Agentes del Ministerio de Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación secuestraron 588 armas no oficiales como resultado de una inspección desplegada en comisarías de las unidades regionales I, II y XVII, de Santa Fe, Rosario y San Lorenzo, respectivamente. Se trataría de armas decomisadas en procedimientos, detenciones o escenas de delitos que la policía en cada caso no informó a la autoridad judicial a cargo. 

El secretario de Control de Armas, David Raniero, precisó en conferencia de prensa que el resultado de la requisa fue el hallazgo de 246 armas de fuego en San Lorenzo, 331 en Santa Fe, y en Rosario 11 armas y 572 municiones de 9 milímetros.

Las armas encontradas fueron relevadas y llevadas a un depósito especial, y los fiscales deberán investigar a qué caso corresponde cada arma, para luego avanzar en la destruccion de las mismas.

Durante la conferencia, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, precisó que “estas inspecciones comenzaron para establecer una lógica criminal y perseguir los mercados ilegales de armas de fuego de la provincia, relacionarlas con las diferentes causas delictivas y el tiempo que llevaban”.

Pullaro aclaró que “no se trata de hechos delictivos dentro de las comisarías sino de una situación de almacenamiento irregular de armas del viejo sistema”. Desde el próximo lunes se realizará este relevamiento en las 16 unidades regionales restantes.

El control de armas surgió de la Junta de Seguridad creada recientemente, para lo que Pullaro contó que “se trabajó conjuntamente con el Ministerio Público de la Acusación, por instrucción del jefe de fiscales Julio de Olázabal, y con el procurador de la Corte Suprema provincial, Jorge Barraguirre”.

El jefe de fiscales de la provincia, Julio de Olázabal analizó que “se encontró un número sorprendente de armas, en una situación que no se puede decir delictiva, pero sí irregular, ya que cuando sucede un hecho delictivo con armas, el sistema actual y el viejo generan que las armas terminen en manos de los fiscales o en los jueces de instrucción, mientras que la ley establece que ese arma debe ser destruida”.