partir de esa catarsis muchas otras madres se animaron a hacer pública sus denuncias.

La Casa Terapéutica-Productiva de Rosario

Communitas es una cooperativa de trabajo abocada a las adicciones, la salud mental y la vulnerabilidad social que nació en 2015. Su Casa Terapéutica-Productiva (CTP), pionera en el país, articula y potencia un componente fundamental para el abordaje de esta problemática: la generación de proyectos formativos-ocupacionales.

“Estos espacios tienen que ver con la innovación y la posibilidad de que los jóvenes se puedan vincular con el mundo productivo”, señaló Lifschitz sobre Communitas

En un primer momento, sus impulsores obtuvieron el respaldo del gobierno nacional. Becas del Sedronar para jóvenes sin asistencia social y financiamiento del Ministerio de Trabajo para fortalecer los talleres productivos: textil, cocina, corte y confección, redacción, luz y sonido.

La retracción del Estado en materia social golpeó a la cooperativa durante el 2016. La altísima inflación se “comió” las partidas del Sedronar y el Ministerio de Trabajo no envió más fondos para reeditar los talleres.

Pero a diferencia de los programas asistenciales del Estado, en su mayoría desarticulados por la falta de fondos, Communitas capitalizó los saberes adquiridos en los talleres ocupacionales y se lanzó con éxito al mercado laboral. A puro pulmón, las autoridades crearon convenios tanto con el sector público como privado. Más de 50 jóvenes tienen hoy una remuneración mensual por sus tareas productivas.

El trabajo textil y gastronómico se consolidó a través de los mercados populares. La revista “Que Sapa” se ganó un lugar en la calle: todos los meses se venden los tres mil ejemplares que se ponen en circulación. El sonido y la iluminación son hoy en día los rubros "estrellas" por la cantidad de contrataciones.

El mes pasado, la provincia firmó una acuerdo con la cooperativa a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) para inaugurar una segunda Casa Terapétutica-Productiva, en un inmueble de Santiago al 700.

“Es un hermoso proyecto que aborda el problema de personas que padecen adicciones; no es sencillo encontrar respuestas sencillas y estos espacios tienen que ver con la innovación y la posibilidad de que los jóvenes se puedan vincular con el mundo productivo”, señaló el gobernador Miguel Lifschitz.

Los resultados de este abordaje están a la vista. “La posibilidad de desempeñarse en un oficio le cambió la vida a muchos chicos. Muchos de ellos llegaron a la cooperativa con muchos derechos vulnerados y con consumos problemáticos, y  hoy están juntando peso a peso para, por ejemplo, comprarse un terreno para construir una casa propia”,  resumió Matías Senderey, responsable del proyecto junto a Camila Bettanin.

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