Preocupan despidos sin causa en escuelas privadas

El gremio de docentes de la educación privada está en alerta ante una sucesión de despidos ocurridos desde el final del ciclo lectivo 2015 en colegios e institutos de la provincia. Desde Sadop, el sindicato que los representa, pidieron al gobierno que ponga la lupa sobre esta situación que temen se agrave con nuevos casos y decidieron promover en la Legislatura un proyecto de ley que quite el subsidio estatal a los establecimientos de enseñanza que despidan sin causa a sus trabajadores. El secretario general del sindicato, Martín Lucero, reveló que hubo siete cesantías sin justa causa, y teme que, excusas mediante, se convierta en un probable ajuste del sector. “Tememos que se desate una vorágine de despidos en la docencia del nivel privado, cuyos establecimientos funcionan con dineros públicos, porque es el Estado provincial el que paga los sueldos del personal de las escuelas privadas de la provincia”, señaló. En el Ministerio de Educación reprueban esos despidos y manifiestan preocupación al respecto, pero descartan que se trate de un ajuste patronal.

Los casos que dispararon la alarma en el gremio empezaron el año pasado, con tres despidos en el colegio católico Lasalle Jobson, de Santa Fe. Los dueños echaron sin causa a las vicedirectoras del nivel inicial y del nivel primario, y a un profesor de Educación Física. Les dijeron que “su perfil profesional no se ajustaba al ideal de la institución”. El Estado provincial costea el 80 por ciento de los sueldos del plantel docente de este colegio.

La siguiente cesantía ocurrió en el colegio Adoratrices, de Santa Fe, con una profesora del nivel secundario y sin justificación mas que un episodio de índole privada que sufrió la docente, luego de lo cual fue despedida.

El mes pasado el jardín de infantes de la escuela Leonardo Da Vinci, del Club Atlético Unión de Santa Fe, prescindió de una de las docentes sin mayores explicaciones, y hace diez días, en Rosario, el colegio San Francisco Solano (Mendoza y Río de Janeiro) despidió a una de sus preceptoras, a la que había contratado cuatro años antes y que en octubre pasado había titularizado, revelaron desde Sadop. Además de estos casos, en el gremio trabajan por estas horas para intentar evitar otros dos despidos más en colegios privados de Rosario.

Por todo esto, en Sadop decidieron insistir en Legislatura, apenas empiece el período ordinario de sesiones, con un proyecto que apunta a quitar los subsidios a aquel establecimiento privado que produzca despidos sin causa justificada. “La Legislatura no puede sancionar los despidos, pero sí puede quitarle el subsidio a los que echan docentes sin causa. Porque ese subsidio es dinero público y el Estado debe velar por el destino de sus recursos. Estos colegios usan la plata del Estado para pagar sueldos, y la de los padres para pagar indemnizaciones”, fustigó Lucero.

El director de Gestión Privada del Ministerio de Educación provincial, Carlos Battaíno, se mostró preocupado por estas cesantías. Sin embargo, descartó que se trate de un proceso de ajuste en el sector de la enseñanza privada. “Es preocupante y condenamos los despidos arbitrarios, pero también es cierto que en esos casos a los titulares de los establecimientos les asiste ese derecho siempre y cuando cumplan con el pago indemnizatorio y los requisitos legales para estos casos. No creo que se venga un ajuste porque en todos estos casos, los docentes cesanteados han sido reemplazados por otros. No hay ajuste patronal, ni tampoco del Estado, porque la provincia mantiene el mismo volumen de subsidios”, dijo el funcionario luego de haber tomado indagado en esos establecimientos el trasfondo de los despidos. El argumento de que los cesanteados no encajan “con el perfil de la institución”, es una potestad de los empleadores que raya en la discriminación, incluso del orden político, religioso o sexual.

El Ministerio de Educación asigna por año alrededor de 3.500 millones de pesos a subsidiar en diferentes proporciones los salarios del personal docente de establecimientos privados, que en toda la provincia suma unos 28.000 trabajadores.

Battaíno lamentó las cesantías acaecidas y pidió para el futuro que los colegios acudan al Ministerio antes de proceder con un despido. “Es que podemos intervenir y hacernos cargo de la situación, reubicando al docente dentro del sistema, viendo alternativas. El problema es que cuando lo despiden, deja de pertenecer al sistema educativo y entonces ya es complicado solucionar la situación”, explicó.

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