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Un centro de salud dejó de atender por la inseguridad

Es el dispensario Ernesto Che Guevara. La decisión la tomó el personal por una serie de agresiones. En la última, un joven atacó a una profesional con un cuchillo, le robó el teléfono y amenazó de muerte a todos. Hasta que no les asignen custodia no volverán al lugar

Hace más de una semana que el centro de salud provincial Ernesto Che Guevara, un efector público situado en calle 1709 y colectora de Circunvalación (a la altura de 27 de Febrero al 7700), en barrio Godoy, está cerrado por decisión de sus trabajadores luego de padecer un robo violento, enésima agresión de una seguidilla que se agravó, dicen, en los últimos dos años. 

El hecho que disparó la decisión de cerrar las puertas, la gota que colmó el vaso como quien dice, ocurrió el jueves 11 cuando un muchacho del barrio -que además es paciente del mismo- ingredó al lugar y atacó a una trabajadora social, robándole a punta de cuchillo el teléfono celular. El violento episodio transcurrió a la vista de todos, médicos y vecinos en la sala de espera, por lo que el agresor, amenazó de muerte a todos para que no lo denunciaran.

Quienes viven o trabajan en esa zona del sudoeste, aseguran que lo que sucedió fue otro síntoma de la penetración del “narcomundo” en la cotidianidad del barrio.

"El centro de salud permanece cerrado desde el jueves 11/02 por un hecho de inseguridad en el interior del mismo. Queremos trabajar tranquilos para brindar un mejor servicio", aclara el texto escrito en una cartulina sobre el vidrio de la puerta enrejada y cerrada con llave. 

Adriana Abaca tiene protección policial en su casa por denunciar la venta de drogas en el barrio.

Adriana Abaca, una vecina que soportó ataques varios contra su casa por denunciar la venta de estupefacientes en el barrio, contó a Rosarioplus.com que el martes pasado su nuera acudió al dispensario para someterse a un control de embarazo, pero se encontró con la novedad. En la misma puerta del centro que atiende un centenar de personas por día y registra 9.000 historias clínicas, otra cartulina deriva a las pacientes al otro centro de salud más cercano, el "Josefa Roselló", en Rivarola al 7500. "Para colocar Mesygina (anticonceptiva) y retiro de anticonceptivos, dirigirse al centro de salud Roselló".

El centro de atención primaria Che Guevara depende del Ministerio de Salud provincial. Su coordinador, el médico Federico Aquino, confirmó la situación y explicó que fue el último de una serie de episodios violentos que se suceden con mayor frecuencia desde hace un par de años.

Testimonios de vecinos

Según apuntan los vecinos del lugar, el supuesto agresor se llamaría Walter, de 22 años, quien vive muy cerca del centro médico, y atraviesa una adicción importante. "Si lo hablás, entiende y sabe que se mandó muchas macanas, pero cuando toma no conoce a nadie y es un peligro", describen quienes lo tratan a menudo.

Es paciente del centro de salud, igual que sus amigos en la misma condición de drogadependencia. Los que relatan piden mantener sus nombres en reserva. La vida sigue en el barrio después de contar ciertas cosas en el diario. Dicen que Walter vendía el clonazepam que le prescribían en el mismo centro de salud, en el marco de un tratamiento psiquiátrico por su adicción. Pero él no lo tomaba. A 10 pesos por pastilla, el joven se ganaba así el dinero para comprar su droga.

Aquel jueves, Walter entró y atacó a una trabajadora social. A punta de cuchillo le quitó el teléfono celular. La sala de espera estaba llena de pacientes, y uno de ellos llamó a la policía. Walter se marchó a tiempo, pero antes amenazó de muerte a todos para que no lo denuncien.

El y sus amigos alternan momentos de convivencia y de hostilidad con su vecindario. La sala de espera del Che Guevara sabe de sus incursiones abruptas, en busca de psicotrópicos, o el mangazo intimidante a los pacientes. El año pasado fue otra empleada del centro la que tuvo que ceder su moto al filo de un cuchillo en la garganta. Otras veces, fueron los autos estacionados de los trabajadores del dispensario los que padecieron rayones y rotura de vidrios. Y la tensión constante, y el no saber qué ocurrirá a la salida, en la esquina, en la otra calle, vigilar quien viene, quien mira.

"La situación se hizo insostenible y no podemos trabajar así. Somos uno de los pocos centros de salud que todavía no tenemos protección, por eso estamos gestionando que nos asignen un personal de seguridad, de policía o privada. Las autoridades tienen que resolver unas cuestiones administrativas antes. Nosotros, hasta que no tengamos esa garantía no podemos volver a trabajar", expuso Aquino. Uno de los centros cercanos -el Roselló-, tiene guardia privada. Y el del barrio Santa Lucía, funciona con gendarmes en la sala de espera.

Nada mejor que ofrecer

Los empleados del centro Che Guevara se sienten como un islote perdido en un mar de demandas que a veces amenaza y otras lastima.Señalan la falta de clubes en las cercanías. Los talleres de oficios funcionan en la sede del Centro de Distrito Municipal Oeste, demasiado lejos; la comisión vecinal atiende a 15 cuadras.

Una protesta el año pasado por un caso de gatillo fácil. La violencia es un condimento más del barrio Godoy.

Entonces entienden que el Estado no tiene nada para ofrecerle a los jóvenes y adolescentes del barrio que les resulte más seductor que los mil pesos diarios que pueden llegar a cobrar por atender o cuidar un kiosco de drogas. "No hay curso que valga, ni plan Progresar, ni nada. La salida no es lineal, y tampoco simple: podés desintoxicar a un chico, pero esa limpieza le durará una semana y volverá a la misma, al consumo y a la lógica de hacer lo que sea para seguir consumiendo, porque no tiene otra alternativa, no tiene otra cosa distinta para hacer ni para soñar o proyectar. Vuelve al barrio, a lo mismo, y sigue así. No será raro que cualquier día lo encuentren muerto en una zanja. Ahí es donde el sistema se queda corto", resumió, resignada, una de los profesionales que circulan por la red de salud pública.

Aquino consideró que su equipo no es el blanco exclusivo de las agresiones. "Es la violencia cotidiana que viven todos los vecinos en el barrio. La zona se complicó mucho en el último tiempo, y se debe a las consecuencias del consumo y a que el comercio de esas sustancias se transformó en toda una economía familiar para muchos", lamentó.

Código de silencio

Abaca sostuvo que la situación es un botón de muestra más de la incidencia de la compra venta de drogas en las cuadras que delimitan las avenidas 27 de Febrero, Presidente Perón, Circunvalación y el límite municipal. En el medio está la comisaría 32ª, desde el año pasado con edificio nuevo en Calle 1731 y Danieri. Según Abaca, los policías de esa dependencia no son ajenos a la actividad delictiva del barrio, y su acusación no es nueva: compone la causa iniciada hace cuatro años en el juzgado federal de Carlos Vera Barros. El resultado de la investigación hasta ahora ha sido solamente la asignación de una custodia permanente a la casa de Abaca, en Colombres y Calle 1711, a cuatro cuadras de la seccional.

La casa de Adriana Abaca fue blanco de balas y piedras más de una vez.

La vivienda de Abaca fue blanco de disparos en 2012 y en 2013. En mayo de 2014, alguien llegó al punto de intentar incendiar el patrullero policial estacionado frente a la casa, y al mes siguiente la misma dirección fue objeto de pedradas y uno de los hijos de la mujer fue atacado por personas del barrio que le quebraron un brazo.

"Tenemos un móvil de Gendarmería en la puerta de casa, pero no podemos retomar una vida normal así, mientras tanto acá los narcos hacen lo que quieren y no les pasa nada", concluyó.

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